Un nuevo problema sumó el fútbol nacional esta semana luego que explotara en el ambiente deportivo las implicancias negativas que representan las cuotas de incorporación a los campeonatos del ascenso del balompié nacional.
Si bien existe consenso en que cobrar una garantía a los clubes de Segunda División para asegurar el pago de los sueldos en caso de insolvencia económica es positivo y necesario, el excesivo monto que se requiere de aquellos clubes que suben a la Primera B se ha vuelto un factor privativo y arbitrario, generando un grave problema en el desarrollo del fútbol chileno.
Todo comienza durante la administración de Sergio Jadue, cuando se aprueba un aumento en la cuota de incorporación de los equipos que deseen participar de la Primera B, la que se sube, con acuerdo del Consejo de Presidentes, de 20 millones de pesos a 50 mil UF, es decir, cerca de 2 millones de dólares.
La acción fue vista de inmediato como un intento de cerrar la participación de nuevos actores en el fútbol profesional, que por esos años ya comenzaban a disfrutar de los considerables ingresos provenientes del Canal del Fútbol (CDF).
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Pero no fue hasta el ascenso de Deportes Valdivia en el año 2016 que esta situación comenzó a generar ruido. El cuadro de la región de Los Ríos se había ganado en cancha el derecho de participar en la Primera B, pero no tenía los recursos económicos para poder pagar la cuota de incorporación sin sacrificar el patrimonio del club.
La situación llegó hasta los Tribunales de Justicia luego que la controladora Torreón S.A decidiera interponer un recurso de protección, el cual fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero desestimado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. Esta situación llevó a Valdivia a pactar con la ANFP una forma de pago que terminó con el endeudamiento del club.
La salida de Jadue y la promesa de cambio
Luego de la salida de Sergio Jadue de la ANFP y la posterior llegada de Arturo Salah, el nuevo directorio se enfocó en solucionar grietas que había abierto el antiguo directorio, entre ellas, la situación del ascenso a la Primera B.
Si bien se intentó reducir el monto de esta cuota, la constante negativa de los clubes ligados a la empresa de factoring, Factor One, propiedad de los presidentes de Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta, Felipe Muñoz y Jorge Sánchez impidió que se cumpliera con esta promesa.
Solo se logró reducir la cuota de 50 mil UF a 25 mil UF lo que de todas formas significa un monto insalvable para los clubes que militan en la Primera B. Además Barnechea no alcanzó a gozar de esta rebaja por lo que estaba obligado a pagar las 50 mil UF en total.
Cabe mencionar que la idea de la creación de una Segunda División Profesional surgió de una idea del propio Felipe Muñoz, como una forma de salvar a su equipo, Copiapó del descenso al fútbol amateur. De esta forma además la nueva categoría sirve como tapón para evitar que otras entidades se sumen al fútbol profesional y así evitar la pérdida de los ingresos que otorga el CDF.
La trampa de la Segunda División
Además de la cuota al borde de la usura que impone la ANFP a los equipos de la Segunda División Profesional, existen otros aspectos que ponen a esta categoría en desventaja respecto de los otros equipos del fútbol profesional.
La primera de ellas es que las bases y estatutos del torneo no lo deciden los equipos participantes, sino que el Consejo de Presidentes integrado por los representantes de los equipos de Primera A y Primera B.
A esto hay que sumar que no reciben ingresos por concepto de televisión, ni tampoco se les permite negociar una eventual venta de derechos de transmisión, lo que coarta el ingreso de auspicios debido a que es un producto poco visible.
Con todo, la Segunda División Profesional se sigue desarrollando, aunque cada vez con menor número de participantes.
Eventuales sanciones FIFA
Si bien es poco probable que la FIFA sancione a la Federación de Fútbol de Chile por esta situación, si es cierto que dicho organismo establece en sus estatutos que todos los problemas relacionados con el fútbol deben ser resueltos por entidades internas y no los Tribunales de Justicia.
Queda por definir entonces qué camino adoptará la ANFP aunque por lo visto en las declaraciones que se han dado hasta el momento, se optará por defender esta cuota de incorporación, independiente de los problemas que ésta traiga al fútbol chileno.
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