Chile es uno de los países que llegó más tarde en América Latina a la aprobación de una ley de cuotas que impulse la participación de mujeres en política. Argentina, por ejemplo, la aprobó en 1991, más de veinte años después de lo que ocurrió en 2015 en suelo nacional, cuando, a partir de la reforma al sistema binominal, se incluyó una iniciativa que va en esta línea.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Elizabeth Guerrero, asesora en Género y Gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas (PNUD), explicó que “dado lo tardío de esta ley nos permitió aprender de otras experiencias. Nuestra legislación tiene una sanción fuerte; si los partidos no cumplen con este criterio de paridad, no pueden inscribir su lista”. Contrario a esto es el caso de Brasil, donde no ocurre nada si es que las organizaciones no cumplen con la disposición.

Para Chile esto era importante ya que, acorde a las palabras de Guerrero, “transversalmente los partidos, tanto de izquierda como de derecha, han llevado bajos números de candidatas. Algunos llevan más al nivel local pero luego pocas al nivel parlamentario o viceversa. No hay una práctica de igualdad y en la búsqueda que haya mayor equilibrio”.

“Efectivamente la idea es avanzar en tener más candidatas mujeres al parlamento, y lo que esperamos es que con el tiempo eso vaya transformando la visión de los partidos políticos, pero entendemos que en ésta, la primera vez que se aplica, todavía hay muchos temas que revisar y no va a significar un cambio automático en los partidos”, expresó.

Respecto al comportamiento de las colectividades, Guerrero afirmó que desde el PNUD los visitaron para preguntar por qué no llevaban candidatas al parlamento. La respuesta que les daban no se condecía con la estadística que se podía manejar en cifras de estas mismas organizaciones.

“Hay una discriminación de los partidos hacia las mujeres. Lo que nosotras manteníamos permanente era que si había tan pocas mujeres electas era porque había pocas mujeres candidatas, y esto último era porque los partidos no las querían nominar. Cuando fuimos a entrevistar a dirigentes, la respuesta era que no había mujeres, pero cuando uno mira los registros, resulta que hay un 50% de militantes mujeres, algunas llegan al 60%, pero ellos insistían en que no había mujeres para nominar”, enfatizó.

Otro problema podría ser la importancia que se les da a las candidatas dentro de las listas parlamentarias; y más cuestionable para esta ley podría resultar el financiamiento hacia las mismas mujeres. Por ejemplo, dentro de los diez candidatos con más aportes anónimos o públicos en el Servicio Electoral, no hay ninguna candidata.

De todas formas, Elizabeth Guerrero valoró una regulación así para nuestro sistema político. El cambio es el que urge, indicó, puesto que en la actualidad, este 15,8% de parlamentarias nos posiciona al mismo nivel de países de corte fundamentalista.

“Este es un país tremendamente conservador y machista. Tiene rasgos progresistas en algunos ámbitos, y da una ilusión de igualdad permanente porque las mujeres sí tenemos acceso a la educación –hoy entran más mujeres que hombres a la universidad, por ejemplo–, tenemos libertades que en otros países quizás no hay, pero a la hora de mirar datos y cifras, encontramos que hay varios ámbitos donde estamos fuertemente rezagados. En términos de mujeres en el Parlamento estamos igual que los  países árabes”, terminó.