En los sectores de La Araucanía que el Gobierno ha denominado “conflictivos por el aumento de violencia rural” la estrategia ha sido aumentar la dotación de efectivos policiales. Esto sólo ha generado la vulneración de las comunidades mapuches y de todos los habitantes de la región que constantemente son allanados, interrogados o controlados.

Los más vulnerados sin duda han sido los niños y niñas mapuches que no sólo han crecido presenciado estos hechos, sino que son víctimas de esta violencia. En la comunidad de Temucuicui y de Blanco Lepin se han denunciado casos donde Carabineros acude a las escuelas, retiran a los niños y los interrogan. También, detienen a los furgones escolares cuando circulan por las rutas rurales, bajan a los niños para controlarlos y luego, no los van a dejar a sus lugares de estudios. Estos son relatos que Onésima Lienqueo, educadora intercultural, ha escuchado reiteradas veces.

“La violencia hacia la infancia mapuche es tan antigua como el proceso de usurpación del territorio por los conquistadores. La violencia se ha ido sobrepasando, sabiendo que hay casos denunciados desde 2000 en adelante. Por ejemplo, una semana después que a Brandon le dispararon, detuvieron a dos comuneras. En medio estaba su hija de quince años que fue encañonada. Hace un mes atrás pasó lo mismo con una madre y sus dos hijas, una de ellas de ocho meses”, comenta Onésima, quien también integra la Red por la Infancia en el Wallmapu.

Para la educadora “el Estado tiene una gran deuda en materia de infancia”, lo que se profundiza aún más si se trata de niños mapuches. “Esta situación es un motivo de doble discriminación y vulneración”, dice.

Este arbitrario accionar de las policías ha quedado documentado en sentencias de la Corte Suprema donde advierten que no se están cumpliendo los protocolos en La Araucanía.

Los recursos de protección que han presentado las comunidades han sido acogidos por los tribunales, pero en la práctica han quedado sin cumplimiento. En este sentido, Huenulef Millao, licenciado en ciencias jurídicas e integrante de esta Red por la Infancia en el Wallmapu señala que Carabineros está actuando al margen del estado de derecho.

“De alguna manera los recursos legales pueden tener acogida en tribunales, pero Carabineros hacer caso omiso y eso evidencia que las policías no están teniendo sujeción a la ley ni a las autoridades políticas. Es decir, el principal agente que están interviniendo en estas zonas se encuentran al margen del estado de derecho”, afirma.

Los casos 

En octubre pasado, Lorenza Cayuhan dio a luz engrillada en el Sanatorio Alemán de Concepción y, luego de cuatro meses de permanecer en este lugar, la Corte de Apelaciones de esa ciudad resolvió que deberá reingresar al penal Arauco junto a su hija Sayen.

Pese al voto contrario de una ministra que apeló a la Convención de Derechos del Niño, el tribunal ordenó que cumpliera su pena por robo con intimidación en este centro penitenciario. Su defensa y el Instituto de Derechos Humanos (INDH) ingresaron un recurso para que la mujer sea trasladada junto a su hija al Centro de Estudio y Trabajo de Punta Parra, de acuerdo al informe hecho por el Colegio Médico que ratificaba que la cárcel no cumplía con las condiciones mínimas para mantener a una recién nacida.

Este caso dejó claro que en Chile los derechos de protección a la maternidad y al nacimiento libre quedaron olvidados.

En tanto, la violencia ejercida contra el joven de diecisiete años, Brandon Hernández Huentecol, en Curaco, Collipulli, remeció a todas las comunidades por la gravedad de los hechos. Fueron más de ciento cuarenta perdigones que el comunero recibió en su cuerpo y que lo mantuvieron dos meses internado en la Clínica Alemana de Temuco.

Se apunta como responsable al sargento segundo de Carabineros Cristián Rivera, lo que está siendo investigado por el fiscal adjunto del Ministerio Público en Angol, Nelson Moreno.

Los primeros días de febrero pasado se realizó la primera reconstitución de escena de estos hechos con la presencia del padre del joven, los abogados querellantes y el Instituto de Derechos Humanos (INDH). Mientras, el próximo martes se realizará la segunda diligencia de este tipo que contará con la presencia de Brandon, testigos civiles y carabineros.

La madre del comunero, Ada Huentecol, asegura que con esto se desmentirán muchas versiones erróneas que han circulado por medios de prensa y que han vinculado el hecho con un “enfrentamiento”.

Respecto del caso de Brandon, la Red de Defensa a la Infancia Wallmapu emitió un comunicado rechazando el tratamiento que se hizo del caso en el reportaje de La Tercera titulado Los contradictorios testimonios sobre el disparo que recibió el joven en la IX región el 24 de febrero.

A juicio de la organización, este artículo “aborda superficialmente la información acerca de las reales características de un balín de goma, sin ir más allá, un balín de similares características asesino a otro joven mapuche de 17 años llamado Alex Lemun, a manos de la misma institución hace unos años atrás”.

Sin embargo, los hostigamientos de Carabineros no han cesado en ese sector. Ada Huentecol asegura han vuelto al lugar varias veces pese temor que infunde tanto en Brandon como en su hermano de trece años que también estuvo involucrado en los hechos. “Son actitudes intencionales”, manifiesta Ada.

“Se paran afuera de la carretera a tomar partes y yo digo por qué no se van unos kilómetros más allá para que mis hijos no los vean sabiendo el daño que le hicieron a Brandon. Hay secuelas psicológicas. Si fuera realmente para protegernos, los dejaríamos entrar, pero sólo vienen a molestarnos. Estamos decepcionados y no creemos nada en esta institución”, recalca.

Otra situación que las comunidades han denunciado se trata del cierre de escuelas rurales para convertirlos en cuarteles de Carabineros. Esto, producto del aumento de efectivos en la región. Mientras, otras han sido cerradas por los constantes allanamientos que se dan en sectores aledaños.

Bajo este contexto, la Red convocó a una marcha para el próximo viernes 17 de marzo, en Temuco, para visibilizar la violencia que afecta a los niños y niñas del pueblo Mapuche y exigir la desmilitarización del territorio.