Continúan las reacciones por el incendio registrado la madrugada del lunes en San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, que dejó 29 camiones quemados.

Los gremios de camioneros se encuentran divididos ante la convocatoria a paro que realizaron algunos dirigentes, luego de registrarse el incendio que afectó a una flota de maquinarias en San José de la Mariquina, región de Los Ríos.

El presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez, exigió al Gobierno que, en un plazo de siete días, aplicara una serie de medidas para evitar un nuevo episodio que afecte a sus maquinarias.

El también integrante del comando del candidato presidencial  Sebastián Piñera, afirmó que de no cumplirse ese plazo – el próximo miércoles- iniciarían un paro indefinido.

Sin embargo, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), que integra a 125 asociaciones gremiales en el país, manifestó no compartir la manera en que han llevado el conflicto en este y en casos anteriores.

Para el presidente de la organización, Juan Araya, los únicos afectados con un paro serían los pequeños y medianos propietarios de camiones.

El dirigente enfatizó que hace “mucho tiempo comenzaron un diálogo con las autoridades, pero todos los actores tienen que reconocer que los camioneros no tienen ninguna herramienta para solucionar un conflicto político”.

De todas maneras, a su juicio, la responsabilidad tampoco  recaería en el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, sino que en el Ministerio Público que no han sabido dirigir las investigaciones para ubicar a los autores de los hechos.

Araya  explicó que los grandes trasportistas cuentan con subsidios que les cubren hasta el 100 por ciento de los daños, es el caso de la flota perteneciente a la compañía Sotraser del grupo Bethia, propiedad del empresario Carlos Heller.

Una condición con la que no cuentan las asociaciones gremiales, que integran de tres o cuatro camiones, quienes insistieron no se plegarán al paro: “El tema tiene muchas aristas, es algo mucho más profundo, y hay que tener claro que aquí no somos nosotros los que le quitamos las tierras a los mapuche”, sostuvo.

 “Es una receta fracasada”

La intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos, confirmó el refuerzo policial para la macrozona que comprende las regiones del Bio Bío, la Araucanía y Los Ríos, con cien efectivos policiales y una revisión cada 15 días de la situación para evitar nuevos hechos incendiarios.

Sin embargo, Francisco Huenchumilla, ex intendente y actual candidato a senador por la Araucanía se mostró escéptico de la aplicación de esta medida porque, a su juicio, se trata de “una receta fracasada”.

“Si a alguien le queman los camiones naturalmente que esa persona va a estar muy indignada y va a requerir de la autoridad una actitud tendiente a resolver esos temas. Pero, por otro lado, los camioneros tienen que entender que para resolver el conflicto no basta en pensar en la fuerza. Esto requiere de una salida política que pasa, entre otras cosas, en que los mismos camioneros reconozcan a los mapuche como interlocutores políticos”, dijo.

Huenchumilla insistió en que “en un diálogo no debe vetarse a nadie como principio político. La Comisión Asesora para la Araucanía fue sólo una instancia de políticas públicas pero que no resuelven el fondo del conflicto que no depende de un gobierno sino del Estado. No he visto eso en los últimos 20 años”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, dijo que cada cierto tiempo se expresa el descontento ante un conflicto histórico que todos los gobiernos han manejado de manera equivocada.

El abogado señaló que, entre otros aspectos, no se han hecho cargo del empobrecimiento que ha generado la industria forestal para las comunidades mapuche.

Recordemos que la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC) entregó un petitorio al Gobierno donde solicitaba modificaciones a la Ley Antiterrorista, la creación de una unidad de investigación y persecución penal especializada, y la designación de un delegado presidencial por tiempo indefinido.

El petitorio fue ingresado al Ministerio del Interior para ser evaluado y, según indicaron, se dará respuesta en un plazo razonable porque dar “ultimátum” no era en ningún caso la manera apropiada de abordar este tipo de materias.