La semana pasada el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó demandas colectivas contra Aguas Andinas por los cortes masivos de suministro de abril de 2016, febrero y abril de 2017, con el fin de compensar a los consumidores, considerando que la empresa no estuvo dispuesta a hacerlo por iniciativa propia.
A esto se suma que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) multó a la empresa por 450 millones de pesos, por el corte de del 26 y 28 de febrero pasados, bajo los cargos de manejo deficiente de la turbiedad del río Maipo. El ente fiscalizador le imputó a la empresa sanitaria haber infringido el deber de informar oportunamente a la población y a las autoridades la emergencia y el corte del suministro.
Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), planteó la necesidad de que las multas que se le cursan a empresas de servicios básicos vayan directo a los bolsillos de los clientes, ya que ellos son los principales afectados con los cortes de suministro.
“Nosotros proponemos, derechamente, que las multas no vayan a beneficio fiscal, salvo las que tiene que cumplir por ley porque si la ley dice que hay que multarlos, tiene que hacerlo, pero no puede ser que 450 millones o la cantidad que debe pagar Enel que son 9 mil millones, cuando el consumidor no es el reparado”.
Larenas recordó el caso de la empresa Aguas Chañar en la región de Atacama, la cual ha demostrado prestar un servicio absolutamente deficiente, por lo que está al borde de ser caducada su concesión por parte del Estado, como ejemplo de lo que debería suceder con Aguas Andinas de continuar con este tipo de episodios.
En similares términos se manifestó el ingeniero y experto de hidráulica de la Universidad de Santiago (USACh) Carlos Reiher quien planteó que este tipo de problemas se relacionan con el actuar de Aguas Andinas, pero también en otras empresas de servicios sanitarios.
“Este es solamente uno de los casos porque otros están un poco más enmascarados por ejemplo cortes de agua que ha habido en la región de O’Higgins, en la región de Valparaíso de los cuales no se sabe demasiado porque hay una información que está más centralizada en el impacto sobre Santiago, pero otras empresas también adolecen de falta de información, y también le deberían caer multas que van a ser siempre de un orden bastante menor a lo que se esperaría para que sea un incentivo real de hacer las inversiones a tiempo”.
Reiher hizo énfasis en que el Estado debe tener mayor injerencia a la hora de hacer cumplir con la entrega de servicios básicos, recordando que así como sucedió con la gente electrodependiente con los prolongados cortes de luz de la empresa Enel, el agua potable es aún más importante porque todos dependemos de su abastecimiento.
El arquitecto y urbanista de la USACh Jonás Figueroa calificó como la gran utopía del siglo XXI la construcción de infraestructura en todo ámbito, como ha quedado demostrado en el último tiempo con las lluvias, con los incendios, los terremotos, la vialidad, por lo que es necesario que más que declaraciones desde Aguas Andinas, lo que se requiere son obras.
En la actualidad existe un proyecto de construcción de seis estanques de reserva de agua cruda, que esperan acumulen 1 millón 500 mil metros cúbicos, los cuales estarán ubicados en la comuna de Pirque, el cual está esperando la Resolución de Calificación Ambiental, no obstante dicho estanque no estaría listo antes de 2019. Este plan otorgaría una autonomía de 32 horas en el abastecimiento de agua potable para la Región Metropolitana ante posibles eventos de alta turbiedad en el río Maipo.
La semana pasada el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó demandas colectivas contra Aguas Andinas por los cortes masivos de suministro de abril de 2016, febrero y abril de 2017, con el fin de compensar a los consumidores, considerando que la empresa no estuvo dispuesta a hacerlo por iniciativa propia.
A esto se suma que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) multó a la empresa por 450 millones de pesos, por el corte de del 26 y 28 de febrero pasados, bajo los cargos de manejo deficiente de la turbiedad del río Maipo. El ente fiscalizador le imputó a la empresa sanitaria haber infringido el deber de informar oportunamente a la población y a las autoridades la emergencia y el corte del suministro.
Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), planteó la necesidad de que las multas que se le cursan a empresas de servicios básicos vayan directo a los bolsillos de los clientes, ya que ellos son los principales afectados con los cortes de suministro.
“Nosotros proponemos, derechamente, que las multas no vayan a beneficio fiscal, salvo las que tiene que cumplir por ley porque si la ley dice que hay que multarlos, tiene que hacerlo, pero no puede ser que 450 millones o la cantidad que debe pagar Enel que son 9 mil millones, cuando el consumidor no es el reparado”.
Larenas recordó el caso de la empresa Aguas Chañar en la región de Atacama, la cual ha demostrado prestar un servicio absolutamente deficiente, por lo que está al borde de ser caducada su concesión por parte del Estado, como ejemplo de lo que debería suceder con Aguas Andinas de continuar con este tipo de episodios.
En similares términos se manifestó el ingeniero y experto de hidráulica de la Universidad de Santiago (USACh) Carlos Reiher quien planteó que este tipo de problemas se relacionan con el actuar de Aguas Andinas, pero también en otras empresas de servicios sanitarios.
