En el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por el Ejecutivo, este martes la presidenta Michelle Bachelet recibió los códigos de ética correspondientes a cada servicio público de la administración central del Estado.

Se trata de 265 documentos, los que fueron elaborados a través de una metodología diseñada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en donde participaron tanto los directivos como las asociaciones de funcionarios de los distintos servicios, todo esto monitoreado por el Servicio Civil.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la representante del PNUD, Marcela Ríos, explicó que la finalidad de estos códigos es ser un mecanismo de prevención y de capacitación continua de los funcionarios para saber cuáles son los estándares más allá de la ley. “La idea acá no es repetir lo que dice el código legal o el estatuto administrativo” enfatizó la experta.

Y pese a que cada código posee especificidades de acuerdo a las características de su institución, Marcela Ríos entregó detalles de algunos aspectos comunes contenidos en estos documentos, entre ellos la prohibición de recibir o exigir prebendas o regalos a cambio del buen desempeño laboral, así como otras medidas de carácter normativo o regulatorio.

“Todos tienen información respecto de los temas de trabajos cotidianos, si los funcionarios pueden o no recibir regalos, si pueden atender a ciertas personas, cómo tienen que atenderlas, cuáles son sus deberes respecto de su contrapartes, de sus compañeros de trabajo y de la ciudadanía. Hay un eje común que tiene que ver con comportamiento, con relaciones con el mundo externo y también hacia adentro”, sostuvo la especialista.

La también ex integrante de la comisión Engel reconoció los avances en el sector público para prevenir eventuales conflictos de interés y actos de corrupción. Sin embargo, señaló que existen pendientes como la regulación en el sector privado, así como avances a nivel de los gobiernos locales.

Una visión con la que coincidió el presidente de la ANEF, Carlos Insunza, quien subrayó que “quienes están en deuda en esta materia están en la vereda del frente” apuntando al rol del gran empresariado en los casos de corrupción.

“Hoy día es en el ámbito del sector privado, particularmente del gran empresariado donde no se ha hecho una autocrítica contundente respecto a estas materias” subrayó.

El dirigente de la ANEF destacó la construcción participativa de este tipo iniciativas para recuperar la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, advirtió que aún queda un largo camino por recorrer, tanto en el sector público como el privado.

En tanto, el presidente del Servicio Civil, Rodrigo Egaña, fue enfático en que estos códigos serán obligatorios, no meras sugerencias, arriesgando desde sumarios administrativos, hasta sanciones penales.

“Si hay una violación a una norma del código, hay un sistema para denuncias. Nosotros estamos empezando a trabajar en los sistemas de integridad que es lo que permite aplicar el código y cuando hay una denuncia eso puede provocar un sumario administrativo, puede provocar un juicio en tribunales”, indicó.

Desde el Ejecutivo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés señaló que esta medida “se trata de tener una guía de cómo actuar, cómo interactuar con los ciudadanos, cómo limitar los riesgos, cómo hacer frente a los conflictos de intereses y asegurar la igualdad de oportunidades y el buen trato”.

A dos años de la presentación de la Agenda de Probidad y Transparencia, la cartera entrega los detalles de estas medidas administrativas que estaban pendientes. Esto, considerando que sus resultados seguramente se evaluarán en un mediano o largo plazo mientras las cifras de desconfianza hacia las instituciones públicas no tienen tregua.