Por estos días, el arzobispado de Santiago confirmó que el Sacerdote Fernando Karadima fue trasladado desde el hogar de las Siervas de Jesús de la Caridad hacia el Hogar San José, en Lo Barnechea, dedicado a la atención de ancianos y administrado por la Congregación de Santa Teresa Jornet.
Karadima se encuentra cumpliendo una condena eclesiástica desde febrero de 2011, fecha en la cual, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano lo condenó a una vida de retiro en oración y penitencia por los abusos sexuales que cometió mientras se desempeñaba como párroco de El Bosque.
Según consignan diversos medios escritos, el traslado del ex párroco se debió a una solicitud de las mismas religiosas, “debido a un desgaste natural” tras una larga permanencia en la institución.
Alvaro Ramis, teólogo y doctor en Filosofía, explica que este desgaste es más bien “un eufemismo para plantear que la relación entre las religiosas que lo acogieron y él ha entrado en crisis debido justamente tal vez a hábitos del propio Karadima que se han acumulado en el tiempo. Seguramente han buscado un lugar que no exponga a las religiosas al estigma o al costo de mantener su presencia ahí”.
El costo que han pagado las Siervas de Jesús de la Caridad por cargar con la custodia de Karadima ha sido alto. Involucra desde la polémica filtración de un vídeo donde se veía al ex párroco de El Bosque celebrando una misa, hasta pedradas y rayados ofensivos en sus murallas.
Juan Carlos Cruz, uno de los querellantes en el caso Karadima, criticó este cambio de residencia y reiteró sus acusaciones contra los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz. “Ellos se protegen entre ellos, de los último que se preocupan es de las víctimas. En el lugar en que estaba, las monjas ya no dieron más, entonces lo mandan a otro recinto donde, además, tienen que pagar. Es típico ver a Ezzati y Errázuriz amparando a pedófilos, con la mirada del Papa. Esto solo significa que lo trasladan a otro palacio de cristal para que viva su retiro”.
El hogar al que trasladaron a Karadima tendría un costo entre los 150 mil y 600 mil pesos. En él deberá continuar una sentencia eclesiástica que anula cualquier tipo de actividad pastoral. Mientras que en lo penal, es importante mencionar que el ex sacerdote fue sobreseído por la prescripción de los delitos de abuso sexual.
A estos antecedentes se suma el rechazo de la querella en contra de la Iglesia Chilena en marzo de este año, luego que las víctimas acusaran a la institución de encubrir al religioso. A pesar de aquello, Cruz reconoció como algo positivo que Karadima esté fuera de circulación. “Lo ideal sería que estuviese en la cárcel, pero en vista que no se puede, es positivo que ya no esté abusando de personas o destrozando la vida niños y jóvenes vulnerables”.
Por su parte, Juan Pablo Hermosilla, abogado de las víctimas de Karadima, señaló que todo lo sucedido es responsabilidad de la Iglesia, por lo que la institución debe hacer bien las cosas y evitar que el conflicto se siga profundizando.
En ese sentido, el jurista indicó que se debe evitar que el ex párroco este en contacto con menores de edad. “Creo que Karadima tiene derecho a un trato digno, pero al mismo tiempo hay que tomar las precauciones que el propio fallo del Vaticano establece, en términos de evitar crear riesgos para terceros”.
Respecto a la diferencia entre ambos hogares, el abogado mencionó no conocer detalles, salvo que el Hogar San José de Lo Barnechea se encuentra más cerca de colegios.
Para Hermosilla es importante que la Iglesia tome el caso en serio, ya que finalmente lo que debe cumplir Fernando Karadima es una condena dictada por el Vaticano. “La Iglesia debería mandar una señal con esto, en la que demuestre que no es un asunto trivial o irrelevante para ellos”.
La expulsión de O´Reilly
Por otra parte, este miércoles la Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por el sacerdote miembro de los Legionarios de Cristo, John O´Reilly. El recurso fue presentado por el religioso en reacción a la determinación del Ministerio del Interior y el Departamento de Extranjería que ordenó su expulsión del país, una vez haya cumplido la condena que pesa sobre él.
El 11 de noviembre de 2014 una sentencia dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo condenó como autor de un delito reiterado de abuso sexual, a la pena de cuatro años y un día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales. En esa oportunidad se sustituyó la ejecución de la pena privativa de libertad por el beneficio de libertad vigilada, modalidad en que O´Reilly cumple su sanción hasta hoy.
El legionario adquirió la nacionalidad chilena por gracia de acuerdo con la Ley N° 20.311, publicada con fecha 5 de enero de 2009, la que posteriormente fue revocada por una nueva ley el 14 de abril de 2015, teniendo como fundamento la sentencia por abusos sexuales reiterados fueron cometidos por el sacerdote de manera reiterada entre los años 2010 y 2012.
El documento que resuelve el recurso de protección interpuesto por O`Reilly hace referencia a la Convención sobre la condición de los extranjeros suscrita por Chile en La Habana, el 20 de febrero de 1928, ratificada, aprobada y divulgada en el diario oficial de 14 de septiembre de 1934, donde se reconoce expresamente que “por motivos de orden o de seguridad pública” la potestad de “expulsar al extranjero domiciliado, residente o simplemente de paso por su territorio”.
En este sentido, los ministros de la Tercera Sala del Máximo Tribunal consideraron que “bajo esta premisa jurídica internacional, incorporada entre los tratados relativos a los derechos esenciales de la naturaleza humana, la autoridad puede ordenar el abandono obligado del país o la expulsión del meteco que continuare residiendo en el territorio después de expirados los plazos de permanencia legal (artículo 71 del Decreto Ley N° 1.094), que es exactamente la situación del religioso O´Reilly”.
De esta forma, la resolución de la Corte Suprema emitida este miércoles autoriza de facto la expulsión de O´Reilly del país, debido a que no se “vislumbra ilegalidad ni arbitrariedad” en los actos que ordenaron que haga abandono de Chile en el plazo de 72 horas una vez cumplida su condena de la cual ya ha pagado cerca de dos años y cinco meses.
Sobre este caso, Juan Carlos Cruz sostuvo que el legionario “es un hombre condenado por la justicia, que se le quitó la ciudadanía por gracia y tiene que abandonar el país de acuerdo a las leyes de extranjería que existen. La incongruencia acá es que el Papa que dice que los curas que han sido condenados por la justicia de algún país, tienen que salirse del sacerdocio. Sin embargo, siguen protegidos”.
Los puntos en común
Álvaro Ramis explica que tanto en el caso de Fernando Karadima, como el de John O´Reilly responden a un mismo patrón: situaciones de abusos sexuales cometidos por clérigos que tuvieron un gran apoyo de la élite económica y política en su momento y que, también, gozaron de la protección ofrecida por la jerarquía eclesiástica.
En este sentido, el teólogo detalló que, también en ambos casos, la revelación de los abusos tuvo que enfrentar una serie de pruebas debido a la alta credibilidad que tenían los sacerdotes originada principalmente en su cercanía y convivencia con los grupos de la élite.
Pese a la sanción de encierro que enfrenta Karadima y a la pena que cumple O´Reilly, en ninguno de los dos casos se ha dejado de proteger a los sacerdotes, pues aún cuando las redes de encubrimiento para ambos dejaron de ser directas, continúan existiendo.
“En el caso de Karadima, buscan tenerlo en un lugar apartado para que no sea objeto de molestias. Mientras que a O´Reilly lo protege su congregación, la cual lo ha mantenido fuera del debate público”, afirmó Ramis.
