Las comunidades diaguitas que habitan la zona del Huasco Alto, interpusieron un recurso ante el Consejo de Ministros en mayo de 2016, instancia que decidió rechazar la reclamación de los habitantes. Posteriormente, los vecinos acudieron al Tribunal Ambiental de Santiago, instancia que escuchó este martes los alegatos de las partes.

El abogado representante de la comunidad indígena Patay- Co, Sergio Millamán, expresó que la decisión del Consejo fue ilegal tanto de forma como de fondo, y que sí afecta directamente al Valle del Huasco poniendo en peligro la salud de las personas y de los ecosistemas.

“Se han elevado los niveles de componentes químicos con índices rechazados por normativas internacionales, lo que buscamos es establecer que las comunidades del Valle del Huasco han sido afectadas directamente y que además, peor aún, no se han tomado las medidas por parte de las autoridades para realizar como corresponde un proceso de consulta indígena”, argumentó.

Ante la posible modificación de los parámetros autorizados de metales pesados en el rio Huasco, la resolución del Consejo de Ministros también fue cuestionada porque no contemplaba iniciar una consulta indígena, como lo establece el convenio 169 de la OIT.

Por su parte, el abogado representante de la compañía minera, Aldo Molinari, argumentó que debido a los múltiples afluentes que están presentes en la cuenca “aquellos que toman y usan las aguas que vienen del proyecto, no son afectados directos por el cambio a la RCA de Pascua Lama”.

“Los recurrentes no aportaron antecedentes suficientes para probar que la resolución reclamada les cause una afectación directa, adicionalmente el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación, que en el proceso de evaluación, no se analizaron nuevos impactos que pudiera causar el proyecto, que el dictamen no genera impacto en el recurso hídrico ni genera riesgo para la salud de las personas, en estas condiciones es evidente entonces que no se cumplían los requisitos para la procedencia de la consulta indígena”, subrayó.

“Se está condenando a las personas”

Algunos de los estudios de contaminación encargados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y presentados durante la audiencia, estuvieron a cargo del Andrei Tchernitchin, toxicólogo y profesor titular de la Universidad de Chile.

El también jefe de Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, indicó que a partir del 2006 se constató una mayor presencia de arsénico en las aguas del rio Huasco.

“El nivel de arsénico sobrepasa cuatro veces la norma chilena, por lo tanto se está condenando a las personas que consumen esa agua. El efecto del arsénico en el cuerpo se constata en un largo plazo, a través de la aparición de enfermedades como el cáncer, y en el corto plazo, en condición prenatal, en unos pocos meses aumenta la probabilidad de morir, entre tres y cuatro veces más que lo normal”, detalló.

En tanto, la vocera de la comunidades que habitan en el Huasco Alto, Constanza San Juan, informó que la compañía canadiense Barrick Gold reactivó su trabajo con los habitantes, cuyo nuevo objetivo sería la explotación subterránea, dejando atrás el método rajo abierto que significó el daño a los glaciales presentes en la zona y que derivó en la paralización de faenas.

“La consultora está visitando a cada vecino para saber cómo el proyecto podría funcionar bien, ahora con una nueva idea de mina subterránea. Ahora sí que van a ser responsables, van a cuidar el ecosistema, trabajar junto a las comunidades, eso dice la carta de la empresa, pero para nosotros el proyecto es inviable, en ese lugar, en la naciente de la cordillera no tienen como manejar las aguas residuales y la mina subterránea va a contaminar igual e incluso peor, porque contaminarán las napas subterráneas y donde nacen los glaciares”, recalcó.

La carta enviada a los dirigentes sociales de la provincia del Huasco, región de Atacama, explica que se quieren profundizar sus relaciones con la comunidad, “con el objetivo de actualizar la información social del proyecto, de cara a la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental”.

El documento, firmado por la directora de relaciones comunitarias de Barrick Chile, Sandra Riquelme, asegura que: “la fecha de ingreso al sistema aún no ha sido definida, pero que se está  trabajando en el proceso con los más altos estándares internacionales”.