En el país hay 101 cuencas hidrográficas, de las cuales 75, entre el 2008 y 2015, se han decretado con escasez. Esta es la realidad de Chile, un territorio que se encuentra en una profunda crisis hídrica que busca un respiro.

El actual Código de Aguas “fue creado en un contexto agrícola, con una visión extractivista en la que Chile se perfilaba como un banco de recursos naturales para el mundo, y sumado a esto, en el momento de su creación se comenzaba con la imposición constitucional de uno de los modelos neoliberales más feroces de Latinoamérica”, comenta preocupada por el futuro del país, Pamela Poo, cientista política que se ha dedicado desde 2014 a estudiar el proceso de reforma que vive nuestro país en esta materia.

Desentramar el por qué la reforma al obsoleto Código se ha retrasado tanto, se vuelve un ejercicio que se podría hacer con el modelo de AFP, salud, educación y vivienda. En estricto rigor, nos remite al mismo inicio, la Constitución de la dictadura, que se generó sobre la base de una privatización de todos los recursos y servicios del país.

La reforma o la muerte

Mientras en el Congreso la iniciativa de reforma al Código de Aguas se encuentra en segundo trámite, la situación de localidades como Petorca, La Ligua y el norte grande de Chile empeora y dificultan la vida de sus habitantes.

Según plantea Pamela Poo, “la reforma que se está planteando genera condiciones mínimas para que Chile pueda sobrevivir, ya que de seguir en la misma lógica es posible que en 20 años se devasten ciudades completas y que el territorio no sea apto para habitar”.

Por lo mismo, esta reforma plantea que debe primar el derecho humano al agua, algo que parece ser una reflexión lógica que hoy tiene discusión. Incluso, la nueva legislación que plantea el Ejecutivo como uno de sus bonos, no cambia en nada el carácter privado y mercantil de las aguas.

“En lugares como Antofagasta, el 70 por ciento de los derechos de aguas pertenecen a la gran minería, lo que no permite gestionar el agua. Esto explica el que las cuencas hídricas de Chile no tengan control del uso ni menos sepamos quiénes son los dueños de los derechos”, profundiza Pamela Poo, mientras explica los aspectos que esta nueva legislación plantea como reforma.

Que los derechos de agua sean privados impide al Estado tener un rol activo dentro de la fiscalización, gestión y control de las aguas que se utilizan en las diferentes cuencas hidrográficas. Aspecto que lo mantiene como un poder pasivo frente a la acción de los privados que utilizan su propiedad de derechos para gestionar, según sus intereses y en desmedro de las comunidades, quienes en diferentes lugares de Chile deben recibir el recurso vital por medio de camiones aljibes, generando un escenario crítico un nuevo mercado del agua.

El que el Estado haya perdido su rol de gestionar las aguas es lo que mantiene a buena parte del país en una emergencia, la que puede ser cada vez más compleja si esta situación no cambia. Incluso hoy las aguas de la Patagonia, una de las reservas hídricas mundiales, están en manos italianas, ya que la empresa ENEL maneja gran parte de los derechos de dichas cuencas hídricas.

Por otra parte, la reforma plantea que los derechos que se otorgarán ya no funcionarán en la lógica de entrega gratuita y a perpetuidad, sino que solo serán entregados por periodos de 20 a 30 años. Sin embargo, esta reglamentación no será retroactiva, por lo que el espacio para gestionar en este sentido se reduce solo al 10 por ciento que son los derechos que aún se encuentran disponibles para entregar.

En este sentido, el mercado de los derechos de agua seguirá estable para las empresas mineras y las grandes agropecuarias que no serán movidas de su estado de confort, ya que les permite explotar desmedidamente las cuencas hídricas que significan el sustento para miles de chilenos.

Gobernanza del agua

 Conscientes del carácter privado de las aguas y del mercado de los derechos que impera en Chile, ¿por qué no expropiar estos derechos y regresarlos al Estado y gestionarlos desde ahí?

Pamela Poo responde que esto incluso podría atentar contra la democracia, ya que las familias que actualmente tienen el poder económico en nuestro territorio son también quienes controlan este recurso. El estrecho vínculo de las autoridades con estos grupos impide un cambio drástico, ya que siempre está el temor a repetir el contexto histórico que buscó estatizar y que terminó en una brutal dictadura.

¿Qué es necesario hacer en este contexto?

Según plantea Carl Bauer, profesor de política hídrica en la Escuela de Geografía y Desarrollo de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y uno de los pocos teóricos que ha analizado históricamente la escasez hídrica de Chile y en especial el Código de Aguas, explica que es necesario mejorar la gobernanza, concepto que lo explica diciendo que “la gobernanza incluye a los actores sociales, movimientos y autoridades. Esto como forma de gestionar el territorio y las cuencas en sus diversos usos. Asimismo, plantea que la palabra gobernanza, que se comenzó a utilizar recién en los años 90, abrió el campo a la integración de actores sociales en el debate frente al agua”.

En el mismo sentido, Pamela Poo, indica que el contexto de la gobernanza se ve dañado, ya que en Chile la situación de los movimientos sociales solo está determinada por la emergencia sobre la base de conflictos particulares lo que va en desmedro de producir un diálogo constante entre las partes involucradas en la toma de decisiones en las diversas cuencas de nuestro país”.

Por otra parte, las ONG que aportan en la comprensión de los fenómenos sociales, cuentan con recursos acotados y que generalmente precarizan las condiciones laborales de quienes ahí ejercen, lo que también deja en muy mal pie a estos grupos como negociadores dentro de una relación público- privada- comunitaria.

 En este sentido, Carl Bauer plantea que “la gran diferencia que tiene Chile respecto de los modelos australianos y los del oeste de Estados Unidos, dos territorios con condiciones similares de escasez hídrica, es que en ambos casos el rol del estado es bastante más grande y la potestad regulatoria legal constitucional por parte de Australia y de los estados del oeste de EE.UU es notablemente mayor que en el caso chileno.

“Creo que esa es la gran lección, conociendo bien los otros casos. Ninguno de ellos, para bien o para mal, podría funcionar sin mayor intervención del estado, es algo que se acepta en el funcionamiento de los mercados en ambos países”.

El modelo australiano, donde se generó una innovación frente al modelo de derechos privados del agua, fue que el derecho para ellos no es absoluto, sino que depende de la disponibilidad del recurso, es decir, que no es que se hayan expropiado los derechos, sino que los derechos dependen de la disponibilidad que realmente existen. Es una asignación más que un derecho absoluto, ya que las inversiones están asociadas a medir, a manejar el agua, a diseñar modelos que permitan entender cuánta agua vamos a tener disponibles.

En Chile, como no se sabe quiénes son los dueños de los derechos, menos se sabe cuánta agua hay en cada cuenca, por lo mismo, es imposible gestionar un recurso que no se sabe en qué volumen se maneja. Por lo mismo, se hace fundamental comprender el tema del agua como un desarrollo a largo plazo dentro de los diferentes territorios y de esa manera limitar, gestionar y administrar este recurso.