Los cuatro senadores y diez diputados de la Región de La Araucanía crearon una comisión prelegislativa que buscará  apoyar al Gobierno en la creación  de una política de Estado para el territorio, mediante lo que se ha denominado como “Ley Araucanía”, también propuesta por la Comisión Asesora Presidencial en la zona.

El objetivo de los parlamentarios sería entregar un borrador de lo trabajado antes de que la presidenta Michelle Bachelet comunique su última cuenta pública.

De acuerdo a lo señalado por el senador Jaime Quintana, la instancia es una especie de bancada transversal que reúne distintas sensibilidades para trabajar principalmente el tema referido al presupuesto de la Región, que presenta zonas con carencias económicas.  El senador del Partido por la Democracia agregó que este esfuerzo por generar una ley especial “no desconoce la condición de multiculturalidad que presenta el territorio, lo cual significa adentrarse en problemas de origen histórico que requieren una solución política”.

En tanto, el diputado democratacristiano Mario Venegas explicó que una legislación especial para la Araucanía sería una herramienta para ayudar a la Región a solucionar sus problemas y recibir otro trato desde el Estado. En este sentido, se apuntaría a recoger los principios que se utilizan desde las políticas públicas en zonas aisladas, como Arica o Magallanes.

Según lo comentado por Venegas, la situación que se vive en la zona es extrema debido a la pobreza y la desigualdad que existe no solo respecto a otros territorios, sino también en su interior. “Esto amerita que el Estado tenga un trato distinto, por eso decimos que una herramienta podría ser una ley especial para La Araucanía”.

Para el diputado, la legislación que buscan concretar debe ser urgente por lo que no espera que con ella se resuelvan todos los problemas que existen en la Región. De este modo, los ejes centrales del instrumento que desarrollarán serán primordialmente económicos. Algunas de las áreas mencionadas por el parlamentario son: políticas de estímulo para la  inversión pública y privada, repartición de recursos y desarrollo productivo.

Autodeterminación económica 

Richard Cailaf, representante de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama y ex miembro de la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía, advirtió que antes de cualquier política se debe partir por un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que implique autodeterminación y la construcción de un país plurinacional. “Tiene que haber un principio de autodeterminación que nos otorgue el derecho a escoger nuestras propias prioridades en lo que concierne a nuestro desarrollo económico. Un desarrollo sin identidad, desconectado de la base política que tiene que estar en la Constitución, es simplemente asistencialismo y no se condice con la demanda de los pueblos originarios, en este caso del mapuche”.

Por su parte, Rodrigo Curipán, werkén (mensajero, vocero) del Lof Rankilko de Ercilla, enfatizó en que más allá de un reconocimiento constitucional, es importante que el Estado conozca y valide otros modelos de desarrollo. “Una de las bases tiene que ver con un tema político, que se entienda que las comunidades tienen un modelo económico que es completamente distinto del que se intenta imponer mediante las instituciones públicas y privadas. Eso significa conocer mecanismos de producción que no están en línea con ningún programa asistencialista del Estado”.

El werkén de la comunidad comentó que se tienen que tomar en cuenta iniciativas de desarrollo que terminen con el modelo forestal que se impone en la Región, el cual ha dañado, contaminado y secado los suelos. Es importante mencionar que la industria de pinos y eucaliptos genera empleos precarios y agudiza la pobreza del territorio.

Curipán explicó que las comunidades que actualmente han logrado resistir a un modelo económico hostil, lo han hecho porque existe un sistema productivo que depende únicamente del esfuerzo y capacidad colectiva que tienen estas agrupaciones. “Hemos desarrollado con nuestros propios medios un modelo de producción ganadera, agrícola y maderero. En la zona de Ercilla, por ejemplo, se ha llevado a cabo un trabajo de abastecimiento de hortalizas para las ciudades más cercanas y eso se ha logrado principalmente con producción e inversión propia. Tenemos claridad de cuál es el desarrollo productivo que nos da sustentabilidad”.

Siguiendo con lo anterior, agrega que desde el Estado se les sigue viendo como “comunidades a las que tienen que asistir, preparar, educar y formar, para recién tener un diálogo en igualdad de condiciones. Bajo esa perspectiva nunca van a lograr algo, tienen que valorar a los interlocutores que tienen al frente”.

Según lo indicado por los parlamentarios que buscan impulsar la Ley Araucanía, sus reuniones están directamente vinculadas al trabajo de la Comisión creada por la presidenta Michelle Bachelet en la Región.

Comisión Presidencial para La Araucanía

En julio de 2016 la Mandataria ordenó la constitución de un grupo que congregara a distintos actores para establecer una propuesta de trabajo que diera respuestas a los problemas de la zona. De este modo, se creó la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía, que fue encabezada por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, y conformada por artistas, académicos, representantes del  empresariado y del mundo mapuche. Sin embargo, desde un comienzo generó críticas por la poca participación de las comunidades indígenas.

Las propuestas del informe que la Comisión entregó en enero a la Presidenta estuvieron enmarcadas en ámbitos como la paz, interculturalidad, desarrollo y equidad. No obstante, Richard Cailaf es crítico con este trabajo.

Según lo señalado por el abogado que renunció a la Comisión antes de que esta diera cuenta de su labor, el gran error del informe fue eliminar el ámbito plurinacional, cuando, de acuerdo a sus palabras, dicho aspecto había sido acordado por la mayoría de los miembros que formaban este grupo. “Yo renuncié porque (la Comisión) sucumbió a las presiones de los gremios para excluir en el último minuto la frase de reconocimiento de un Estado unitario plurinacional y descentralizado”.

Si bien la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a entregar en marzo una propuesta para solucionar los conflictos de la Región, basada en el informe de la Comisión, todavía no se ha pronunciado sobre la materia. Se cree que durante abril realice el esperado anuncio.