Arturo Prado Puga fue el escogido por la Presidenta para integrarse como ministro a la Corte Suprema, mientras que Lya Cabello fue seleccionada para ocupar el cargo de fiscal judicial. Durante horas de esta mañana, ambos candidatos fueron aprobados por la comisión de Constitución del Senado.
Las nominaciones han resultado complejas más allá del ámbito judicial, después de que Diario y Radio Universidad de Chile reveló que ambos nombramientos estaban siendo cuestionados al interior del propio oficialismo por distintas situaciones.
En el caso de Prado Puga, sus vínculos con el Opus Dei, su desempeño de más de una década como fiscal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y su relación con el dueño de ese banco, Luis Enrique Yarur, son algunas de los asuntos que lo complicarían.
Además, Prado Puga se integraría a la Cuarta Sala de la Corte Suprema, encargada de revisar causas laborales, lo que resulta complejo considerando que Prado tendría un “perfil antisdindical”.
En el caso de Lya Cabello, la abogada cercana al Partido Socialista, es hace más de una década pareja del ministro de la Corte Suprema Haroldo Brito, favorito para convertirse en el próximo presidente del Máximo Tribunal.
En ambos casos, la comisión compuesta por los senadores Pedro Araya (IND-DC), Alfonso de Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN), preguntó a los candidatos por los antecedentes que los complicaban.
En el caso de Prado, este negó “tener un perfil antisindical” y desmintió las declaraciones hechas en nuestro medio de comunicación por la vocera del sindicato de trabajadores de BCI, donde se le acusaba de ser parte de una estrategia del empresariado para “seguir teniendo el poder sobre los trabajadores”.
Inhabilidades
En el caso de Lya Cabello, señaló que la Fiscalía Judicial es un organismo independiente de la Corte Suprema, por lo que su situación no debería comprometer ningún conflicto de intereses o ético.
Respecto a este punto, el ministro de Justicia Jaime Campos, presente en la sesión, se refirió a las preguntas que se realizaron y a las eventuales inhabilidades a las que los nominados deberían someterse. “Las inhabilidades están en la ley y, si no están en la ley para mi no existen. Sino entramos en un plano absolutamente relativo”.
Esta declaración está vinculada a un comunicado que habría circulado al interior de la Corte Suprema donde se señalaba que si Lya Cabello era escogida como nueva Fiscal Judicial, podían rechazarla por Toma de razón.
“Si estos fueran cónyuges o convivientes civiles no podrían integrar el mismo tribunal”, asegura el documento. La cuestión, sin embargo, estriba en la manera como se interpreta el artículo 259 del Código Orgánico de Tribunales, si de manera estricta o con un criterio finalista y ontológico, dónde se esperaría que a Lya Cabello no pueda servir el cargo de Fiscal Judicial.
Aseguran que el asunto parece tenerlo resuelto el propio ministro Brito, quien ha votado en contra del nombramiento de abogados integrantes que superen la edad de 75 años (edad máxima para el cargo de Ministro).
Debate en Sala
Con el informe positivo de la Comisión, la discusión pasó a sala, donde se votó a favor de ambos nombramientos.
Tal como anticipó Diario y Radio Universidad de Chile, el senador Alejandro Navarro (Pais) rechazó la nominación.
Patricio Walker no participó por encontrarse fuera de Chile. El senador habría tomado esa decisión luego que el ministro Brito, (pareja de Lya Cabello) fuera el voto crucial que lo sobreseyó en el caso del financiamiento ilegal de pesqueras del extremo austral.
Alejandro Guillier tampoco estuvo presente en la sesión.
En el caso de Iván Moreira, este decidió abstenerse debido a la actual solicitud de desafuero que pesa sobre él, en el marco de las investigaciones del Caso Penta.
En el caso de Lya Cabello, contó con 30 votos a favor y 1 abstención. Mientras que Prado Puga fue respaldado por 25 votos a favor, 1 en contra y una abstención. La diferencia se da porque los senadores Girardi, Von Baer, Van Rysselberghe, Araya y Goic solo estuvieron presentes en la nominación de la nueva fiscal de la Suprema.
Luego de concretada la designación de ambos personeros, el ministro de Justicia, Jaime Campos, agradeció la decisión tomada por el Senado y aseguró que estas designaciones “van a fortalecer y enriquecer el trabajo de la Excelentísima Corte Suprema, y nuestros afanes de que la justicia pueda seguir verificándose en los términos que está concebida en nuestra Constitución Política”
El voto de minoría en la elección de Prado Puga como nuevo ministro fue el del senador de Pais Alejandro Navarro, quien hizo énfasis en las labores realizadas por el nuevo ministro de la Corte Suprema como gerente asesor del banco BCI, razón por la cual el parlamentario cree que es incompatible esos antecedentes con su nueva labor como integrante de la Sala Laboral del máximo tribunal.
“Hay una incompatibilidad muy fuerte, en materia de la Sala Laboral, proveniendo él del mundo bancario. Creo que ese es un tema insalvable, en mi opinión, creo que no fue la mejor elección de la Presidenta (…) Tenemos un tema en los fallos laborales y creo que eso no se resuelve con una mayor presencia de quienes legítimamente pueden tener una perspectiva más pro empresarial”.
En tanto, el senador de la UDI Iván Moreira explicó su abstención en ambas votaciones, señalando que, considerando que está en pleno proceso judicial su posible desafuero, prefirió no incidir con su voto en la conformación de la Corte Suprema, ya que, eventualmente, será el máximo tribunal el deberá fallar sobre este proceso que se lleva en su contra.
“Sin embargo, señor Presidente, existiendo la posibilidad de que el máximo tribunal de la República conozca la solicitud de mi desafuero, solicitada por el Ministerio Público, he estimado adecuado y prudente restarme de participar en esta votación como una señal de probidad y transparencia. Por ello, señor Presidente, me he abstenido en ambas votaciones y es por eso que quiero dejar constancia de ello”.
