“Principios para una reforma al sistema de pensiones”. Así denominó el Centro de Estudios Espacio Público el informe que entregó como insumo para el proyecto que reforma el sistema previsional.
En ese contexto distintos especialistas se dieron cita para debatir respecto a los problemas identificados por la entidad en torno al tema. Entre ellos se encontraba Sebastián Gray, arquitecto y director del centro de estudios, Andrea Repetto, directora de Espacio Público, Cristóbal Huneeus, asesor del ministerio del Trabajo y Previsión Social, Augusto Iglesias, ex Subsecretario de Previsión Social y actual coordinador del equipo programático de pensiones de Sebastián Piñera, Marco Kremerman, investigador de Fundación Sol y representante de la postura de No+AFP y Andras Uthoff, ex miembro de la Comisión Bravo.
Los principales problemas detectados fueron, primero, la insuficiencia de las pensiones. En este ítem se aludió a los grupos medios como los grandes afectados en la materia. En segundo lugar se identificó la escasa seguridad social del sistema que, “al descansar principalmente en el ahorro individual, ofrece a los afiliados escasa protección contra ciertos riesgos”. “Bajo el esquema actual, los trabajadores asumen todo el riesgo de experimentar lagunas previsionales y castiga a las mujeres por ganar menos, jubilar antes y vivir más”, señala el documento.
Finalmente se identificó la baja legitimidad con la que cuenta el sistema, asociado a la idea de que existe una sensación de engaño, problemas de origen (por su imposición en dictadura) y otros factores.
El informe entregado presenta también los principios que debe contemplar una reforma a las pensiones. Aumentar el monto de las jubilaciones actuales y futuras, incorporar nuevos elementos redistributivos que refuercen los componentes de aseguramiento colectivo y el carácter de seguridad social, dotar de legitimidad al sistema y otorgarle un mayor rol al Estado como garante de la seguridad social son los cuatro pilares que levanta el organismo como esenciales para la implementación de esta nueva política.
394 mil empleos
Durante la tarde de este miércoles un informe elaborado por los ministerios de Trabajo y Hacienda, en conjunto con la Comisión Nacional de Productividad, dio cuenta del alto impacto que podrían tener las leyes que reformarán el modelo de pensiones. El documento señala que el Gobierno estima que el costo del 5% adicional de cotización tendrá un impacto de entre 2.200 y 394 mil empleos formales.
Al ser consultados los expositores sobre esta materia, existe consenso en que esta cifra no contempla la gradualidad con que será implementada la reforma. Así lo sostuvo Andrea Repetto: “No es exactamente lo que va a hacer la reforma. Llama la atención que entreguen la información de esa manera. El rango es amplio, eso sugiere que hay harta incertidumbre en torno a la propuesta. (El documento señala) un cambio de una cotización de una vez de 5 puntos, sin reconocer que buena parte de eso se recibe de vuelta. Los efectos debieran ser mucho más pequeños, sobre todo si uno lo mira de manera gradual. En este cálculo no se midió la gradualidad”.
Marco Kremerman declaró en la misma línea: “En general cualquier medida económica puede tener eventual impacto sobre el empleo, inflación u otras variables. Ahora, el tema es que es importante considerar todos los aspectos, como por ejemplo en este caso aumentar la tasa de cotización. Hay aspectos que pueden ser negativos y positivos en potenciales impactos económicos. Pero pensemos en los positivos: ¿qué pasa cuando aumente la tasa de cotización? Si se mejoran las pensiones actuales, los pensionados van a generar un poco más de recursos y eso también dinamiza la economía, lo que genera empleos y reactiva la inversión”.
Mientras, Cristóbal Huneeus, criticó la forma en que se entregó esta información: “una manera de interpretarlo es que el aumento de cotización se hace de un año para otro. Estos serían los costos de hacerlo así. Pero el Ejecutivo no va a hacer esto, lo va a hacer en 6 años, de manera gradual. Por lo tanto, los costos van a ser menores porque la estimación de los costos no considera la transición que propuso el Ejecutivo”, señaló.