Este martes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó con una amplia mayoría la idea de legislar sobre el proyecto de universidades estatales, a pesar de las críticas que han presentado las comunidades universitarias de dichos planteles, quienes salieron a las calles para protestar contra la iniciativa.

Sobre este tema, la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile y miembro del Senado Universitario, María Eugenia Domínguez, señaló que si bien con este proyecto se esperaba una mejor relación entre el Estado y sus instituciones, esto no se ha cumplido.

La senadora universitaria manifestó que la urgencia que ha tenido el proyecto no ha permitido pensar de forma estratégica el espacio que deben ocupar los planteles estatales en la generación de conocimiento y la formación de profesionales para el país en su conjunto.

En esa línea, dijo que durante la tramitación de la iniciativa las comunidades educativas han sido tratadas de una “manera tremendamente autoritaria”. Desde su perspectiva esto debe situarse en un contexto internacional donde sigue avanzando un sistema económico e ideológico capitalista. “Es lo que llamamos capitalismo cognitivo; la privatización de la producción del conocimiento y su divorcio con un conocimiento al servicio de las sociedades”.

Para la académica esta reforma no permite revertir los procesos educativos que se iniciaron en dictadura. “Este proyecto consagra el espíritu de la reforma de los años 80, y lo hace porque conserva la participación en el mercado de las instituciones privadas y no restituye el lugar de las universidades del Estado. Los estudiantes no tienen otra opción que ir a los planteles privados y hemos visto varios dramas, por ejemplo, lo que sucedió con la Universidad del Mar, la Iberoamericana y la Arcis”.

La académica indicó que reestablecer un rol central de las universidades del Estado y de la formación técnica superior pública, significa ampliar la matrícula y establecer una base de financiamiento progresivo que no esté supeditada a las glosas presupuestarias. En este punto se refirió a la Universidad de Chile, que actualmente debe buscar el 92 por ciento de los ingresos de forma externa.

“Esto se traduce en conseguir recursos por diversas vías, por ejemplo, a través de los aranceles de matrícula que termina por afectar a las familias, o la venta de servicios. La universidad en su conjunto termina entrando en una lógica empresarial porque el Estado no le deja otra opción. Esto afecta bastante a los planteles regionales, por eso decimos que esta es una pelea de las universidades públicas en su conjunto”, afirmó.

Respecto de la soberanía universitaria, se refirió a la formación del Consejo Superior que incluye representantes del gobierno del turno, señalando que esta medida no respeta el principio de autonomía en las instituciones.

La senadora universitaria explicó que la generación de conocimiento y la formación de profesionales, no puede depender de las presiones religiosas, económicas ni políticas. “Las universidades estatales somos instituciones sin dueño porque venimos a cumplir una tarea que trasciende la coyuntura”.

“Por más que las indicaciones del Ministerio de Educación amplíen los representantes de las comunidades universitarias y las atribuciones de este consejo, sigue emulando las juntas directivas impuestas por la dictadura. Lo cierto es que las atribuciones que otorga a los gobiernos pasan por el principio de autonomía”, sostuvo.

En tanto, sobre las condiciones laborales de los trabajadores de las universidades, comentó que es importante que no cambie su relación contractual, ya que si dejan de ser considerados empleados públicos y pasan a regirse por el código del trabajo, podrían experimentar una forma acelerada de precarización laboral.

Finalmente se refirió al avance de la reforma en el Congreso, indicando que aunque se haya aprobado la idea de legislar la reflexión y discusión que han desarrollado las comunidades durante las últimas semanas debe continuar. “Tenemos que entender que esto está cruzado con el proyecto de ley sobre educación superior, con la creación del ministerio de ciencia y tecnología y con el otorgamiento de becas”.