El proyecto de ley que prepara el gobierno para regular el ingreso y la situación de los migrantes en Chile vive momentos de definiciones e incertidumbres. Las únicas certezas que se tienen al respecto se deben a la publicación de algunos de los puntos del proyecto a través de la prensa.

Se esperaba que La Moneda ingresara el proyecto hoy lunes 30 de enero, sin embargo, la contingencia nacional tiene al Ejecutivo con la atención en otras áreas por lo que no sería posible asegurar que se concretará como se tenía estipulado.

Los puntos que se abordarían dentro del proyecto contemplan, entre otros, la creación de un Registro Nacional de Extranjeros. En ese contexto, uno de los principales reparos que ha presentado la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile dice relación con el sistemático vínculo que se hace entre la migración y los asuntos de seguridad nacional. Respecto de eso, Rodolfo Noriega, dirigente de la organización, es crítico del punto que deslizaría la opción de elaborar un registro nacional aparte.

“El país no necesita un registro especial de personas en función de su nacionalidad. Tiene un registro capaz, único y suficiente que puede entregar elementos estadísticos para poder hacer planificaciones y cuantificaciones, que es el Registro Civil. Incluso, esa institución registra los antecedentes de todas las personas. Esto es seguir mirando la migración como un problema de seguridad y asociar la migración a la delincuencia. Eso es algo que nosotros no aceptamos”, declaró Noriega.

Desde la Coordinadora, además, han criticado la política que plantea la dependencia de un contrato para acceder a la residencia permanente y hacen un llamado a aclarar las facultades que tendría el departamento de Extranjería y Migración para regularizar la residencia irregular dentro del nuevo marco legal. Finalmente, instan al gobierno a hacerse cargo del tema que dice relación con la existencia de una cárcel exclusivamente para migrantes, ubicada en calle Seminario.

En la misma línea, para Patricia Loreda, directora ejecutiva del Colectivo Sin Fronteras -institución que trabaja por la interculturalidad y la inclusión social de migrantes-, uno de los principales temas que debe ser abordado es el sistema de visa. Actualmente, dice, el proceso de regularización de la migración es torpe y pone una serie de trabas que deben quedar en el pasado.

“El sistema de visa debe ser un sistema que permita facilitar la regularización migratoria. Que no ponga más trabas, porque eso es una garantía que no solo beneficia a los trabajadores migrantes, sino que también pone en condiciones de igualdad a los trabajadores en general. Nos parece fundamental que las personas que han podido hacer un proyecto laboral acá puedan renovar la visa sin problema”, señaló.

Dentro de las organizaciones migrantes existe preocupación en relación a cuáles serán las características de la nueva visa. Para Tatiana Albuja, Vocera del Movimiento de Acción Migrante, la respuesta debiera ir en la orientación de una visa de uso múltiple, pero según afirma, la dirección del proyecto iría en el sentido contrario.

“Si nosotros hablamos de libre movilidad y del derecho a migrar, entonces debe haber un sistema simplificado de visa. Nosotros hemos propuesto una visa de uso múltiple, que para nosotros vendría a promover la regularización migratoria. Aún no hemos visto un sistema que haya incorporado la visa de uso múltiple”, afirmó la dirigente.

Según la perspectiva de los migrantes, el conjunto de beneficios que trae la migración no ha sido visibilizado y temen que las políticas públicas se orienten aún más hacia la restricción. La derecha ha sido explícita en su voluntad por endurecer las medidas sobre los migrantes, sin embargo aún se desconoce el cauce que guiará la nueva ley.

El proyecto debía ser ingresado en diciembre, pero distintas postergaciones le dieron como fecha definitiva el 30 de enero. A pesar de eso, aún no existe la seguridad de que se concretara y existe la alternativa de que se postergue hasta después del receso del Congreso durante febrero.