“Nuestro país no tiene un problema de recursos públicos, lo que nos falta es aprender a gastar bien esos recursos”. De esta manera el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez introducía en la ceremonia de conmemoración de los 90 años de la entidad, el tema que fue motivo de una denuncia ante la Fiscalía: las anomalías detectadas respecto de cinco jefes de finanzas de servicios estatales.

Entre los organismos que se encuentran en la lupa de Contraloría –y a partir de hoy, del Ministerio Público- están el ministerio de Obras Públicas, y la subsecretaría de Desarrollo Regional, dependiente del ministerio del Interior.

Según explicó el jefe del órgano fiscalizador, Jorge Bermúdez, estas auditorías se realizaron durante dos semanas cruzando información a partir de las declaraciones de intereses de algunos funcionarios públicos.

Esto, ya que a partir de la puesta en marcha de la Ley sobre la Probidad de la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, -la que forma parte de la agenda de Probidad y Transparencia del Ejecutivo- la Contraloría posee nuevas facultades fiscalizadoras a partir de la declaración de intereses que todo funcionario público debe realizar antes del 31 de marzo.

En ese sentido, Bermúdez explicó que los antecedentes entregados a la Fiscalía corresponden sólo a “un anticipo” y que no se descarta puedan aparecer más casos similares.

“Esto que hicimos ahora fue una especie de anticipo, precisamente seleccionando los servicios públicos en donde hay grandes cantidades de patrimonio púbico que se está invirtiendo y por lo tanto ese fue un primer barrido. Por lo tanto, servicios públicos que no tienen gran cantidad de patrimonio en comparación a otros, evidentemente no han sido objeto de este estudio todavía”, dijo.

En relación a la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott anunció la designación del fiscal Raúl Guzmán para que encabece las pesquisas que buscarán determinar la existencia del delito de negociación incompatible.

“Recién hemos entregado los antecedentes, le corresponderá (darlos a conocer) al fiscal a cargo de la investigación (…) se hacía fácil prever que en el futuro puedan aparecer otros casos”, apuntó Abbott.

Una de las carteras que estaría involucrada en estas irregularidades es el ministerio de Obras Públicas. En ese sentido, el titular del ramo, Alberto Undurraga, pidió individualizar a los funcionarios implicados, para no afectar a los cerca de 130 jefes de finanzas que posee la secretaría de Estado.

“Entiendo que se trataría de una funcionaria cuyo cónyuge tendría una empresa que le presta servicio al Estado. Por lo tanto, lo que queremos es que se individualice el caso específico de manera tal que se concentre la atención en la persona que está denunciada y no en el conjunto de personas que trabaja en el ministerio”, señaló Undurraga.

Desde el Gobierno el ministro del Interior y actual vicepresidente de la República, Mario Fernández, destacó que estos hechos fueran develados a raíz de una legislación impulsada por esta administración.

Mientras, en la oposición, el jefe de bancada de la UDI, Felipe Ward señaló que las irregularidades detectadas “reflejan la falta de control absoluto por parte del Gobierno” y anunció que iniciarán “todas las acciones de fiscalización que estén a nuestro alcance, como determinar si existen vínculos familiares o de cualquier otro tipo, y quién nombró a las personas en dichos cargos, con especial atención en los ministerios cuestionados”.

En relación a posibles acciones penales desde Contraloría aseguraron que esperarán conocer la determinación del Consejo de Defensa del Estado, ya que “ellos son los primeros que deben hacerlo”.