“Este es solamente uno de los casos porque otros están un poco más enmascarados por ejemplo cortes de agua que ha habido en la región de O’Higgins, en la región de Valparaíso de los cuales no se sabe demasiado porque hay una información que está más centralizada en el impacto sobre Santiago, pero otras empresas también adolecen de falta de información, y también le deberían caer multas que van a ser siempre de un orden bastante menor a lo que se esperaría para que sea un incentivo real de hacer las inversiones a tiempo”.
Reiher hizo énfasis en que el Estado debe tener mayor injerencia a la hora de hacer cumplir con la entrega de servicios básicos, recordando que así como sucedió con la gente electrodependiente con los prolongados cortes de luz de la empresa Enel, el agua potable es aún más importante porque todos dependemos de su abastecimiento.
El arquitecto y urbanista de la USACh Jonás Figueroa calificó como la gran utopía del siglo XXI la construcción de infraestructura en todo ámbito, como ha quedado demostrado en el último tiempo con las lluvias, con los incendios, los terremotos, la vialidad, por lo que es necesario que más que declaraciones desde Aguas Andinas, lo que se requiere son obras.
En la actualidad existe un proyecto de construcción de seis estanques de reserva de agua cruda, que esperan acumulen 1 millón 500 mil metros cúbicos, los cuales estarán ubicados en la comuna de Pirque, el cual está esperando la Resolución de Calificación Ambiental, no obstante dicho estanque no estaría listo antes de 2019. Este plan otorgaría una autonomía de 32 horas en el abastecimiento de agua potable para la Región Metropolitana ante posibles eventos de alta turbiedad en el río Maipo.
La semana pasada el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó demandas colectivas contra Aguas Andinas por los cortes masivos de suministro de abril de 2016, febrero y abril de 2017, con el fin de compensar a los consumidores, considerando que la empresa no estuvo dispuesta a hacerlo por iniciativa propia.
A esto se suma que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) multó a la empresa por 450 millones de pesos, por el corte de del 26 y 28 de febrero pasados, bajo los cargos de manejo deficiente de la turbiedad del río Maipo. El ente fiscalizador le imputó a la empresa sanitaria haber infringido el deber de informar oportunamente a la población y a las autoridades la emergencia y el corte del suministro.
Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), planteó la necesidad de que las multas que se le cursan a empresas de servicios básicos vayan directo a los bolsillos de los clientes, ya que ellos son los principales afectados con los cortes de suministro.
“Nosotros proponemos, derechamente, que las multas no vayan a beneficio fiscal, salvo las que tiene que cumplir por ley porque si la ley dice que hay que multarlos, tiene que hacerlo, pero no puede ser que 450 millones o la cantidad que debe pagar Enel que son 9 mil millones, cuando el consumidor no es el reparado”.
Larenas recordó el caso de la empresa Aguas Chañar en la región de Atacama, la cual ha demostrado prestar un servicio absolutamente deficiente, por lo que está al borde de ser caducada su concesión por parte del Estado, como ejemplo de lo que debería suceder con Aguas Andinas de continuar con este tipo de episodios.
En similares términos se manifestó el ingeniero y experto de hidráulica de la Universidad de Santiago (USACh) Carlos Reiher quien planteó que este tipo de problemas se relacionan con el actuar de Aguas Andinas, pero también en otras empresas de servicios sanitarios.
“Este es solamente uno de los casos porque otros están un poco más enmascarados por ejemplo cortes de agua que ha habido en la región de O’Higgins, en la región de Valparaíso de los cuales no se sabe demasiado porque hay una información que está más centralizada en el impacto sobre Santiago, pero otras empresas también adolecen de falta de información, y también le deberían caer multas que van a ser siempre de un orden bastante menor a lo que se esperaría para que sea un incentivo real de hacer las inversiones a tiempo”.
Reiher hizo énfasis en que el Estado debe tener mayor injerencia a la hora de hacer cumplir con la entrega de servicios básicos, recordando que así como sucedió con la gente electrodependiente con los prolongados cortes de luz de la empresa Enel, el agua potable es aún más importante porque todos dependemos de su abastecimiento.
El arquitecto y urbanista de la USACh Jonás Figueroa calificó como la gran utopía del siglo XXI la construcción de infraestructura en todo ámbito, como ha quedado demostrado en el último tiempo con las lluvias, con los incendios, los terremotos, la vialidad, por lo que es necesario que más que declaraciones desde Aguas Andinas, lo que se requiere son obras.
En la actualidad existe un proyecto de construcción de seis estanques de reserva de agua cruda, que esperan acumulen 1 millón 500 mil metros cúbicos, los cuales estarán ubicados en la comuna de Pirque, el cual está esperando la Resolución de Calificación Ambiental, no obstante dicho estanque no estaría listo antes de 2019. Este plan otorgaría una autonomía de 32 horas en el abastecimiento de agua potable para la Región Metropolitana ante posibles eventos de alta turbiedad en el río Maipo.
