El Juzgado de Garantía de Temuco ordenó dar curso a la investigación por tormentos y apremios ilegítimos contra Guillermo Vilches Saldivia y Claudio Leiro Marambio, ambos actuales funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). La resolución fue tomada luego de que la Fiscalía solicitara el sobreseimiento de la causa, lo cual fue negado por el Tribunal.
Ambos policías habrían cometido estos ilícitos a José Peralino Huinca, quien además de ser uno de los imputados en el caso Luchsinger Mackay, es el principal testigo, sobre cuyo testimonio se sostienen los cargos contra los otros diez involucrados.
Las acusaciones de Peralino apuntan a las amenazas que ambos funcionarios habrían efectuado cuando le tomaron declaración por el caso Luchsinger Mackay en noviembre de 2013 y octubre de 2015. Además, de los hechos denunciados el 30 de marzo de 2016, cuando durante un control de detención aseguró que su declaración fue emitida bajo tormentos.
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De acuerdo a Peralino, estas acciones lo habrían forzado a autoincriminarse e involucrar a terceros en el delito con resultado de muerte que afectó al matrimonio en enero de 2013 en su casa ubicada en la comuna de Vilcún, en la Región de la Araucanía.
Pablo Villar, abogado de Peralino, explicó que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del caso, aunque esta causa sea por un delito de lesa humanidad.
El abogado señaló que hasta el momento existen dos peritajes sobre los hechos: uno que confirma las acusaciones de Peralino y otro que contradice lo planteado por el querellante, realizado por el Servicio Médico Legal (SML).
“Nosotros contamos con el apoyo de una perito que trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien señalo que nuestro representado habría sufrido tormentos constitutivos de tortura, para que declara en esta causa criminal e involucrara a un montón de personas”, afirmó.
El jurista fue enfático en comentar que desconocen los argumentos que tuvo la Fiscalía para solicitar el sobreseimiento de la causa, porque todavía no se da esa discusión. Sin embargo, advierte que la razón podría estar sostenida en los resultados expuestos en el informe del Servicio Médico Legal.
De este modo, Villar manifestó que como querellantes en la causa están solicitando un tercer peritaje que investigue las denuncias realizadas por Peralino y la forma en la que se desarrollaron los otros dos informe.
También advirtió que durante el proceso se han cometido una serie de irregularidades por parte de la Fiscalía, desde donde en reiteradas oportunidades han intentado cerrar el caso sin realizar las investigaciones pertinentes, como por ejemplo, la revisión de las llamadas que habría recibido Peralino de parte de los dos funcionarios de la PDI.
Por otro lado, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella paralela por los mismos hechos. Según Villar, esto último también fue ignorado por el Ministerio Público al momento de solicitar el sobreseimiento. “Esto es muy grave porque la Fiscalía está pasando por alto a un organismo como el INDH, pese a que les informamos que había otra querella. Hay un montón de diligencias que no se han realizado”.
Pablo Villar mencionó que desde el Ministerio Público no hay voluntad para realizar una investigación a fondo sobre un delito de lesa humanidad. De este modo, agregó que están estudiando la vía internacional a través de la solicitud de una medida cautelar que impida el fin de este proceso.
“¿Cuál es la objetividad que tienen la Fiscalía? Ninguna. Están desesperados por cerrar esta causa, seguramente les molesta que esté abierta ad portas de la causa Luchsinger, pero son casos distintos. Estas indagatorias tienen su propio ritmo y los crímenes de lesa humanidad y tortura deben ser investigados a fondo”, concluyó.
Por su parte, en febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia acogió un recurso de queja y ordenó continuar con la investigación por tormentos ejercidos a José Peralino. Esta resolución fue tomada luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco determinara el sobreseimiento de la causa.
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