Este viernes se desarrolló la audiencia de revisión de las medidas cautelares de los cuatro comuneros mapuches acusados de la quema de una iglesia evangélica en la comuna de Padre las Casas, región de La Araucanía.

A mitad de semana, el gobierno había pedido a la justicia revisar los antecedentes de los inculpados que prolongan una huelga de hambre desde hace 115 días, en protesta por la Ley Antiterrorista bajo la que están siendo juzgados.

Alfredo Tralcal, Ariel Trangol, Benito Trangol y Pablo Trangol reclaman la ausencia de un juicio bajo la ley penal vigente y no con las herramientas permitidas cuando un delito se supone terrorista, lo que dota a las policías de atribuciones tales como el uso de testigos encubiertos y prisión preventiva como medida cautelar.

Sin embargo, la petición fue rechazada por el juez de Garantía Mauricio Torres, quien ratificó la mantención de la prisión para los cuatro hombres.

A través de la ministra vocera, Paula Narváez, las autoridades lamentaron la decisión, toda vez que esto complica el diálogo para que se termine con el prolongado ayuno y que hoy tienen en estado de extrema gravedad a Benito, uno de los acusados.

La secretaria de Estado aseguró que “al hacer esta solicitud, se estaba poniendo, por sobre todo, nuestra preocupación por preservar la integridad física de los huelguistas”, esto en paralelo a la reunión que el subsecretario Aleuy mantiene con su par argentina Patricia Bullrich, para analizar el presunto tráfico de armas entre los dos países.

Más temprano, en La Moneda, un grupo de familiares de los huelguistas se reunió con la Jefa de Gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte y el ministro Mario Fernández.

En la instancia, los comuneros plantearon la necesidad de que el Gobierno y en especial Michelle Bachelet les entreguen una solución para poner fin al deteriorado estado de salud de los detenidos.

Además, confirmaron que esperan reunirse con el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetch, con el fin de exponer los elementos del juicio justo con el que quieren que se trate a sus familiares.

“El Estado y el Gobierno de turno deberían hacer frente a esta demanda del pueblo mapuche y dejar de judicializar y criminalizarlo todo. Aquí no hay terroristas, hay demandas que deben ser respondidas por el poder político”, subrayó el abogado de Benito Trangol, criticando la mantención de la prisión preventiva como medida cautelar.