Este lunes la Presidenta Michelle Bachelet viajó hasta la región de La Araucanía para iniciar oficialmente el año escolar. Junto a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, visitaron una nueva escuela de la comuna de Teodoro Schmidt y compartieron con los estudiantes beneficiados con la gratuidad escolar.

La presidenta hizo anuncios en materia educacional y se refirió a los primeros resultados de la ley de inclusión, de programas de infraestructura, la ley de carrera docente, entre otras. Pero no hubo ninguna mención sobre la situación de violencia en la región y los casos judiciales que siguen en curso, pese a que para este martes está fijada una nueva diligencia en el caso del joven mapuche Brandon Hernández Huentecol, quien recibió un balazo por parte de un efectivo de Carabineros. A partir de las 9 de la mañana se realizará la segunda reconstitución de escena en la ruta R- 49 que une Curaco con Collipulli, en la región de La Araucanía.

Se apunta como autor del disparo al sargento segundo de Carabineros, Christián Rivera Silva, lo que es investigado por el fiscal de Angol, Nelson Moreno.

En esta oportunidad  Brandon prestará su declaración junto a testigos civiles y también estará presente un perito balístico que revisará las condiciones en que se encontraba el arma que percutó el carabinero.

Sin embargo, la semana pasada los abogados del caso tuvieron acceso a la carpeta investigativa donde se conocieron antecedentes relevantes para el curso que podría seguir esta indagatoria.

Se trata de una causa anterior por la que fue condenado Rivera por la fiscalía militar.Los hechos se remiten a 2014  cuando el carabinero disparó un arma contra su par Luis Ortiz Luengo, estando en la comisaría de Los Ángeles.

En esa oportunidad, el fiscal militar Cristopher Marchant señaló que este carabinero habría disparado negligentemente su arma de fuego en medio de un procedimiento, precisando que correspondía a un revólver institucional marca Taurus.

Si bien no se pudo constar el uso de violencia material, sí quedó consignado como una negligencia en contexto de violencia innecesaria. Por este tiro que a Rivera “se le escapó” fue condenado, en 2016, por cuasidelito menos grave y debió pagar una multa de 11 Unidades Tributaria, es decir, poco más de 500 mil pesos.

Sumado a esto, figura una denuncia de su esposa por violencia intrafamiliar con amenazas de muerte, ingresada en noviembre de 2016.

La abogada querellante Manuela Royo afirmó que existe una responsabilidad institucional por dejar que una persona con este historial siga portando armas. Es decir, se reconoce a una persona que con anterioridad ha registrado conductas violentas y que sigue realizando controles comunes.

“Una persona que ya tiene una condena en la Fiscalía Militar y que es denunciada por su propia familia da cuenta que tiene algún problema de control de impulsos y de control de sí mismo. Aquí hay un problema grave de responsabilidad estatal y de Carabineros por estos hechos”.

Considerando que Rivera anteriormente fue juzgado bajo la justicia militar estos antecedentes no figuran en los expedientes que manejaba el persecutor a cargo, Nelson Moreno. Sin embargo, ya serían de su conocimiento.

De acuerdo a esto, Rivera ya no tendría irreprochable conducta lo que debe ser considerado a la hora de recibir una condena, afirmó la abogada. “Lo cierto es que esto agrava mucho más la situación, porque no es una persona con una conducta irreprochable, es más podemos hablar de una persona reincidente en este tipo de hechos”.

Recordemos que fueron más de ciento cuarenta perdigones que Brandon recibió en su cuerpo a causa de este disparo. Los hechos ocurrieron en diciembre pasado y ha tenido gran repercusión entre las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

El Instituto de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal acusando homicidio frustrado, considerando que el joven de diecisiete años recibió un disparo a quemarropa. En esa oportunidad se solicitaron diligencias como obtener registros de audios y video del procedimiento, también solicitaron que se citara a declarar a las personas sujetas a este control en la ruta.