Pasaba hace algunos días: el Servicio de Impuestos Internos comunicaba a varias de las empresas investigadas por financiamiento irregular de la política que no optarían por el camino de la querella y que, a la fecha de la notificación, debían presentarse en un plazo de 10 días hábiles ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Así, el director del SII, Fernando Barraza, daba un portazo a la vía penal de las causas y optaba por la de las multas por infracciones tributarias.
La determinación no cayó bien en el Ministerio Público, que ha enviado un sinnúmero de antecedentes para dar inicio a investigaciones en caso de que el SII se querellara. Pero el asunto es sencillo: si el Servicio de Impuestos Internos no se querella, no hay forma de iniciar una investigación.
El Fiscal Nacional Jorge Abbot manifestó sus reparos con la decisión del SII: “Estamos en desacuerdo en que otros órganos del Estado tengan esta facultad y no esté radicada en el Ministerio Público, porque si no se produce cierta desigualdad de las personas ante la ley. Hay personas que pueden verse favorecidas por decisiones de la administración cuando han cometido hechos que son graves, como afectar la recaudación tributaria. Esos son los fondos con los que se financian los planes que lleva adelante el Estado y eso es una afectación grave al patrimonio del Estado”.
Pero el que hoy día manifestó sus críticas fue el fiscal Manuel Guerra, a cargo de la investigación del caso Penta. En la misma línea de Abbot, Guerra manifestó su inquietud ante la exclusividad con que cuenta el SII: “nos preocupa que se haya consolidado en el tiempo la norma que otorga al SII la titularidad exclusiva para denunciar delitos tributarios”, señaló en entrevista con T13 radio.
Además, Guerra orientó sus críticas hacia una posible conveniencia política, indicando que depender de la voluntad política de un gobierno de turno puede no ser la mejor opción: “(El SII) es un organismo al final del día depende del gobierno de turno, la designación de su director está radicada en el Ejecutivo (…) es susceptible de un manejo de naturaleza política o que al menos se crea que las decisiones que toma cuando -son discrecionales- están guiadas por fundamentos políticos, eso no pasa con el Ministerio Público”.
Pero Guerra no se detuvo ahí. En entrevista con radio ADN, el fiscal sostuvo que “es necesario radicar en el Ministerio Público la facultad de iniciar las investigaciones por este tipo de delitos”. “Es un hecho claro que hay doble estándar de parte del SII. Un ejemplo de ello, los pagos de bonos a los ejecutivos de Banmédica, que es parte de una arista del caso Penta. Se descubrió que la empresa VSA Ltda del señor Tomás Carrasco, que facilitaba facturas a muchas empresas, facilitó facturas a Banmédica para encubrir el pago de millonarios bonos a los altos ejecutivos de Banmédica. Estamos hablando sobre $2 mil 500 millones el bono. Eso originó un perjuicio fiscal de más de $800 millones y hasta el día de hoy aún no tenemos ni siquiera una denuncia o querella. Pero tenemos querellas interpuesta a personas que facilitaron boletas de honorarios de baja cantidad que trabajaban para el senador Iván Moreira al tiempo que están estas sumas gigantescas en la cual no se ejerce acción penal”, continuó.
Es necesario que un servicio como el de Impuestos Internos tenga siempre un carácter ajeno a lo que son las decisiones de política contingente (…) Que esté en sus manos a quién se persigue penalmente por ilícitos tributarios creemos que es algo inconveniente. La ley nos define (al ministerio Público) como que somos un organismo constitucionalmente autónomo y que tenemos por finalidad investigar delitos. Creemos que eso nos habilita para pedir la modificación de la ley”, sentenció.
