Este lunes el Tribunal de Garantía de Rancagua se declaró competente para revisar la arista sobre estafa por la que se encuentra imputada la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y su socio Mauricio Valero, en el caso Caval.

Esto, a raíz de la querella presentada por el empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha, quien  suscribió un contrato con Caval para obtener ocho informes mineros. Sin embargo, los documentos solicitados habrían sido falsificados y copiados de la Comisión Nacional del Cobre (Cochilco).

El abogado de Compagnon, Antonio Garafulic, apuntó a que los hechos  tuvieron lugar en la Región Metropolitana, en la oficina de Caval ubicada en Providencia, y no en la de O’Higgins, por lo tanto tendría que modificarse la jurisdicción de la causa.

Sin embargo, la jueza Andrea Urbina señaló que, de acuerdo a las declaraciones, Natalia Compagnon se trasladó a Rancagua para entregar estos informes en las oficinas de Graneles S.A, y los pagos también se realizaron desde esta ciudad. Por lo tanto, el principio de la estafa se concreta en estas dependencias. “Se estima que en la audiencia la defensa no presentó antecedentes donde el tribunal pudiera valorar sus argumentaciones y que permitiesen estimar que las primeras tratativas hubieran ocurrido en la oficina de Providencia, en la Región Metropolitana”, señaló Urbina.

Además, la jueza precisó los hechos que habrían configurado el delito de estafa a través de la falsificación de documentos, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía. “En relación a los servicios de asesorías en el área de minería, los socios de Caval imputados en esta causa, habrían entregado ocho informes a la víctimas el señor Vial Concha que fueron presentados como trabajos originales pero que correspondían a documentos elaborados por el centro de estudios de Cochilco y que se mantenían publicados en internet no siendo facilitados por sus autores para su uso y reproducción”, detalló.

La respuesta a la solicitud de incompetencia que presentó la defensa de Compagnon se estableció el viernes 17 de marzo cuando se desarrolló la audiencia de cierre de la investigación en el tribunal.

Durante esa jornada la magistrada decidió ampliar el plazo de investigación por ochenta días a solicitud de los abogados intervinientes en la arista Saydex.

Sobre esto último, se imputan delitos de cohecho y soborno al ex director regional del Servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora, por pagos realizados por Mauricio Valero con el fin que la empresa Saydex se adjudicara la licitación de servicios informáticos de los hospitales de Maipú y San Borja, además de la ex Posta Central.

En la querella del Consejo de Defensa del Estado se indica que “operó como una triangulación de pagos donde Caval canceló a Inversiones Lo Beltrán, quienes emitían una factura que a su vez pagaba una coima a Nibaldo Mora”. El monto cancelado por Valero a Mora asciende a 32 millones de pesos.