El Decreto Supremo 866 presentado por el Gobierno, denominado por sus detractores como “decreto espía”, parece tener los días contados. Esto, debido a la falta de respaldo que ha tenido la medida desde todos los sectores políticos.

La iniciativa emanada desde el Ministerio del Interior, liderada por el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, implica que las compañías de telecomunicaciones deben almacenar por dos años una serie de datos de los usuarios, tales como la identidad, número telefónico, geolocalización, además de los antecedentes administrativos y financieros. Esto también contempla que la Policía de Investigaciones puede solicitar la mencionada información a los proveedores de servicio, ampliando la legislación actual que limita a un año el resguardo tan sólo de direcciones IP, por el plazo de un año, con la posibilidad de que el Ministerio Público acceda previo a la autorización de un juez.

Pero al parecer Interior no calculó los apoyos que necesitaba el decreto para salir adelante. Durante los últimos días han sido varias las visitas a Contraloría para presentar argumentos en contra de la implementación de la medida. El candidato a diputado, Francisco Figueroa, fue desde el Frente Amplio, Alejandro Navarro por País, y como pocas veces ocurre, los senadores Felipe Harboe (PPD) y Hernán Larraín (UDI) en conjunto también hicieron su presentación frente al órgano contralor.

No solamente políticos han manifestado la idea de frenar el decreto, incluso la ONU este lunes, en el contexto de la postulación de Chile al Human Rights Council, consultó sobre el tema. Además, mediante una carta al director del diario El Mercurio, el Consejo para la Transparencia también manifestó su rechazo. El texto señala que “considerando que el Ejecutivo lidera la modificación a la Ley de Proyección de Datos Personales, este tipo de decisiones se debiese dar en el contexto de dicha discusión legislativa y siguiendo los principios rectores recogidos en su propio proyecto de ley”, esto aludiendo a que existe una moción actualmente en el Senado que busca legislar en la materia.

El senador Felipe Harboe, presidente de la Comisión de Constitución, respaldó la carta enviada por el Consejo para la Transparencia, criticando la vía tomada por el Ejecutivo para instalar la medida: “No es aceptable que el Gobierno pretenda ampliar el tiempo de registro de datos personales tan importantes como son los de las comunicaciones, que están amparadas por la garantía constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones. Es el legislador el llamado a esto, la Constitución establece que la limitación este tipo de hechos se debe hacer por ley, y no existe ley que así lo avale”, señaló.

Este martes habrá instancias decidoras en este rechazo. En la Cámara de Diputados, un grupo de parlamentarios del Frente Amplio y la Nueva Mayoría, presentarán un proyecto de acuerdo llamando al Gobierno a bajar el denominado “decreto espía”.

El diputado de Revolución Democrática, Giogio Jackson es uno de los patrocinadores de la avanzada construida en conjunto con la ONG ‘Derechos Digitales’. El parlamentario expresó que las condiciones perjudiciales de la idea del Ejecutivo motivó a que distintos sectores se unieran: “Esta medida atenta contra la legalidad vigente y derechos fundamentales en torno a la privacidad de las personas. Por esto concurrimos distintos parlamentarios para exigirle a la presidenta que saque ese decreto de la toma de razón de Contraloría para que no vea la luz”, expresó.

En el Senado también se darán movimientos al respecto. La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones espera la visita del ministro del Interior, Mario Fernández, para escuchar sus argumentos respecto de la implementación del ‘decreto espía’.

Fuera un descuido o hecho adrede, resulta extraño que el Gobierno decretara esta medida tomando en cuenta el masivo rechazo político y social. Según fuentes interesadas en la materia, esto respondería a facilitar el trabajo de investigaciones, tras la experiencia del bombazo en Escuela Militar durante 2014.