La batalla entre taxis y Uber está instalada hace ya un tiempo. Competencia desleal y condiciones diferenciadas desde un lado, poco profesionalismo y altos precios desde el otro. Los dardos van y vienen y el sistema de taxis alternativos sigue trabajando bajo las sombras de un sistema que aún no se regula.

La decisión está tomada: el sistema no se prohibirá, sino que se optará por regularlo. El Gobierno le dio suma urgencia, en el mes de marzo, al proyecto de ley que normará las aplicaciones Uber y Cabify en el país. La idea del proyecto es exigirle a los choferes una licencia tipo A, para choferes profesionales, que los automóviles sean de “alto estándar” -algo aún ambiguo en el proyecto-, determinar un límite de kilómetros recorridos a cada empresa y establecer un cobro por kilómetro recorrido cuyo destino sea un fondo de innovación, entre otras indicaciones.

Pero ¿qué impactos tendría la regulación del negocio de estas plataformas?

Mario Venegas, presidente de la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, menciona que ha sido un tema que no se ha tratado en el espacio, pero que de todas maneras existe una preocupación al respecto: “Hoy día el trabajo de transporte de pasajeros a través del uso de plataformas se ha transformado en una oportunidad laboral para miles de chilenos. Es un elemento no menor, en un contexto en que hay necesidades de puestos de trabajo, incluso para profesionales”.

Al parlamentario le preocupa, en términos legales, la relación contractual de quienes son denominados “socios conductores”, los choferes: “Queremos regular, imponer condiciones que se equiparen a las que le ponemos a los taxis. Nos preocupa la relación contractual de los choferes con la empresa y hemos dedicado atención también a temas tributarios. ¿Cómo tributan estas empresas? La condición es que tengan existencia legal acá en el país”, señala.

En ese sentido también se han levantado voces en torno a la pobre estabilidad de los choferes. Jorge Pérez, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, señala que contabilizar a los conductores como empleados sería injusto “Es difícil que a cualquier tasa de desempleo razonable lo pueda afectar una regulación a algo como Uber o Cabify. Lo más complicado acá es que los incentivos para dar un buen servicio de parte de la empresa están en total pugna con la satisfacción de las personas trabajadoras. A Uber le conviene que haya tantos choferes como se pueda en las calles y le da lo mismo cuánto gane cada uno. Ellos están del lado del usuario del taxi. Es como un subcontrato llevado al límite”.

Pérez denuncia las deficiencias del sistema de taxis, pero también valora que existan políticas para evitar los vicios del sistema de plataformas como, por ejemplo, el congelamiento del parque de taxis.

El académico cree que el debate no puede solo acotarse a Uber o Cabify: “Lo que falta es una discusión un poco más general sobre cómo nos adaptamos a este empuje de grandes empresas tecnológicas que cambian las relaciones de trabajo. No tiene sentido hacer una ley “para Uber”. Está bien centrarse en esto primero, pero falta una discusión más general, que es cómo le permitimos a estas empresas monopólicas que ellas pongan las reglas de la nueva fuerza laboral o cómo planteamos alternativas”.

El proyecto de ley recibió todas las indicaciones hasta este martes las que serán revisadas en un periodo que aún no se ha definido. La comisión pretende afinar el texto y estar votándolo en un plazo de aquí a un par de meses.