Este jueves la Cámara Baja del Parlamento alemán – el Bundestag-  aprobó por unanimidad la moción Esclarecimiento de los crímenes y reconstrucción de la memoria de Colonia Dignidad, que insta al Estado a transparentar los crímenes cometidos en este enclave fundado por Paul Schäfer en 1961.

El documento solicita que el estado alemán trabaje en estrecha colaboración con el estado chileno para aclarar lo ocurrido en ese asentamiento para iniciar las investigaciones penales correspondientes.

La moción también considera la instalación de un fondo de ayuda con pagos que deberán ser regulados por una comisión especial. Además, se buscaría brindar asistencia psicosocial a todos los ex habitantes que fueron víctimas del grupo alemán.

La ex Colonia Dignidad actualmente opera como el complejo turístico Villa Baviera a orillas del río Perquilauquén, en la región del Maule, donde se emplazan empresas agrícolas, restaurantes y hoteles. Una de las demandas de las organizaciones de víctimas es que en ese lugar se establezca un sitio de memoria histórica.

Y ese fue precisamente uno de los puntos integrados por los parlamentarios alemanes quienes sugirieron que en el plazo de un año se estudiara la instalación de un sitio educativo para informar sobre la historia que envuelve al lugar.

Las coordinaciones entre los parlamentarios alemanes con las  víctimas en Chile se venían gestando hace algunos años. En noviembre de 2016, un grupo de diputados alemanes visitaron la ex Colonia para informarse sobre el estado del caso y conocer los testimonios de las víctimas.

Ante la unánime resolución que emitió la Cámara este jueves, el socialdemócrata Klaus Barthel e impulsor de esta moción, manifestó en entrevista con el diario Deutsche Welle que “no olvidaban  a las víctimas y que se trabajará en darles apoyo y en la elaboración histórica de lo allí ocurrido”.

Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad en Chile, valoró esta decisión porque, a su juicio,  se trataría de la mejor oportunidad para avanzar en materia de verdad y justicia en el país.  Con esto, señaló, se podrán esclarecer antecedentes sobre las desapariciones de quienes estuvieron detenidos en el enclave y así determinar responsabilidades.

La representante de las víctimas comentó que con los documentos que se liberaron el año pasado sobre Colonia Dignidad  se adelantó la apertura de los archivos, que normalmente se abren cada 30 años por orden del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Esto fue un gran aporte, según sostuvo Margarita, porque son expedientes que luego podrán utilizar en los tribunales de justicia.

En ese sentido, planteó sus proyecciones respecto de la materia: “Esperamos que los resultados lleguen a un mediano plazo y también que toda esta discusión incluya a la sociedad civil porque esa es otro de los aspectos importantes a discutir con nuestras instituciones de Estado. Pero por sobre todo, esperamos que esto tenga un buen futuro para la verdad y la justicia”.

Mientras el doctor Luis Peebles, sobreviviente de Colonia Dignidad y vicepresidente de la Asociación, consideró que “es un paso hacia la verdad de los chilenos desaparecidos o que fuimos torturados por militares de alto mando chileno conjuntamente con jerarcas alemanes”. Esto en la medida que “El Gobierno y el Estado chileno respondan al parlamento germano disponiendo los fondos y los delegados para una comisión resolutiva bilateral de expertos que estamos esperando desde hace más de 40 años”.

En este documento se especifica el caso de Harmut Hopp, condenado por la justicia  chilena a cinco años de cárcel, pero que viajó a Alemania. Luego, en junio de 2016, después  de tres años de gestiones que involucraron a la Cancillería y a los tribunales chilenos, la Fiscalía alemana envió una solicitud al Tribunal Regional de Krefeld en la que pedía declarar ejecutable la condena chilena, representando y trasmitiendo así la solicitud del Estado chileno. Sin embargo, hasta ahora Hopp permanece en libertad.

Cabe recordar que este enclave alemán fue fundado por Paul Schäfer fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como centro de detención y tortura durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.  Schäfer también fue declarado culpable por abuso de 25 niños y condenado a cadena perpetua por estos hechos.