Uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros; agresiones contra niños, periodistas y observadores de Derechos Humanos; y vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas en La Araucanía, son parte de las conclusiones que Amnistía Internacional reveló en su informe anual.
Según el documento, que analizó la situación de 159 países, en Chile “sigue suscitando preocupación la impunidad tanto por las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el pasado como por las que se siguen cometiendo en la actualidad”.
En este sentido, el texto sostiene que en La Araucanía se vivieron casos dramáticos como el de la machi Francisca Linconao, quien estuvo más de ocho meses en presión preventiva pese a su delicado estado de salud.
La directora del capítulo chileno de la entidad, Ana Piquer, indicó que no se cumplió el debido proceso: “La machi está siendo imputada por un delito grave (caso Luchsinger- Mackay), pero en este momento se le presume inocente y eso es algo que es fundamental no perder de vista. Ahí es donde nuestro cuestionamiento fue la prolongadísima prisión preventiva a la que estuvo sujeta, pese a sus problemas de salud”.
Así, agregó que “el solo hecho de que se tramite de acuerdo a la Ley Antiterrorista ya gatilla puntos de preocupación. Desde hace tiempo que alertamos por el texto de la ley respecto a como define terrorista y como se puede vulnerar estándares al debido proceso. En este caso hay muchos elementos de preocupación que podrían alertar luces de que es un proceso en que no está siguiendo los estándares internacionales de un debido proceso”.
Otro de los casos destacados en el informe es el de Brandon Hernández, joven mapuche que fue baleado en el contexto de un control preventivo de identidad. Para Amnistía Internacional, la principal preocupación fue el actuar policial. Piquer dijo que “a todas luces, producto de la información que tenemos, lo que sucedió es que se trató de una reacción desproporcionada de parte de Carabineros. Ahí el interés radica en que se haga una investigación efectiva de lo que sucedió y si es necesario aplicar sanciones, que se apliquen para que esto no quede en la impunidad más absoluta”.
Por otro lado, Roberto Morales, presidente de Amnistía Internacional- Chile, indicó que hasta ahora las políticas públicas en La Araucanía han ido por el asistencialismo y la represión policial.
“Esto nos parece grave, porque efectivamente hay que hacer un cambio para generar políticas. Hay que hacer esfuerzos por actualizar todas estas legislaciones como la Ley Indígena. Además, la participación política del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios debe ser mucho más importante de lo que ha sido hasta ahora. Hoy no tenemos candidatos que representen a los pueblos originarios y se necesita una mayor presencia política”.
No solo La Araucanía preocupa al organismo. En el informe también se revela la inquietud por los beneficios otorgados a reos de Punta Peuco.
A juicio de Ana Piquer, el rebajar las penas a reos por delitos de lesa humanidad refleja que “no se está dando la importancia que tiene lo terrible que fue lo que estas personas cometieron. Por ende, se deja a las víctimas o a sus familiares con una sensación de impunidad y ahí es donde es preocupante el cómo se utilizan las libertades condicionales”.
También advierten que en el país “se siguieron recibiendo denuncias de uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas. Entre las víctimas figuraban menores de edad, mujeres, periodistas y trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos que actuaban como observadores”.
2016: un año dramático
El documento también constató que 2016 fue un año complejo para la defensa de los DD.HH. Esto, por la retórica ofensiva que desarrolló Estados Unidos y Europa.
Desde Amnistía señalan que “2016 fue un horrible año para los DD.HH., porque se instalaron estos discursos que validan las violaciones a los DD.HH. Discursos de odio, de división, de culpar a comunidades completas por su religión, por su nacionalidad, por su etnia. Entonces, hay una diferencia en el sentido de que ya no sólo se cometen violaciones, sino que además se justifican activamente al punto de cuestionar los fundamentos mismos de los DD.HH.”.
Por otro lado, Roberto Morales manifestó que “en América Latina se recrudeció la violencia y la impunidad. México, El Salvador, Guatemala y Honduras son los países que han generado mayores niveles de violencia”.
El estudio constató 281 asesinatos a defensores y defensoras de Derechos Humanos registrados en 2016 a nivel global, de los que 217 ocurrieron en América Latina. Según el desglose, 85 de los homicidios ocurrieron en Colombia, mientras que otros 58, en Brasil. Asimismo, el documento informó que más del 90 por ciento de las muertes y abusos contra los defensores de los derechos humanos continúan impunes en Honduras. Del mismo modo, señaló que en lo que va de 2017 ya se han asesinado a 14 personas ligadas a organizaciones de DD.HH.
En esta línea, la ONG alertó que durante este año podrían reiterarse e incrementarse los casos de violaciones a los DD.HH. “Si esta situación persiste en 2017, aparecerán también otros en el punto de mira. Las reverberaciones darán lugar a más ataques, perpetrados por motivos de raza, género, nacionalidad y religión. Amnistía Internacional advierte de que en 2017 veremos agravarse las crisis en curso debido a la debilitadora ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en un escenario mundial caótico”, alertaron en su informe.
Nosotros contra ellos
Respecto de la migración, el organismo concluyó que 36 países vulneraron el derecho internacional al devolver a personas refugiadas a sus países de origen.
Frente a este punto, Amnistía Internacional- Chile detalló que en la política migratoria se ha instalado el lema de “nosotros contra ellos”, es decir, países, élites y gobiernos, contra los migrantes. Este es el caso de Estados Unidos, que dentro de sus prioridades ha considerado la deportación de población extranjera.
Sobre Chile, Roberto Morales recalcó que la legislación migratoria es desactualizada desde el punto de la realidad socioeconómica.
“La migración en Chile es un tema económico, por ende, se deben establecer cuáles son los mecanismos para dar seguridad y los soportes necesarios para que la personas que vienen al país puedan incorporarse laboralmente”, dijo.
Del mismo modo, la organización advirtió que hoy Chile debe analizar cuáles son los desafíos legislativos para brindar acceso a la salud, educación y nacionalidad.”Las personas migrantes, incluso las personas que llegan en situación irregular siguen teniendo DD.HH. y eso no puede ponerse en cuestión”, manifestaron desde el organismo.
Los desafíos
Desde la ONG también asumieron que en el análisis del Informe Anual se obviaron temas como la violación a los DD.HH en cárceles o el Sename. Pese a ello, insistieron que de reiterarse los sucesos vividos durante 2016, el estado de los derechos fundamentales podrían deteriorarse de manera constante.
“Incluso los Estados que afirmaban defender derechos en otros países están ahora demasiado ocupados restringiendo los Derechos Humanos internamente como para pedir cuentas a los demás. La comunidad internacional ha respondido ya con un ensordecedor silencio a las incontables atrocidades de 2016, como la transferencia en directo del horror de Alepo, los miles de personas muertas a manos de la policía en la guerra contra las drogas de Filipinas y el uso de armas químicas y los centenares de pueblos quemados en Darfur. La cuestión fundamental que se plantea en 2017 es a qué extremos va a dejar el mundo que lleguen las atrocidades antes tomar medidas contra ellas”, concluyó Amnistía Internacional en su informe.
Proyección de la que Chile no se salva, menos en el contexto en el que se sigue tratando el tema mapuche, sumado a los derechos migrantes, ámbito en el que nuestro país sigue dilatando la solución.
