La designación de la ex ministra Javiera Blanco como miembro cuasi vitalicio del Consejo de Defensa del Estado causó un profundo rechazo en amplios sectores políticos y también entre la clase dirigente del mundo académico y de los medios de comunicación.

Sabiendo que a estas alturas la propia Moneda y la ciudadanía dan ya por finalizado el gobierno, a Michelle Bachelet le parece importar muy poco la avalancha de críticas. Ella misma y su insulso ministro del Interior Mario Fernández han defendido la nominación, argumentando que se trata de una prerrogativa presidencial. En el palacio ya saben que poco importa lo que hagan o no, la popularidad de Bachelet no va a repuntar. Entonces, ¿por qué no ser caradura? Total, la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe lo es aún más.

La diatriba más común por el polémico nombramiento es que se trataría de amiguismo político, de retribuir lealtades. La gestión de Blanco en este segundo gobierno de Bachelet incluyó ser ministra del Trabajo y Previsión Social y, posteriormente, titular de la cartera de Justicia. En ambos ministerios su desempeño fue controvertido. Y en el primer gobierno de Bachelet fue subsecretaria de Carabineros, viniendo de la Fundación Paz Ciudadana, fundada por el dueño de El Mercurio Agustín Edwards. Y tras su paso por esa subsecretaría, en 2010 asumió como directora ejecutiva de esa fundación que el magnate fundó en 1992 tras el secuestro de su hijo Cristián Edwards.

Ahora, esta abogada de la Universidad Católica de 44 años tiene asegurado un puesto excelentemente remunerado en el Consejo de Defensa del Estado (su sueldo bruto será un poco mayor a 7,8 millones de pesos mensuales) hasta que cumpla 75 años, sin impedimentos para cumplir otras labores.

“La designación de Javiera Blanco (…) aparece como una retribución a una lealtad política más que una selección por méritos”, escribió el columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Sin embargo, el foco de la crítica –que se trató de un acto de amiguismo político de Bachelet y de premiar la lealtad– está desenfocado. Después de todo, pocos de los 12 miembros de ese consejo llegaron ahí sólo por sus méritos propios. Basta con recordar el caso de Paulina Veloso. En 2005 el gobierno de Ricardo Lagos la designó consejera de esa organización y un año después fue nombrada por la flamante presidenta Bachelet como ministra Secretaria General de la Presidencia.

Por no recordar que muchos de los consejeros, todos ellos abogados, también siguen ejerciendo en bufetes privados.

Las lealtades políticas –como es el caso de Clara Szczaranski, otro miembro y ex Presidenta del Consejo– siempre han sido un factor a la hora de asignar el apetecido cupo en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Entonces, ¿por qué tanto alboroto ahora?

Y es que hay un factor que pocos analistas han destacado. A pesar de que los nombramientos pueden estar influenciados por simpatías políticas, ese consejo ha ido cumpliendo de manera creciente un papel importante en los grandes escándalos de corrupción y cooptación empresarial del mundo político.

Así, el CDE se hizo parte activa en el caso Soquimich al querellarse en contra de Pablo Longueira por cohecho. Y eso que el actual presidente de ese organismo, Juan Ignacio Piña, fue designado como tal por Sebastián Piñera y además se desempeñó como subsecretario de Justicia de ese gobierno. Y en marzo de 2015, el CDE pidió la prisión preventiva para siete imputados en el caso Penta, entre ellos Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner y Hugo Bravo.

A la luz de esto, ¿cuál podría ser el trasfondo del nombramiento de Javiera Blanco?

Bueno, no hay que ser adivino para saber que los escándalos de corrupción de Brasil han comenzado a salpicar a gran parte de nuestro subcontinente. En Chile la primera víctima fue Marco Enríquez-Ominami. En estos momentos en Perú las platas que, supuestamente, la empresa constructora brasileña Odebrecht habría transferido a la campaña del ex presidente Alejandro Toledo, además de otros connotados políticos, tiene a ese país sumido en investigaciones judiciales y escándalos políticos.

Y hace una semana, pocos días antes del nombramiento de Javiera Blanco al CDE, la revista brasileña Veja reveló que OAS, un conglomerado de empresas constructoras y de ingeniería civil cercano al ex presidente Lula da Silva, habría financiado parte de la campaña presidencial de Michelle Bachelet en 2013.

En octubre del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de Marco Enríquez-Ominami por fraude al fisco en el marco del presunto uso indebido de un avioneta, financiada por empresas brasileñas, que el ex candidato presidencial utilizó durante su campaña de 2013.

Con Javiera Blanco como nueva consejera, ¿se atreverá el CDE a querellarse más adelante en contra de Bachelet en caso de que aumenten las sospechas sobre el financiamiento ilegal de la empresa brasileña OAS a su campaña presidencial?

Dado todo lo que está sucediendo en Brasil, no sería descabellado pensar que la designación de Javiera Blanco –más que a lealtades por servicios prestados– busca ser un cortafuegos para posibles querellas futuras en contra de Michelle Bachelet.