El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, ingresó el pasado lunes un recurso de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional (TC), para frenar una sanción emitida por la Dirección Nacional de Compras Públicas (ChileCompra), que impide que el plantel realice contratos con el Estado por un periodo de dos años.

La decisión de ChileCompra estaría fundamentada en una resolución de la Corte Suprema por un juicio de tutela laboral. Sin embargo, desde la casa de estudios señalaron que es improcedente la aplicación de esta sanción, porque el fin de la normativa no es castigar a órganos públicos, sino a empresas y entes privados.

Del mismo modo, advierten que el no poder realizar contratos con el Estado constituye una condena desproporcionada en relación la falta. Además, sostienen que la sentencia del segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago no alude a la aplicación de la sanción de la Ley de Compras Públicas, pues solo se remite a generar una copia de la resolución de la Dirección del Trabajo para su registro.

Paralelo a este requerimiento ante el TC, el 29 de junio la Universidad presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que también busca impedir la aplicación de la sanción de la Ley de Compras. Esta acción fue acogida por el Tribunal, por lo que la inhabilitación esgrimida por ChileCompras fue revertida, mientras se mantiene pendiente la causa.