De acuerdo a un estudio que realizó el ingeniero civil hidráulico Gino Sturla junto a los economistas Simón Accorsi y Eugenio Figueroa de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la renta económica que obtuvieron las 10 empresas mineras más grandes de Chile fue de 120 mil millones de dólares, entre 2005 y 2014.

El concepto se refiere a las ganancias obtenidas por sobre lo necesario para mantener los niveles de inversión y producción a largo plazo y, entre ellas, de las mineras Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Escondida y Collahuasi.

Sturla dijo que la rentabilidad de un 10 por ciento se califica como un buen índice en el sistema financiero actual. Los dividendos por sobre el 25 por ciento luego de pagar los impuestos correspondientes se consideran excesivos, lo que se puede observar en el caso del sector minero.

Respecto de esto, Gino Sturla dijo que la legislación permite que las ganancias no aparezcan formalmente en balances y que a raíz de los datos, el Gobierno debería rediscutir la Ley de Royalty a las compañías que explotan cualquier recurso natural del territorio.

El ingeniero sostuvo que es necesario definir una política de explotación, como lo han hecho otros países como Australia o Canadá, con cobros a la extracción de recursos para elaborar otro marco de regulaciones.

Sin embargo, la situación en Chile es completamente distinta, enfatizó el profesional, porque se subsidian a los grandes conglomerados para que mantengan sus faenas principalmente en zonas de gran déficit hídrico, donde tampoco se les cobra por extraer agua.

Mientras, el economista del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, explicó que en 2006 entró a regir el impuesto especial a la operación de las empresas mineras, conocido como royalty, pero en 2010 durante el gobierno de Sebastián Piñera se incorporaron modificaciones que rebajaron el índice.

El problema es que ese impuesto se aplica a las utilidades y no a las ventas de las empresas que hasta el año pasado declararon pérdidas. Según explicó el economista: “Hasta la década de los 90 la tributación era sobre la base de las ventas y nadie podía eludir la tributación porque desde el momento que se vendía la primera tonelada de cobre se tenía que pagar impuestos. Pero la Concertación en la primera Reforma Tributaria en la Ley 18.985 cambió la norma desde renta presunta a renta efectiva, es decir, sólo si tiene utilidades la empresa paga impuestos”.

Regulaciones sin avance

Desde la Nueva Mayoría han insistido en revisar esta legislación para aplicar mayores regulaciones al sector y así aumentar las contribuciones por la extracción de recursos escasos en el país.

El diputado comunista Daniel Núñez insistió en que se debe revisar este cuerpo legal basándose en criterios técnicos que garanticen un equilibrio entre el crecimiento económico y la recaudación fiscal.

Durante las últimas décadas, las grandes empresas han obtenido utilidades por sobre el 50 por ciento de su inversión. Los ejecutivos de estas empresas han recalcado que se debe al buen manejo financiero que han tenido desde el sector privado.

El tema cobra especial relevancia considerando que Chile concentra cerca del 30 por ciento del cobre mundial, pero al contar con una legislación flexible se les ha permitido a los capitales trasnacionales explotar esa riqueza por impuestos que no son tan elevados considerando sus gigantescas utilidades.