El pasado viernes se llevó a cabo la preparación del juicio oral del caso Luchsinger Mackay que se encontraba suspendido desde el 21 de diciembre. Sin embargo, luego de que se informara sobre la pérdida de una de las pruebas claves del caso, la jueza del Juzgado de Garantía de Temuco, Alejandra García Bocaz, volvió a prorrogar la audiencia y estableció un plazo de diez días para que la Fiscalía recupere el informe extraviado.

De acuerdo a lo señalado, la prueba corresponde a la declaración de Alejandro Rivera Solis, cabo segundo de Carabineros, quien se encontraba de punto fijo en el sector Palermo Chico, lugar por donde habrían transitado los inculpados el día del ataque incendiario que terminó con la vida del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, en su fundo de la comuna de Vilcún en enero de 2013.

Según el testimonio del cabo Rivera, por el lugar habría pasado una camioneta blanca, relato que no coincide con lo señalado por José Peralino Huinca, testigo clave del caso, quien declaró ante la Fiscalía y la PDI, que los vehículos utilizados fueron tres camionetas oscuras.

Respecto de la pérdida del testimonio de Alejandro Rivera, el Ministerio Público explicó durante la audiencia, que esta se habría producido porque la prueba se encontraba almacenada en un computador de la comisaría de Padre Las Casas que fue formateado.

Para la defensa, la prueba extraviada es muy importante dentro del caso, ya que contradice los dichos de Peralino, uno de los 11 imputados, cuyo relato no solo generó la formalización de los sospechosos, sino también ha permitido la extensión de sus medidas cautelares por más de un año.

Manuela Royo, abogada defensora de la familia Catrilaf, explicó que estas nuevas versiones sobre los hechos posibilitan que se consideren otros antecedentes plausibles para la causa. En tanto, sobre la explicación que esgrimió la fiscalía por el extravío de los documentos indicó que le “parece inverosímil considerando la capacidad y tecnología que posee tanto el Ministerio Público como la Policía de Investigaciones”.

Además, la jurista manifestó que desde que comenzó el juicio ha existido una omisión de diversos antecedentes, entre los que se encuentra esta declaración perdida que fue solicitada por la defensa en diciembre del año pasado. Esta dilatación en la entrega de información ha contribuido a que el juicio se suspenda en más de una ocasión. “En el fondo cualquier aplazamiento de la causa, ya sea porque los querellantes no pueden asistir a las audiencias o porque no se han dispuesto las pruebas, se traduce en la extensión de prisión preventiva, lo cual es súper grave. El 2014 el Estado chileno ya fue condenado por estas mismas prácticas”.

La abogada agregó que desde la defensa pedirán el sobreseimiento temporal de la causa si es que no se entrega la prueba perdida durante el plazo de diez días que fijó la jueza para la postergación de la preparación del juicio.

Medidas cautelares como condenas anticipadas

Ingrid Conejeros, vocera de la machi Francisca Linconao, enfatizó en que lo que está ocurriendo es grave porque se está jugando con la vida y la libertad de personas que no han sido declaradas culpables. “Es un juego macabro que está llevando adelante la Fiscalía junto con el Gobierno y los querellantes, que son los Luchsinger. En el fondo lo que han intentado hacer es extender de forma ilimitada estas prisiones que son un castigo para personas que son inocentes”.

La vocera agregó que, a pesar de estar en recluida en su casa, el estado de salud de la machi todavía está muy debilitado y que “solo mejorará cuando todo el proceso culmine”. En ese sentido, hizo un llamado a las personas que están observando el juicio a que denuncien la violencia que existe en La Araucanía, ya que “es importante que se muestre a nivel internacional lo que ocurre en territorio mapuche”.

Por su parte, Manuela Royo, acusó que las medidas cautelares impuestas para los imputados corresponden a una condena anticipada que se ha fijado por presiones políticas, que se ha justificado en la falta de diligencia de la Policía de Investigaciones (PDI). “Lo que ocurre es que aun cuando no hay ningún antecedente serio para poder condenar a los acusados y teniendo certeza de que serán absueltos, el castigo que se hace es una prisión preventiva que, en vez de ser una medida cautelar, termina siendo una pena anticipada para tener personas presas durante un tiempo”.

Desde la defensa recordaron que por el momento la única prueba que permite que los inculpados se encuentren con medidas cautelares es la declaración de José Peralino, uno de los 11 imputados, la cual fue cuestionada por él mismo cuando denunció presiones de la PDI al inicio del juicio.