En las últimas semanas estivales es normal que la atención noticiosa se centre en los festivales y sus artistas, también ahora en la alfombra roja por la que desfilan las “celebridades” locales, mientras el mundo político se resta de la primera fila para poder tomar aire antes que asome marzo con la contienda electoral en tierra derecha.

Así, los candidatos definen estrategias, los partidos se lamentan públicamente para ver si consiguen nuevos regalos de Servel para llegar a los ansiados dieciocho mil militantes, y los gobernantes subrogantes dan vocería de todo cuanto parezca importante, nada nuevo en un país donde los escándalos políticos no se toman vacaciones desde hace tres años.

Por eso no sorprende tampoco que la Asociación de Isapres haya escogido febrero para informar que “debido a la situación de la salud pública en Chile” los planes de afiliación al sistema privado volverán a incrementarse, ¿cuándo han dejado de subir? Es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos.

La arremetida de las aseguradoras no es la primera del año, ya en enero entregaron su balance de pérdidas por concepto de judicialización de las alzas. En ese momento, ocuparon El Mercurio, para exigir una reforma que les asegurara las reglas del juego, impidiendo que los usuarios llegaran a la justicia por una suba en el plan. Único cambio que le piden al sistema.

Sin embargo, la reforma de salud no es un tema que la Nueva Mayoría esté dispuesta a enfrentar en su último año de Gobierno. Los parlamentarios oficialistas ya avisaron que no visarán ningún proyecto que no incluya a Fonasa, y desde la comisión que asesoró al Ejecutivo en 2014 confirmaron que no habrían intenciones de una reestructuración completa: las presiones de los dueños de clínicas e Isapres sería una de las razones.

Ante el nulo acuerdo que hay sobre el tema, se usaría la excusa de la acotada agenda legislativa de 2017 para bordear por el lado la reforma de Salud. En el conglomerado de Gobierno ya no quedan fuerzas para seguir enfrentándose y desgastando su credibilidad públicamente, menos en un año donde deben negociar cupos parlamentarios y apoyos presidenciales para ver cómo quedan parados de cara al próximo Gobierno.

En ese contexto, consensuar un proyecto que toque el corazón del problema es un imposible. Así lo revela un ex comisionado, quién asegura que la defensa a los empresarios es tan descarada que podría poner frente a frente a políticos de un mismo partido, algo que a meses de una elección presidencial terminaría por sepultar la credibilidad ciudadana en los moradores de La Moneda.

Los expertos en salud han dicho públicamente que la única solución es crear un plan único de salud con un fondo solidario que permita cubrir las atenciones de más alto costo, de esa forma, poner fin a los cobros indiscriminados a mujeres y ancianos, volviendo un poco más justo el sistema. Sin embargo, esto genera profundo malestar entre los empresarios y quienes los defienden.

A viva voz se ha culpado a Hacienda de bloquear la entrada del proyecto de reforma, pero este no sería el único ministerio que se niega: “Salud se opuso férreamente, porque ahí también resguardan intereses privados”, revelaron desde dentro de la comisión, haciendo alusión a la integración vertical que alcanza a Isapres, clínicas y farmacéuticas. 

¿Y Fonasa? Ni siquiera se discutió en la asesoría. Tal es el desorden del fondo nacional que administra la salud del ochenta por ciento de los chilenos, que sería imposible hacerle un cambio cosmético: El sistema público está en crisis, los gobiernos lo saben y solo dejan correr el tiempo para que la próxima administración se haga cargo. Así ya han pasado veintisiete años.

Con el diagnóstico claro, los diputados repiten el discurso ensayado: “si no se modifica Fonasa junto a las Isapres, no aprobaremos ningún cambio”, sostiene un representante de la Nueva Mayoría que integra el grupo de Salud.

Así, ya podemos aventurarnos al resultado: Doce meses perdidos para la ciudadanía, que verá pasar el año entre promesas de campaña y meas culpa por lo que no se logró. Mientras, las Isapres ajustarán los precios y las personas, categorizadas como meros votantes, tendrán que acudir a los tribunales si no quieren seguir alimentando los bolsillos de las empresas.

Para la red pública de salud todo es aún más oscuro: no hay político que se atreva a comprometer un cambio profundo a la atención, por lo tanto, quedan dos alternativas: mirar por TV cuando estalle la crisis o levantarla como una bandera de lucha, tal vez así, al menos, logremos que alguien más que las Isapres se sume a las voces que exigen un cambio en la atención médica nacional que más que como pacientes, nos ve como clientes.