El pasado 11 de septiembre la presidenta Michelle Bachelet encabezó su última conmemoración del Golpe de Estado de 1973 como máxima autoridad del país. Si bien omitió cualquier pronunciamiento a un eventual cierre del penal Punta Peuco que alberga a violadores de derechos humanos, algo que había generado expectativa durante los últimos meses en diversos sectores, la mandataria anunció “el levantamiento del secreto de la comisión Valech I” generando diversas reacciones. Con ello, la presidenta anunciaba que daría discusión inmediata al proyecto relativo a los archivos de la Comisión Valech I y su secreto de 50 años establecido durante el gobierno de Ricardo Lagos en 2004, el que fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado durante este miércoles.

Pese a lo rimbombante que sonaron las palabras de Bachelet, su anuncio no muestra novedad alguna respecto del tema de fondo. La iniciativa que se encuentra en trámite desde 2016, presentada por el diputado Hugo Gutiérrez en compañía con otros parlamentarios, no busca levantar el secreto de los testimonios entregados por ex presos políticos, sino que permite que un juez acceda a información específica a su discreción.

Tal como publicó nuestro medio hace algunas semanas, desde que concluyó la Comisión Valech I en 2004, hasta hoy han existido constantes intentos por mantener el secreto, el que fue negociado en un principio por el ya mencionado Ricardo Lagos, pero además con el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, hoy procesado como autor de torturas y cómplice de la muerte de 15 personas en dictadura. También estuvieron los ministros de Defensa de la época, Mario Fernández (actualmente ministro del Interior) y luego Michelle Bachelet, hoy las dos máximas autoridades del Gobierno.

La verdad completa sobre los casos de tortura en nuestro país, entre esto los nombres de los torturadores  indicados por las víctimas, no verán la luz pública. Este hecho molesta a distintas organizaciones de derechos humanos, sobre todo ex presos políticos que han insistido en que a ellos nunca se les señaló al momento de declarar a la Comisión Valech que los antecedentes serían secretos.

Patricio Rivera, presidente del Movimiento Autónomo de ex Presos Políticos, aseguró que es muy poco probable que dentro de las organizaciones existan personas que avalen el secreto: “Creo que son muy pocas las víctimas que podrían decidir guardar el secreto. Dentro de mi organización no hay nadie que quiera guardar el secreto, ni siquiera mujeres y hombres que fueron abusados sexualmente. Es una farsa que no se condice con lo que sucede en la realidad”, expresó.

Recientemente, en conversación con nuestro medio, el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, avaló esta tesis. El parlamentario ha sido testigo en primera persona de los esfuerzos de poner candado a la verdad con el argumento de las víctimas que quieren que los hechos sean secretos: “Lo que se buscó por parte del ex presidente Lagos en su oportunidad, era justamente dar impunidad a los violadores a los Derechos Humanos por delitos de tortura, porque también es mentira que alguna persona haya declarado o presentado en alguna parte diciendo que no quiere que su testimonio sea levantado, que hoy esté reclamando su intimidad y que no se dé a conocer, y nosotros citamos a estas personas, porque a través de un correo, supuestamente era un grupo, sin embargo no asistió ninguna, era un engaño, una mentira, alguien había enviado un correo manifestando que se oponían”, afirmó el parlamentario.

Por su parte, Gloria Elgueta integrante de la Mesa de Trabajo del Espacio de Memoria Londres 38, apuntó a lo limitado de esta iniciativa ya que implica la liberación del secreto sólo a petición de los tribunales de justicia, pero mantiene restricciones al acceso público a dicha información, que es de interés para toda la población, no sólo para el Poder Judicial. “Esta información no sólo puede ser de interés para los Tribunales de Justicia, sino que también tiene gran relevancia para la investigación histórica, para la investigación periodística y para el conocimiento del conjunto de la sociedad sobre lo que ocurrió en nuestro país”, señaló.

En entrevista con el programa Semáforo de nuestra emisora, el abogado y ex integrante de la Comisión Valech, Luciano Fouillioux, se mostró contrario a la idea de que los datos sean públicos, argumentando que no se puede pasar a llevar a las víctimas, además aseguró que los datos en secreto no guarda información relevante para las investigaciones de violaciones de Derechos Humanos.

“Habría que creer que en esas carpetas existe mucha información, pero no existe mucha información respecto de los torturadores ¿Sabe por qué? Porque nosotros en la Comisión no estábamos facultados para realizar trabajos jurisdiccionales, sino que sólo trabajos de recopilación, calificación y propuestas de reparación. El trabajo jurisdiccional es de tribunales, no de la Comisión”, aseguró

Lo que ignora Foullioux en su opinión es la postura de organismos internacionales respecto del tema, como también lo hacen parlamentarios y Gobierno por estos días.

La jurisprudencia internacional dice que la verdad en estos casos pertenece tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó en 2002, en el marco del caso “Bámaca Velásquez”, que “la sociedad tiene el derecho a saber la verdad relacionada con los crímenes para prevenirlos en el futuro”.

Incluso, el mencionado organismo internacional ha emplazado directamente a nuestro país respecto del secreto de la Comisión Valech I. Esto en el contexto del caso de doce integrantes de la Fuerza Aérea que fueron torturados tras el Golpe de Estado, recibiendo una respuesta negativa del presente Ejecutivo, a través del abogado Jorge Correa Sutil.

Recordemos que antes de la actual iniciativa, existió otra moción presentada por Hugo Gutiérrez que planteaba levantar el secreto de la Comisión a todo el público. Sin embargo, esta fue rechazada en 2016, incluso con votos en contra de distintos partidos de la Nueva Mayoría. Es por ello que el diputado Comunista presentó un nuevo proyecto, menos ambicioso, esperando con ello sumar a los sectores dentro del propio oficialismo que no apoyaron en la votación su moción pasada. Es en este marco que se reconoce que el avance en cuanto a verdad -en el proyecto en cuestión- es limitado. Según diversas organizaciones de derechos humanos, la iniciativa corresponde a un avance leve,  un levantamiento a medias, porque, acusan,  aún hay sectores que se empeñan en mantener el secreto.