Desde que el Gobierno ingresó el proyecto de ley sobre universidades del Estado, que se discute en paralelo a la reforma de educación superior, los distintos estamentos de la comunidad educativa han rechazado reiteradas veces y en diversas instancias la iniciativa, calificándola como un retroceso para la educación pública.
De este modo, algunos de los aspectos más criticados de esta propuesta están referidos al gobierno universitario, la autonomía y participación, al financiamiento basal de las instituciones y a los temas jurídico-administrativos y de regímenes contractuales de funcionarios.
Sobre estos últimos, las asociaciones de trabajadores de las universidades del Estado han mostrado su preocupación por las disposiciones del proyecto, las cuales estarían perjudicando gravemente su condición laboral actual.
Sergio Esparza, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales de Chile (Fentuech), señala que los funcionarios coinciden en el rechazo a la propuesta porque atenta con la calidad de empleados públicos que poseen actualmente.
“No solo termina con nuestra calidad jurídica, sino que también no democratiza las universidades, donde nosotros podríamos tener alguna instancia para defender nuestras reivindicaciones. Los derechos que tenemos actualmente no van a ser considerados si cambia nuestra condición. Con esto cada institución fijará sus propios estatutos e, incluso, podrá modificar nuestra relación contractual. Ni siquiera se asegura un marco regulatorio general”, sostuvo.
Si bien el artículo N°33 del proyecto de indica que “los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado detentan la calidad de empleados públicos”, más abajo precisa que “las destinaciones, las comisiones de servicio y los cometidos funcionarios del personal académico y no académico de dichas instituciones se regirán por sus respectivos reglamentos internos”.
Según los funcionarios, esto los dejará fuera del estatuto administrativo por el que actualmente se rigen como empleados públicos, ya que los regímenes contractuales podrán ser normados por los reglamentos internos de cada institución, lo que podría abrir la puerta para que se les aplique el código del trabajo.
Myriam Barahona, presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), advirtió que esta situación afecta a todos los trabajadores de las instituciones superiores del Estado.
“La estabilidad y el reconocimiento de antigüedad y grado que tenemos hoy se terminará. Del mismo modo, los subcontratos y las empresas externas podrán proliferar con mayor facilidad. Esto es muy grave para nosotros”, afirmó.
Otro aspecto que preocupa de la propuesta del Gobierno es que “los nombramientos, contrataciones, prórrogas y desvinculaciones del personal académico y no académico de las Universidades del Estado serán enviados a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro”. Esto significa que dicha entidad dejará de fiscalizar los cambios en el personal de las instituciones.
En tanto, la carrera funcionaria también se regirá por reglamentación interna y no por el estatuto administrativo como ocurre en la actualidad. Para los trabajadores no académicos, esto les podría perjudicar principalmente porque las normativas serán dictadas por los gobiernos universitarios que, de acuerdo al proyecto, no serán instancias triestamentales, por lo que no contarán con la participación de los funcionarios.
Desde la Fenafuch, manifestaron que este martes se reunirán como federación para determinar posibles movilizaciones y acciones a seguir.
En esa línea, Myriam Barahona agregó: “Nosotros no solo vamos a lucha por este tema, estamos trabajando con los rectores y los estudiantes aspectos que tienen que ver con el gobierno y la autonomía universitaria, la democracia interna, el financiamiento y las condiciones laborales, es decir, por lo que significa una institución estatal”.
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