El retraso de las labores de Aguas Andinas para reponer el suministro de agua potable en las treinta y tres comunas que se vieron afectadas desde este domingo en la Región Metropolitana, abre nuevos cuestionamientos a la gestión de esta empresa que controla la producción y el tratamiento de las aguas en la región.

“Chile es el único país del mundo que tiene privatizada tanto las fuentes como las gestiones del agua”, indicó Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y representante del Movimiento por la Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).

Un escenario que tiene sus antecedentes en 1981, cuando se aprobó el Código de Aguas que estableció el carácter privado de los derechos de uso. Luego, en 1998, durante la administración de Eduardo Frei, se promulgó la ley 19.549 que modificó el régimen jurídico de la empresa sanitaria Aguas Andinas para iniciar su privatización.

En esa oportunidad se mantuvo el 30% de la propiedad de uso público, algo que posteriormente, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se liberalizó al mercado al cien por ciento. Finalmente, antes de terminar su mandato, Sebastián Piñera consumó las ventas de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (Esval), de Bío Bío (Essbio), de Los Lagos (Essal) y de Aguas Andinas.

Esta última empresa es controlada en un 50% por el grupo español Agbar, en un 13% por el grupo Luksic a través del Banco Chile y en un 10% por el Banco Itaú, entre otros inversionistas. Cifras que reflejan el negocio de un derecho humano que el Estado de Chile no garantiza.

Los intereses en mercantilizar este recurso, cada vez más escaso, son muchos y transversales entre los sectores políticos. Los vínculos entre las empresas sanitarias y los parlamentarios, también lo son.

Es el caso del senador de la Democracia Cristiana Andrés Zaldívar que, entre 2006 y 2010, recibió por parte de Aguas Andinas 150 unidades de fomento mensuales, es decir, cerca de tres millones y medio de pesos por elaborar un “seguimiento legislativo” para la compañía.

Pese al antecedente, Zaldívar asumirá como presidente de la Cámara Alta en este nuevo año legislativo y su posición respecto de dos proyectos que se comenzarán a tramitar relacionados con las sanitarias, complica a las organizaciones que ya habían advertido sobre este vínculo.

Rodrigo Mundaca advierte el temor que tienen las organizaciones de defensa del territorio por el arribo de Zaldívar:“En el Congreso se inicia la discusión sobre dos temas relacionadas con las sanitarias: el 7% que establece como piso mínimo este porcentaje de rentabilidad, al punto que Aguas Antofagasta ha tenido ganancias de hasta el 22%, y sobre la participación de los ciudadanos en la fijación de tarifas. Entonces, nos preguntamos si en su momento el senador Zaldívar se va a inhabilitar de votar en esta discusión y si se van a dar garantías plenas para salvaguardar el bien común”.

En 2016, Aguas Andinas obtuvo 116  mil millones de pesos de utilidades. Una cifra sostenida al revisar los años anteriores desde que se inició la privatización. Entonces, con tal envergadura de ganancias, ¿cómo se mantienen tantas deficiencias?,  ¿son efectivamente estos recursos reinvertidos en mejoras de la empresa?

Este martes, a través de un comunicado, la entidad informó sobre nuevas obras que de aquí a 2019 permitirían sobrellevar emergencias como la turbiedad de los ríos que llenan las matrices, sin la necesidad de interrumpir el servicio a la ciudadanía.

Sin embargo, los cuestionamientos que plantea Rodrigo Mundaca apuntan a la nula capacidad que ha tenido el Estado de modificar la ley que regula a estas empresas y que sigue manteniendo un piso de rentabilidad del 7%. A su juicio, las autoridades han actuado como unos meros comentaristas de la emergencia.

“Remunicipalizar la gestión del agua”

Maipú es la única comuna del país que tiene una sanitaria cien por ciento municipal. Smapa ha funcionado desde 1950 con gestiones de autoabastecimiento para la producción, el tratamiento y la distribución del agua.

Un modelo que según explicó el abogado de la Fundación Newenko, Felipe Tapia, ha sido mucho más eficiente y que propone la remunicipalización de los recursos, es decir, devolver la gestión al Estado.

Esto podría replicarse en otras comunas a partir de una estrategia de la Asociación de Municipalidades o por un plan provincial, teniendo en cuenta que la  Ley General de Servicios Sanitarios contempla la posibilidad de caducar las concesiones bajo algunos criterios, según precisó el abogado.

“Hay una causal que señala que el Presidente de la República puede directamente caducar una concesión de servicio sanitario si es que las condiciones no corresponden a las exigencias legales o a las exigencias establecidas en el decreto de concesión. Frente a ese punto se podría caducar la concesión a Aguas Andinas. Sin embargo, no hay un proceso establecido para implementar una empresa pública sanitaria. Habría que revisar la normativa, por ejemplo, de Smapa, que nunca se quiso adecuar al sistema de Aguas Andinas”.

Frente a las críticas por la lenta reposición del suministro de agua en la Región Metropolitana, desde Aguas Andinas aseguraron que no hubo tiempo para responder adecuadamente por la rapidez con que se generaron los aluviones en la zona del Cajón del Maipo.

En tanto, desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios informaron que, de buscar algún tipo de compensación a los usuarios que se vieron afectados, tendría que mediar el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para conformar una mesa de trabajo con Aguas Andinas y elaborar una propuesta de indemnización a los clientes.