Desde que Jorge Sharp asumió como alcalde de Valparaíso en diciembre de 2016, una de sus banderas de lucha ha sido el reimpulso de una legislación especial para la región.
En medio de la Cuenta Pública del pasado 1 de junio en el Congreso, las principales autoridades regionales portaban chapitas demandando una “Ley Valparaíso”. Esa fue una manera de visibilizar una petición que por años se ha arrastrado en la ciudad y que ningún gobierno ha decidido abordar.
En ese contexto, durante estos días el jefe comunal se ha reunido con parlamentarios por la región para buscar apoyo y promover esta iniciativa. Su principal objetivo es que los tributos de la actividad portuaria sean traspasados directamente al gobierno regional.
“Esta sería una herramienta que permitiría pensar un modelo distinto de ciudad que va de la mano con la necesaria descentralización que requiere el país”, señaló Sharp. Una tesis que ha sido compartida por varias administraciones anteriores pero que no ha contado con el respaldo necesario para convertirse en un proyecto parlamentario.
“Nos hemos quedado con una tibia descentralización administrativa”
El tema tiene su origen en el sistema integrado de tributación que no ha favorecido la descentralización financiera de las regiones. Es decir, todos los impuestos de la actividad portuaria, forestal y minera son destinados al erario nacional y no a la localidad donde se desarrollan. Tampoco se considera un porcentaje mayor de contribuciones para esas zonas.
Juan Carlos Ferrada, experto en derecho administrativo y quien fue integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, explicó que los únicos tributos que tienen un vínculo territorial son algunas patentes como la de los proyectos geotérmicos y otros mineros así también los permisos de circulación.
Esto significa que una parte importante de recursos económicos se están fugando de Valparaíso y, según ha señalado Jorge Sharp, ese presupuesto supondría la compra de camiones recolectores para resolver el problema de la basura en la ciudad, fortalecer la red de salud, asegurar la gratuidad para tres mil estudiantes porteños y avanzar en pagar la deuda que mantiene la Corporación Municipal desde la administración anterior.
En esa línea, el abogado Juan Carlos Ferrada aseguró que se podría establecer algún tipo de tributo o ingreso especial para la región, lo que sin duda significaría elaborar una ley que considere las restricciones que establece la propia Constitución respecto de la materia.
“La Constitución dice que, en general, los impuestos no pueden tener destinaciones específicas, lo que era muy común antes de 1980. Así por ejemplo se construyó el Estadio Nacional con una tributación específica. Ahora eso no se podría hacer salvo que un proyecto local necesitara ser financiado por un impuesto proveniente de las actividades productivas. En eso tendría que centrarse una nueva legislación para infraestructura”, señaló.
Para el también profesor de la Universidad de Valparaíso el país demuestra un evidente retraso en descentralización fiscal porque las medidas que hasta ahora se han debatido en el Congreso apuntan a una descentralización administrativa y política, como la elección de gobernadores regionales.
Ley de Rentas Regionales
El concejal por Valparaíso Iván Vuskovic se mostró partidario de agilizar la Ley de Rentas Regionales que permitiría a las regiones contar con patrimonio propio y administrarlo de manera autónoma. Sin embargo, este proyecto todavía no ha sido enviado por el Ejecutivo.
A su juicio, la “Ley Valparaíso” es una iniciativa muy particular que demoraría mucho tiempo en ser despachada si se pretende separar de las demandas expuestas por las otras regiones.
Sobre este último punto, recordó el caso de las ciudades mineras como Antofagasta y Calama y las ciudades forestales como Concepción y Constitución que también han demandado mayores recursos por las principales actividades productivas que se desarrollan en sus territorios.
“La Comisión para la Descentralización planteó la Ley de Rentas Regionales como una de las 70 medidas en la materia. Si bien es un tema que se ha movido poco, hace mucho que se le viene dando vuelta. Por otro lado, tenemos la Ley Valparaíso que sería una iniciativa sumamente específica que dice relación con que esta ciudad es Patrimonio de la Humanidad y además la capital legislativa del país. Por lo tanto, siempre ha estado la aspiración de contar con mayores recursos”, comentó.
Hasta ahora se habla de un apoyo transversal entre los parlamentarios que se reunieron con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, para discutir esta propuesta.
El diputado de la Democracia Cristiana por la región, Aldo Cornejo, dijo que, a su juicio, era pertinente reimpulsar la iniciativa considerando que la agenda política se ha centrado en la autonomía de las regiones.
El alcalde Jorge Sharp precisó que el déficit de la Corporación Municipal es de 60 mil millones de pesos, más los 15 mil de la municipalidad. Un motivo para proyectar el futuro de la ciudad e insistir en la promoción de la Ley Valparaíso.