“El proyecto de ley que establece el Mecanismo de Prevención contra la Tortura es malo ya que no cumple con los estándares internacionales”. Así lo manifestó Patricio Véjar, integrante del Comité de Iniciativa Nacional contra la Tortura.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el también coordinador de la Comunidad Ecuménica Martin Luther King, criticó al Ejecutivo por la demora que ha tenido en la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre la Tortura, tratado que Chile suscribió en 2009.

El Gobierno estableció en el proyecto de ley que los mecanismos de prevención contra la tortura estarán a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aspecto que criticó Patricio Véjar, quien cuestionó la autonomía del organismo. Además indicó que la institución no tiene facultades para prevenir este tipo de delitos.

“El protocolo internacional contempla que este organismo debe ser plenamente autónomo y el mismo proyecto dice que el INDH es autónomo-dependiente, es como una contradicción que no quieren asumir. Lo otro es que prevenir es una acción mucho más integral y radicar este instrumento en el Instituto, cuya misión es perseguir la tortura y no tiene facultades para advertir violaciones a los Derechos Humanos de otra característica”, subrayó.

La propia subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries refutó las afirmaciones contrarias a la prenormativa.

La personera de Gobierno afirmó que el INDH como organismo autónomo está avalado por Naciones Unidas. Además, indicó que la ley estipula la creación del  Comité de Prevención contra la Tortura, instancia que deberá regirse por los principios de independencia de su personal, confidencialidad en sus actuaciones y reserva respecto de la información obtenida en ejercicio de sus funciones.

“Está acreditado dentro de la lista A de Naciones Unidas, que justamente establece que tiene la independencia para llevar adelante el mandato de moción y protección. Este mecanismo se inserta dentro del instituto, pero no se fusiona con el INDH, guardando una sana distancia respecto del quehacer propio de la instancia”, detalló.

Por su parte, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Tucapel Jiménez, admitió que existen cuestionamientos al rol del Instituto de Derechos Humanos en el tema.

El parlamentario manifestó su disposición para que el proyecto de ley sea despachado a la brevedad posible. Sin embargo, indicó que se requiere un debate con organizaciones no gubernamentales en el Congreso. El legislador consideró importante la presencia de personeros de Naciones Unidas con el fin, precisó, de contribuir y despachar una legislación acorde a la realidad del país.

“A mí no me parece mal que el instituto tome el control de los mecanismo de prevención, no entiendo las aprensiones que puedan haber respecto a eso ya que la instancia es completamente autónoma, por supuesto que algunos de sus directores son designados a través de Congreso, pero sus acciones son completamente independientes”, argumentó.

Cabe destacar que según el último Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, confeccionado por la Universidad Diego Portales, esta práctica que comprende “tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales”, es un hecho que aún se realiza en el país.

Incluso Amnistía Internacional en su estudio 2016-2017 volvió a llamar la atención al Estado por el uso excesivo de la fuerza policial y las detenciones arbitrarias especialmente contra personas de la etnia mapuche.