Fue una de las noticias de la semana. Desconocidos quemaron durante la madrugada del lunes 29 camiones en el sector de San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos. El escrito que se encontró en el recinto de los hechos declaraba lo siguiente: “Fin al montaje Lucksinger (sic) Mackay. Libertad a todos los PP (presos políticos) mapuche. Sabotaje al negocio forestal”.

A raíz de este suceso en Radio y Diario Universidad de Chile conversamos con José Aywlin, director del Observatorio Ciudadano, para analizar las variantes que a la hora de evaluar estos acontecimientos no son tomados en cuenta.

Sobre la quema de camiones, ¿de qué manera se puede interpretar?

Es parte de un conflicto muy largo, de raíces muy profundas y que cada cierto tiempo se expresa de diferentes formas. En ocasiones se expresa a través de la violencia que las fuerzas policiales ejercen en contra de comunidades, otras se expresa en estos hechos de violencia reactiva que en algunas ocasiones adjudicados al mundo mapuche sin previa investigación, en otras ocasiones auto adjudicados. Parece ser el caso. Se trata de hechos de fuerza que son condenables, que deben ser investigados y sancionados. Sin embargo el Estado y la sociedad chilena en su conjunto no se hacen cargo de los temas más profundos de este malestar que cada cierto tiempo se expresa en hechos como este.

El gobierno ha decidido invocar la ley Antiterrorista. El argumento del subsecretario Aleuy es que se puso en riesgo la vida de personas. La decisión de invocar y los argumentos que se dan para ello ¿qué opinión te merecen?

Ha sido una retórica transversal a varios gobiernos. Responde a estas ideas de que las acciones que impulsan los mapuche caben dentro del marco penal de esta ley Antiterrorista. De alguna manera también tienen por objeto demostrar que se aplicará el máximo rigor de la ley. Se olvidan, al hacerlo, que esta es una legislación que no se condice con lo estándares de derechos humanos. Lo dicen reiteradamente órganos del sistema de Naciones Unidas. Lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalando que esta ley tiene tipos penales muy amplios. Caben delitos contra la propiedad, incendios y en general el estándar internacional señala que el terrorismo afecta la vida, la integridad física… Por otro lado, no se condice con los derechos del debido proceso. Por ejemplo, contra-interrogación de los testigos de identidad protegida. Permite periodos de prisión preventiva tremendamente largos. Muchos de esos casos terminan con las personas absueltas. Para eso existe legislación ordinaria. El Estado no se hace cargo del tema de fondo. En este caso, el tema tiene que ver con los impactos que ha generado la industria forestal en el mundo mapuche, particularmente esta industria, con un millón y medio de hectáreas al sur del Biobío. Es un porcentaje muy significativo, sobreponiéndose a tierras de ocupación tradicional mapuche que el propio convenio 169 considera que son tierras de propiedad indígena  que deben serles restituidas.

Pensemos también en los impactos sociales la forestación. Ha generado migración, demostrado por las propias estadísticas del Estado. Ha generado empobrecimiento, en las comunas más pobres de Chile tienen porcentajes de forestación muy elevados. Problemas con las aguas. En La Araucanía solamente hay un 10% de la población es abastecida con agua por camiones aljibe. Las aguas se fueron, porque estas plantaciones exóticas han absorbido las que ahí habían.

Hay otro factor,  y es que siendo la industria forestal tan importante, un puntal del sector exportador chileno, al mismo tiempo, cuando uno mira los indicadores oficiales del ministerio de Desarrollo Social, aparece casi siempre la región de La Araucanía con los peores indicadores sociales del país: pobreza, indigencia… ¿Qué podríamos decir al respecto?

