En junio de 1967 The Beatles lanzaron una canción que se tituló “With a little help from my friends”, en la que Ringo Starr cantaba que todo era posible con una pequeña ayuda de los amigos. Cincuenta años después, La Moneda, la Conferencia Episcopal y los grandes empresarios son los amigos que el Papa Francisco necesita para financiar su visita a Chile programada para enero próximo.

Hace algunas semanas el ministerio de Hacienda viene trabajando en una ley especial que permitirá que las donaciones realizadas por las empresas que contribuyan al financiamiento de la visita papal, estén sometidas a un régimen tributario distinto al que suele regir para las donaciones. La fórmula es que las corporaciones puedan, desde el punto de vista contable, registrar ese financiamiento como un gasto normal de sus operaciones. En otras palabras, no pagarán impuestos especiales por financiar la visita del jefe de Estado del Vaticano y líder mundial del catolicismo.

El equipo tributario bajo las órdenes del ministro Rodrigo Valdés está afinando en estos días los detalles técnicos de esta “ley corta”, que después será traspasada a la Secretaría General de la Presidencia, entidad encargada de su redacción final y de lograr su aprobación en el Congreso. Según fuentes consultadas por este medio, y que prefirieron hablar desde el anonimato, la Segpres ya ha sido notificada de que pronto recibirá el borrador de Hacienda.

“Los grandes grupos empresariales, estamos hablando de los Matte, Angelini, Luksic, además de la Conferencia Episcopal, están empujando a favor de esta legislación”, sostiene un funcionario del gobierno que está al tanto de este proceso.

De momento, esta iniciativa ha pasado inadvertida ante la opinión pública. Sin embargo, se trata de algo que ha contado con el respaldo pleno del palacio de gobierno, que dio luz verde a esta ley especial y ha instruido a los ministerios de poner en marcha esta legislación. “Se trata de un vehículo tributario del Estado para que los aportes de las empresas a la visita del Papa se hagan de la manera más transparente”, sostuvo Benito Baranda a Radio Universidad de Chile, el coordinador estatal del viaje pontificio, que fue designado por Bachelet a mediados de año.

Pero algunos altos funcionarios del gobierno no lo ven de esa manera. “¡Qué poderosos son los grandes empresarios!”, afirmó uno de ellos. “Financian la llegada de su propio líder espiritual y exigen que se les rebajen los impuestos”.

La idea de elaborar este mecanismo tributario excepcional fue propuesta a la Presidenta Michelle Bachelet y a su ministro del Interior, Mario Fernández, en una de las reuniones que estos sostuvieron con miembros de la comisión nacional de la Iglesia Católica que está a cargo de supervisar la visita papal. El comité ejecutivo de esta está conformado por monseñor Fernando Ramos, obispo auxiliar de Santiago, Javier Peralta, María Paz Vicuña y Loreto Moore.

Este mecanismo para fomentar las donaciones de las empresas para fines religiosos no es nada nuevo. De hecho, se habría utilizado para la visita del Papa Juan Pablo II en plena dictadura en 1987, y también se usó en los años 90 en dos ocasiones más. La primera fue en septiembre de 1991, cuando se modificó el artículo 46 de la Ley 18.899 para incentivar donaciones empresariales con el fin de construir un santuario para Sor Teresa. “Los contribuyentes que efectúen donaciones a la Fundación Teresa de los Andes podrán rebajar como gasto las sumas de dinero donadas”, se afirma en esa ley respecto al santuario que lleva décadas en “construcción”. La segunda ocurrió en enero de 1995, cuando el Congreso Nacional estableció beneficios tributarios para las donaciones a la Fundación Alberto Hurtado, en el contexto de la canonización del sacerdote jesuita. En el artículo 1 de la Ley 19.371 se estableció que “los contribuyentes que efectúen donaciones a la Fundación Alberto Hurtado podrán rebajar como gasto las sumas donadas”.

Los comisionados de la Iglesia Católica expusieron estos ejemplos de hace 20 años para convencer a La Moneda, de manera exitosa, y hacer lo mismo ahora con la llegada del Papa Francisco. Y ello, probablemente, sucedió en una reunión que todos los involucrados tuvieron a fines de junio. El ministro del Interior, que es miembro del Opus Dei, una corriente conservadora dentro del catolicismo, no ha hablado mucho al respecto. Pero después de ese encuentro el jueves 29 de junio, Benito Baranda le dijo a la prensa en un patio de La Moneda. “Sobre los presupuestos, vamos a tener claridad yo creo que en dos semanas más” y agregó que “la mayor cantidad de los recursos los va a recaudar la Iglesia, que va a correr con la mayoría de los gastos, porque esos gastos van a ser aportados por la ciudadanía”.

Pero “la ciudadanía” parecen ser las grandes empresas. Al consultar a varios miembros que participan en la logística de la visita del Papa argentino, ninguno pudo calcular el porcentaje que esperan recaudar de esos conglomerados, algunos de los cuales están estrechamente vinculados a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Es el caso, por ejemplo, del Grupo Matte, cuyo mandamás renunció a liderar las empresas ligadas a la Papelera después de que se descubriera que estas habían estafado a los consumidores chilenos al arreglar los precios de sus productos. Con anterioridad, Eliodoro Matte también había sido objeto de críticas por defender a rajatabla al cura Fernando Karadima, sancionado por el propio Vaticano por abusos sexuales en contra de jóvenes que asistían a su parroquia en el Bosque Norte, en la comuna de Providencia.

Diversas fuentes contactadas por Radio Universidad de Chile descartan por completo cualquier lobby de estas grandes empresas. “Ni siquiera saben acerca de esta ley que se está preparando”, aseguró una de ellas. “Además, sería contraproducente, nadie quiere que se piense que la venida del Papa se va a financiar con platas de los grandes conglomerados”.

Este medio contactó a representantes de esos grandes grupos corporativos, quienes afirmaron desconocer por completo las gestiones legislativas del Ejecutivo.

En tanto, Javier Peralta, el director ejecutivo de la comisión que, por parte de la Iglesia, supervisa y organiza la llegada de Francisco, afirmó a este diario que pensar que los empresarios más acaudalados del país serán la fuente principal del financiamiento es “una lectura sesgada y alejada de la realidad”. Según Peralta, “la visita del Papa se financiará mediante cuatro fuentes”, afirma. “Platas de instituciones ligadas a la Iglesia, personas naturales, colectas en las parroquias de todo el país, y los aportes de empresas”.

El director ejecutivo de la visita papal descarta de plano que la ley que trabaja actualmente el Ministerio de Hacienda esté confeccionada a la medida de los poderosos grupos económicos. Según él, son muchos los empresarios medianos y pequeños de Iquique y Temuco, las dos paradas previstas por Jorge Mario Bergoglio, los que quieren contribuir al éxito de la gira pontificia.

Se calcula que la visita del Papa podrá costar en torno a los 6 millones de dólares. Pero, contrario a lo que se ha publicado en muchos medios, gran parte de ese dinero vendrá de aportes privados y de la Iglesia, no así del Estado. De privados como las empresas grandes y medianas de Santiago o de regiones, para quienes la rebaja tributaria podrá ser un incentivo atractivo para financiar la visita del Papa y la propaganda a sus creencias.

“El problema es que esta ley saldrá de manera sigilosa, entre gallos y medianoche”, afirma un abogado gubernamental. “Y al final, los empresarios podrían salir con la suya, como siempre”.