Este miércoles y sólo horas después de que fuera despachado por el Senado, la Cámara de Diputados rechazó ratificar el proyecto de ley de Nueva Educación Pública.

La iniciativa era la tardía respuesta a la demanda por desmunicipalizar la educación primaria y secundaria, levantada por el movimiento estudiantil de 2006 y su recordada “Revolución Pinguina”. También, constituía una parte clave de la gran reforma a la educación comprometida por Michelle Bachelet durante su campaña.

Este martes, y a dos años de iniciada su tramitación, el proyecto fue aprobado por el pleno del Senado. El Gobierno, apurado por el escaso tiempo legislativo que resta al mandato de Bachelet, decidió que su ratificación por la Cámara de Diputados fuera sólo horas después, lo que terminó con el duro rechazo y con la necesidad de enviar el proyecto a comisión mixta.

El rechazo se produjo no sólo por la oposición, sino que también por los parlamentarios del bloque oficialista. Formalmente, el proyecto habría sido rechazado porque los parlamentarios habrían alegado que el tiempo que disponían para evaluar las enmiendas al proyecto era insuficiente. En este sentido, y según declaró el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, existirían varios puntos que “se pueden perfeccionar en una comisión mixta”.

Por su parte, y desde la DC, la diputada Yasna Provoste declaró que existen profundas diferencias entre el proyecto aprobado por la comisión de educación de la Cámara y el que surgió fruto del acuerdo entre el Gobierno y la Derecha en el Senado.

Los puntos críticos

En teoría, el proyecto de desmunicipalización crearía un nuevo sistema de educación pública, acabando con los municipios como intermediarios, a través de instituciones descentralizadas y de dependencia estatal directa, los Servicios Locales de Educación SLE. Sin embargo, y según han manifestado distintos parlamentarios de la Nueva Mayoría, las indicaciones realizadas al proyecto en el Senado, “desnaturalizarían” el espíritu del proyecto original.

En este sentido, algunos de los puntos críticos que serán sometidos a evaluación por la comisión mixta son los plazos transitorios entre los traslados de titularidad de los colegios (el plazo aumentó de 6 a 8 años, con la implementación de 11 SLE los tres primeros años y 59 en los cinco siguientes).

También se revisará la creación de una comisión de expertos que evaluará la primera fase del proyecto con el fin de ratificar el trabajo realizado o sugerir cambios a discrecionalidad presidencial.

En términos de atribuciones, mientras que los diputados apostaron por otorgar una amplia gama de poderes a las SLE, los cambios del Senado incluyen dotar de mayores facultades a los directores de los establecimientos.

Por otro lado, mientras la Cámara Baja apostó por un aumento de los fondos basales como mecanismo de financiamiento, el Senado retiró esta indicación del proyecto.

Además de estos cuatro puntos, hay uno que ha resultado particularmente conflictivo: si es que todos, o sólo algunos establecimientos, pasarán a manos de la administración directa del estado.

El innegable parecido

Originalmente cuando se concibió el proyecto, se contempló que todos los colegios pasarían a ser parte de la administración directa del Estado. Este principio, clave y central en la reforma, fue modificado en el Senado, donde se estableció la posibilidad de que, cumpliendo ciertas condiciones, los municipios pudiesen aplazar su entrada al nuevo sistema.

En este sentido, los municipios que tengan sobre un 60 por ciento de sus colegios en los primeros dos niveles de calidad; que registren retención estudiantil; que carezcan de deudas previsionales con sus trabajadores en los últimos 24 meses; y que gocen de un déficit en su presupuesto de educación inferior al 5 por ciento, podrían postergar su ingreso al nuevo sistema.

En entrevista con el programa Semáforo de nuestra emisora, el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, Víctor Orellana, afirmó que “El Gobierno está haciendo todo el esfuerzo posible para transformar la idea de la desmunicipalización en el proyecto que propuso Harald Beyer en 2011. Ese fue un proyecto que no alteraba la relación subsidiaria que tiene el estado con la educación y por lo tanto más bien se centraba en problemas de gestión”.

El investigador explicó que en ese momento el argumento de Beyer era que si habían municipios que lo hacían bien ¿para qué le iban a quitar las escuelas? En este sentido el ex ministro de Educación de Sebastián Piñera, habría afirmado que sólo había que desmunicipalizar aquellas escuelas que funcionaran mal, lo que en su momento fue rechazado y criticado por distintos actores sociales.

Además, Orellana se detuvo en la incongruencia que significa levantar un proyecto de educación pública que “no altera la concepción fundamental de la educación pública, es decir, que sigue manteniendo como su principal fuente de recursos, un financiamiento competitivo al estudiante. Con este proyecto, así como está, seguimos en el mundo de Jaime Guzmán y Harald Beyer”, declaró.

Por su parte el diputado del Partido Radical y futuro integrante de la comisión mixta, Alberto Robles, se mostró de acuerdo con la tesis de las modificaciones inaceptables realizadas por el Senado.

En este sentido afirmó que esta situación de que los alcaldes puedan posponer la entrada de sus escuelas al Servicio Local de una provincia o región, le parece “inaceptable porque por esa vía los alcaldes pueden mantener todavía ese status quo que queremos eliminar”.

Además, el parlamentario dijo haberse “sorprendido muchisimo que esto se hubiera aprobado en el Senado porque tiene estas semejanzas con el proyecto de Beyer, en tanto que permite que los alcaldes o algunas comunas decidan no incorporarse al sistema para, por ejemplo, mantener a sus operadores políticos dentro del sistema educacional y no preocuparse de la educación”.

Para la próxima semana se espera que el proyecto sea discutido en la Comisión Mixta. Los diputados Manuel Monsalve (PS), Alberto Robles (PRSD), Jaime Bellolio (UDI), Germán Becker (RN) y Yasna Provoste (DC) fueron los designados para integrar la comisión. Durante los próximos días el Senado debería pronunciarse respecto a quiénes también se sumarán a la instancia.