No cabe duda de que ahí hay una relación. El modelo forestal se ha expandido desde el centro sur hasta la isla de Chiloé. Por otro lado también son tierras de ocupación tradicional mapuche, por lo tanto afectan al mundo mapuche que no solo habita en La Araucanía. El modelo forestal tiene paradojas muy grandes. Una es cómo se impulsó este modelo. Se impulsó en contra de la reforma agraria a través de la adquisición a precios muy bajos en tiempos en que Ponce Lerou era director de Conaf, y posibilitó la conformación de estos grandes conglomerados. Hay dos empresas que tienen cerca de un millón y medio de hectáreas, que controlan este mercado de la madera y la celulosa, que además tienen plantaciones financiadas con recursos del Estado. Generan grandes utilidades, pero a la vez tienen externalidades muy potentes. Son plantaciones de largo plazo, de ciclos de rotación largo, no requieren de mano de obra, entonces expulsan mano de obra del mundo mapuche, que coexistió y se apropió de la ganadería y del trigo.

Hay una paradoja mayor que tiene que ver con que este mega proycto de tres millones de hectáreas en total, un  millón y medio al sur del Biobío, no ha sido evaluado ambientalmente porque la legislación establece que para el centro sur del país se evaluan ambientalmente y requerirían de consulta indígena cuando afectan directamente a pueblos indígenas, solo si son paños mayores de 500 hectáreas. No conozco ningún paño de plantación que alcance las 500 hectáreas. ¿Por qué? Porque se quiere omitir la evaluación ambiental.

Uno podría decir que al invocar la ley Antiterrorista el gobierno se está apartando del estándar internacional. El tema es que los camiones no solo sostienen esta ley, sino que además la quieren profundizar. Que le dé mayores facultades a las policías y fiscales, que incorpore la figura del agente encubierto, los testigos protegidos… ¿Cuál es su apreciación respecto de esta agenda?

Yo creo que apunta en la dirección de la mano dura, de la represión. Instancias internacionales han recomendado la modificación de la ley, pero precisamente para proteger las garantías del debido proceso, para clarificar el tipo penal que es includio en esta legislación. Ahora, la preocupación de los camioneros es legítima, sin embargo yo diría que el tema de fondo sigue pendiente para la sociedad chilena en su conjunto y particularmente para el Estado en momentos de elecciones presidenciales. No hay un pacto social con el mundo mapuche como lo ha habido en otros contexto de América Latina. Chile sigue concibiéndose como un país monoétnico, como un país en que no existe la diversidad indígena y no existen sus derechos colectivos. Los pueblos indígenas reclaman que Chile sea declarado un país plurinacional, que se generen espacios de participación política en una realidad en la que hay cero representación indígena en el Congreso, que se generen espacios de autonomía, de manera que en ciertos territorios de alta demografía indígena estos pueblos puedan definir sus propias prioridades en materia de desarrollo y no se les imponga un modelo como el forestal. En esa materia Chile está pendiente y lamentablemente uno ve que el debate presidencial es bastante pobre.

Al principio de este gobierno el intendente Huenchumilal hablaba del “nuevo trato”. ¿Fracasó el gobierno en ese propósito?

Lamentablemente este gobierno mantuvo las contradicciones de gobiernos anteriores y mantuvo una retórica del reconocimiento que Huenchumilla, por ser mapuche y por haber vivido un proceso político de auto identificación, enarboló. Él siempre sostuvo que este es un tema político y requiere de un diálogo político, pero esta administración mantuvo la ambigüedad de administraciones anteriores, sacó al intendente Huenchumilla, que evidenció la contradicción entre las aspiraciones de libre determinación del mundo mapuche y de autonomía, con el modelo forestal. Recordemos que e él hizo un planteamiento sobre la salida de las forestales. Una salida gradual del territorio de ocupación tradicional mapuche. Después, el gobierno impulsó estos diálogos coordinados por el Obispo Vargas. Esos diálogos tuvieron un pecado original. Cuando uno dialoga con el otro, el otro es el que define sus interlocutores. En este caso fue el gobierno y el Obispo quienes definieron los interlocutores mapuche  y obviamente el mundo mapuche se restó de ese proceso de diálogo y los resultados, lejos de hacerse cargo de las demandas mapuche, retrocedieron en relación a lo que fue la comisión de Verdad Histórica y Nuevo trato de 2003, que tenía un sustento de derecho. El plan de La Araucanía, más allá del perdón de la Presidenta, se basa en la inclusión de los mapuche al mundo productivo, la asociatividad con el mundo empresarial… Deja mucho que desear. El tema sigue pendiente.