El ataque incendiario a siete camiones entre las comunas de Ercilla y Pidima tiene a la región de La Araucanía en un nuevo clima de tensión.

En un comunicado, la Confederación Nacional de Transportes de Carga solicitó con urgencia una reunión con el ministro del Interior Mario Fernández. Esto, según señala el texto, para “que definamos una acción conjunta que permita encontrar una solución real a este flagelo, nuestra patria, nuestro gremio y la Araucanía en particular merecen que asumamos responsabilidad en el marco del estado de derecho.

El gremio está preocupado y no muestra intenciones de ocultarlo. El comunicado, además, señala la necesidad de instalar un Estado de Emergencia en la región y “avanzar en una legislación anti-terrorista más estricta que ponga, de una vez por todas, límites a esta escalada violentista que amenaza gravemente las bases de la institucionalidad y de la convivencia nacional”.
El día de ayer Aucán Huilcamán, encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, en entrevista con CNN Chile dudó del origen de los ataques: “Poner un lienzo no es ningún elemento que acredite algún tipo de participación de los mapuche. Esto me huele a autoatentado”, dijo. “Conozco perfectamente ese lugar. Está instalada la dotación más grande de carabineros de Chile”, agregó.

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga y miembro del Consejo Ciudadano de Sebastián Piñera, no toma en consideración las palabras de Huilcamán: “Yo al señor Huilcamán no le voy a dar nunca ninguna posibilidad de que tenga interlocución con los camioneros de Chile porque él es un operador internacional. Investiguen su patrimonio y cómo ha hecho uso y abuso de este problema de los hermanos mapuche y recorre el mundo. La opinión de ese señor no tiene importancia”.

– ¿Y para quién opera Aucán Huilcamán?
– Ustedes saben que fue integrante de la CAM…
– ¿Dice usted que es un operador de la Coordinadora?
– Entiendo que lo expulsaron. Ahora es un outsider.

A juicio de Pérez la solución no está en robustecer la ley antiterrorista, sino en elaborar una ley completamente nueva: “La ley no sirve para nada. Es mala, es laxa. Nosotros hemos pedido es que se haga una nueva ley, con agentes encubiertos, testigos protegidos y que en lo posible los juicios los hagamos en una región distinta”. Además, ve con buenos ojos que se decrete Estado de excepción en la región: “Para el terremoto los delincuentes se tomaron la ciudad de Concepción. El Estado sacó a los militares y todos arrancaron como ratas. Para que terminaran los incendios de este verano en Chile el gobierno decretó Estado de excepción y la autoridad militar tomó control y se terminaron los incendios”.

– ¿Entonces el gobierno debería sacar a los militares a la calle?
No, no. Lo que yo le digo al gobierno es que ocupe al Cuerpo Militar del Trabajo. Es una maravilla. ¿Por qué no entregarles tareas a ellos? Es una forma de tener una presencia de autoridad mientras se resuelve el problema de fondo.

El cuerpo militar del trabajo es una jefatura dependiente del Ejército de Chile y que comúnmente se encarga de labores viales en el sur de Chile.

Las reacciones desde la oposición tampoco se dejaron esperar. Sebastián Piñera anunció un perfeccionamiento de la ley antiterrorista en la misma línea de lo que sugiere Pérez. El candidato de Chile Vamos declaró ayer que incluiría en ella las figuras del “agente encubierto, el testigo protegido y de los informantes”.

El senador por la región de La Araucanía, Alberto Espina, declaró el día de ayer que en estas situaciones lo que ha faltado ha sido coraje de parte del gobierno: “La ley antiterrorista no es la culpable de esto. La deficiencia en La Araucanía es la falta de decisión y voluntad política para impulsar una propuesta por la paz. Ha faltado voluntad y decisión para aplicar con todo el peso de la ley la ley antiterrorirsta a quienes cometen delitos terroristas”.

El gobierno siguió la línea de la Fiscalía e invocó la ley antiterrorista para el caso. Mario Fernández señaló el día de ayer que “nosotros hemos seguido el camino que ha tomado la Fiscalía y nos hemos adherido a una querella por la ley antiterrorista. Cuando el Ministerio Público, que es la institución que se aboca a una investigación y califica el delito que ha ocurrido, adopta una línea procesal, normalmente el ministerio sigue esa línea”.

El enfoque de las políticas propuestas por los sectores de derecha comienza a sacarse el velo. Es cada vez más clara la orientación que tomaría un hipotético gobierno de la coalición opositora y la fuerza pública tendrían un papel protagónico en dicho escenario.