El próximo 1 de abril debe entrar vigencia la Reforma Laboral que fuera aprobada en agosto pasado por el Congreso tras casi dos años de ardua tramitación. Sin embargo, la legislación promete seguir dando dolores de cabeza al Gobierno ya que los estudios encargados por la Dirección del Trabajo para definir los servicios mínimos de una empresa durante la huelga, no han sido presentados.

De hecho, sólo dos de los 19 informes licitados han sido adjudicados, generando la falta de insumos sobre el tema a menos de tres meses que entre en vigor la ley, razón por la cual el Gobierno ya estaría barajando la opción que sean incluso personas naturales las que hagan estos informes, lo que enciende las alarmas entre expertos y trabajadores frente a la posibilidad que sean asesores pagados por las empresas los que hagan estos estudios.

El abogado laboralista de la UDP José Luis Ugarte señaló, en primer término, que “fruto de la improvisación total del Gobierno en materia de la reforma, el gobierno creó esta especie de entelequia normativa” que son los servicios mínimos, a los cuales trató de darle la “apariencia de seriedad técnica por la vía de estos famosos estudios”.

Por esta razón, y dada la cercanía de los tiempos para que empiece a regir la reforma, Ugarte sostiene que frente a la ausencia de criterios técnicos para definir los servicios mínimos, primarán criterios políticos del momento: “Por lo tanto estamos frente a otro fiasco de la reforma, que además va a perjudicar a los trabajadores”, aseguró.

“Como no hay informes públicos que sean objetivos e imparciales, lo que va a ejercer influencia sobre las autoridades van a ser los informes pagados, y esos informes privados van a ser, básicamente, las empresas”.

Por esta misma razón, el jurista plantea que se podrá ejercer una “influencia indebida” del mundo empresarial, ya que dichos informes sólo van a poder ser proveídos por las compañías o sus asesores, ya que sólo ellos tienen los recursos para encargar este tipo de estudios.

“Por lo tanto, vamos a tener una institución -tal como se advirtió durante el proceso legislativo- que boicotea el derecho a huelga, como son los servicios mínimos, bajo la influencia empresarial al momento de su determinación. Se están cumpliendo cada uno de los males que advertimos quienes éramos críticos a esto durante el proceso de reforma. Ni siquiera el Gobierno ha podido que se liciten los informes, o sea una condición mínima. Y tal como lo previmos también, esto va a generar una enorme judicialización con los costos de abogados, tribunales que son muy difíciles de costear para el mundo sindical”.

Desde Fundación Sol, el investigador Gonzalo Durán expresó que “sin duda” la falta de una definición de los servicios mínimos va a ser un problema, considerando que desde el 1 de abril entrará en vigor la reforma y desde ese momento entre los trabajadores y el empleador se deberá fijar los servicios mínimos, siendo lo más probable que no se llegue a acuerdo, por lo que será el Estado el que deba intervenir.

“Llama la atención que desde el Estado no se tenga este tipo de información clave para entender la economía, es decir cómo operan las distintas áreas de actividad económica, cuáles son los puntos críticos de eso se tratan los estudios, y eso uno esperaría que ojalá un Ministerio del Trabajo u otra institución del Estado tenga un conocimiento de eso porque si no lo tiene y está pidiendo estudios, entonces difícilmente va a poder entender la realidad de los trabajadores subcontratados, por ejemplo, u otros trabajadores que está en la cadena de precarización”.

Durán señaló que, en el caso que san personas naturales las que hagan estos informes, es el más peligroso de los escenarios ya que, tal como lo expuso José Luis Ugarte, sean las mismas empresas las que provean de estos informes a la Dirección del Trabajo: “Sería poco transparente, poco justo desde el punto de vista sindical”.

Respecto de las cifras sobre trabajo arrojadas por la encuesta Casen 2015, en las cuales queda de manifiesto que sólo un 13 por ciento de los trabajadores forma parte de un sindicato, y que el salario promedio en Chile de 462 mil pesos, José Luis Ugarte es enfático al señalar que la actual Reforma Laboral no generará un incremento de los sueldos, tal como se ha planteado desde el Gobierno.

Esto, porque, por ejemplo, al elevar los quórums de constitución de un sindicato o mantener la estructura de la negociación colectiva, no es posible que los sindicatos y el trabajador pueda incidir de manera relevante en la relación de poder frente al empresario: “Es el Plan Laboral maquillado”.

Mientras que Gonzalo Durán hace énfasis en que la mitad de los trabajadores chilenos, de acuerdo a la misma Casen 2015, gana menos de 300 mil pesos líquidos mensuales, y esa realidad se da, entre otros factores por la falta de poder de los trabajadores al momento de negociar sus condiciones de trabajo.

“Y lamentablemente la Reforma Laboral que va a empezar a implementarse ahora no se hace cargo de ese problema en lo sustantivo. La reforma toca aspectos tangenciales, pero no el corazón de la formación de los salarios en la economía y cuál es ese corazón: por ejemplo, la negociación colectiva por área de actividad económica como sucede en la mayoría delos países de ingreso alto”, concluyó.