Este jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revisó las medidas cautelares de algunos imputados en el caso fraude en Carabineros.

El tribunal, rechazó tres de las solicitudes de los inculpados por el desfalco, quienes pedían que se les rebajara la prisión preventiva por arresto domiciliario total.

Al único que se le aceptó la petición de rebaja fue al mayor de carabineros Rodrigo Herrera, a quien se le atribuye el rol de cuentacorrentista en la millonaria sustracción.

El Fiscal a cargo del caso, Miguel Ángel Orellana, se manifestó disconforme con esta decisión, que se extenderá hasta el fin del periodo de investigación: “El Tribunal tuvo a la vista el hecho que durante los 40 días siguientes a su formalización, no se habían reunido antecedentes nuevos. Discrepamos del Tribunal en ese sentido, insistimos con la prisión preventiva, son 341 millones de pesos de fondos Fiscales que participó en términos de prestar su cuenta corriente para efectos de desviar esos fondos”.

En la oportunidad, el Fiscal Miguel Ángel Orellana comunicó una serie de diligencias en la investigación y que hasta hoy afecta a unas 70 personas involucradas directas o indirectamente en el caso.

El persecutor informó que el magistrado, negó el acceso a la carpeta investigativa a la defensa del imputado Alejandro Ponce, ya que el tribunal tomó en cuenta los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público.

El Fiscal Miguel Ángel Orellana, indicó que invocó el Tratado de Palermo y las medidas que se pueden tomar cuando existen delitos como el lavado de activos, ya que dicho acuerdo recomienda mantener las indagaciones en secreto para combatir de mejor forma el crimen organizado.

“El hecho de formalizarlos por asociación ilícita justifica esta reserva o secreto de investigación. El crimen organizado es una definición internacional para las organizaciones criminales trasnacionales que son la base de la Convención de Palermo suscrita por Chile, sobre la cual se construyeron tipos penales importantes como la Ley 19.913 de lavado de activos”.

De acuerdo a la información entregada durante la audiencia, el secreto en la investigación se extenderá por seis meses más.

Cabe destacar que el peor desfalco en la historia de Carabineros, avaluado hasta el momento en unos 21 mil 500 millones de pesos, se había gestado hace más de cinco años, desde una de las cuentas corrientes del departamento de remuneraciones.

Un oficial se dedicó a transferir millonarios montos al Capitán Felipe Ávila, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito de Punta Arenas durante tres años. Ávila, quien una vez con el dinero en su poder, la repartía entre los “beneficiados”, también uniformados.

El sistema funcionaba porque las maniobras de desfalco hicieron que en los registros internos de finanzas nunca aparecieran los montos transferidos a las cuentas personales.