La tensión entre Chile y Perú aumentaba a medida que se desarrollaba el proceso litigioso entre ambas naciones que buscaba, de parte del país del norte, un nuevo límite en las zonas marítimas de la frontera chileno-peruana.

Mientras duraba la tensión, había alguien que no perdía su tiempo: el Presidente Sebastián Piñera realizaba a esas alturas una importante inversión en la empresa pesquera Exalmar S.A. a través de su sociedad Bancard International Investments Inc., de la cual es controlador.

El magnate ya había invertido en la pesquera extranjera entre los años 2010 y 2011 –periodo en el cual ya había asumido como Presidente-, por lo que dichas inversiones no fueron contempladas dentro del fideicomiso ciego que ejecutó el empresario antes de asumir su mandato. Dicho fideicomiso, por cierto, estuvo a cargo de Bancard.

El 27 de enero de 2014 el tribunal internacional de La Haya publicaba el fallo en el cual determinaba otorgarle 22.000 km de mar patrimonial chileno a Perú. Los peruanos festejaron y, entre ellos, Exalmar –con Piñera como segundo mayor accionista- celebraba una nueva zona pesquera explotable.

La Fiscalía Metropolitana Oriente, a través del fiscal a cargo del caso Manuel Guerra, ha solicitado a la empresa Bancard la entrega voluntaria del intercambio de correos electrónicos entre Nicolás Noguera, su gerente, y Sebastián Piñera Morel, hijo del exgobernante y miembro del directorio de la empresa.

Hoy día, y tras una querella presentada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez en noviembre pasado por uso de información privilegiada y negociación incompatible, se dictaminó que ex Jefe de Estado deberá asistir en calidad de imputado para ser interrogado por la justicia chilena.

La complejidad del caso dice relación con lo difícil que sería comprobar los delitos que se le imputan, a menos de que existan pruebas muy contundentes que expliciten que Piñera conoció el fallo de manera anticipada y que, asimismo, hubiese conocido el destino de las  inversiones de Bancard.

La carpeta investigativa levantaba su secreto ayer jueves 23 de febrero, sin embargo, Matías Ramírez, abogado querellante, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, señaló que el Ministerio Público les facilitará los documentos el lunes a las 9 de la mañana. Será en ese contexto en el que la parte querellante podrá constatar el real aporte de las colaboraciones que Bancard ha entregado a la fiscalía. “Nosotros creemos que para buscar culpabilidades es indispensable el tema de los correos electrónicos. Saber si su hijo o los controladores de Bancard mantenían comunicaciones fluidas con el expresidente respecto de las inversiones o saber si, por su parte, Piñera enviaba información a los controladores de Bancard o sus cercanos dada su calidad de Presidente. Esa es una parte esencial y por eso se ha insistido tanto con el tema de los correos”.

Sobre las aspiraciones de la querella, Ramírez no se pierde: “La querella busca acreditar el uso de información privilegiada por parte del expresidente Sebastián Piñera, particularmente en este negocio con la empresa pesquera Exalmar y acreditar que él tenía pleno conocimiento, no sólo de la inversiones de sus empresas en el extranjero, sino de que además él hacía uso de información que tenía en su calidad de Presidente de la República para guiar esas inversiones personales”.

Las penas asociadas a los delitos de uso de información privilegiada y negociación incompatible van desde los 61 hasta los 541 días de presidio.

• Desde el círculo de Piñera se ha insistido en que esto es una operación política, ¿qué opinas sobre eso?
• Descarto cualquier tipo de operación política. Acá lo que hay es una directriz, durante el mandato de Piñera, que vincula fuertemente al gobierno con empresas. Lo hemos visto no sólo en la Ley Longueira, en donde uno de sus ministros está formalizado, sino que también en SQM con el caso Royalty. Entonces nos damos cuenta de que esa forma de gobernar era liderada precisamente por el expresidente Piñera, quien utilizaba al Estado para su beneficio personal. Yo creo que acá no hay ninguna persecución. Lo que necesitamos es saber la verdad respecto de sus inversiones y sobre si cumplía esta doble militancia como Presidente y como empresario a la vez.

Fue el mismo Andrés Chadwick, primo de Piñera y presidente de Avanza Chile -la fundación del exmandatario-, quien salió a decir que la declaración en calidad de imputado había sido ofrecida voluntariamente por el empresario. Además, el exministro del Interior, aprovechó de subrayar que esta “es una querella que lo único que busca es generar una burda intencionalidad política”.

Sobre eso, y las posibles repercusiones que pueda tener en su imagen política y su hipotética precandidatura presidencial, Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, sostiene que, de comprobarse la práctica irregular del expresidente, la ciudadanía –sensible a estos temas últimamente- castigaría su carrera política: “a la ciudadanía esto le importa mucho. También le importa porque la respuesta del expresidente ha sido orientada hacia que él no tenía conocimiento de las inversiones que se llevaban a cabo. Entonces, si encontráramos pruebas de que él tuvo conocimiento de la manera en que se invertía desde Bancard, se evidenciaría no sólo lo que sucedió con el conflicto de intereses, sino también una mentira flagrante y fraguada del expresidente asegurando que el no tuvo nada que ver.

Llegando en calidad de imputado a marzo, la precandidatura del empresario se pone en jaque. Fue Hernán Larraín, presidente de la UDI, quien el 20 de mayo de 2016 aseguró a través de Twitter que “La UDI no va a postular a ningún candidato que tenga problemas judiciales. Es un compromiso ético”. Las consecuencias de la operación de Bancard podrían reproducirse si se tiene en cuenta que Piñera es, por lejos, la carta más competitiva de Chile Vamos para hacerle el peso a la Nueva Mayoría.

Sobre esta arista, el cientista político de la Universidad del Desarrollo Gonzalo Müller, argumenta en la misma línea de Chadwick: “no debería tener repercusiones en la precandidatura. Llama la atención que cada vez se utilice más a la Fiscalía como una herramienta política. Recordemos que esta es una querella iniciada por el diputado Gutiérrez, por lo tanto debe haber una motivación política. Yo creo que esto no es una limitante para el apoyo de la UDI. Esto habla de una politización de la investigación. Lo que no puede ocurrir es que se pretenda que al candidato mejor aspectado para ser el próximo candidato de Chile sele intente dejar fuera mediante argucias judiciales”.

Así el escenario, aún se desconoce la fecha en la cual el expresidente acuda a dar su declaración. Si afecta o no su decisión de presentarse como candidato a La Moneda será tema en el mes de marzo.