Es curioso que en Chile discutamos sobre las políticas públicas como si no estuvieran conectadas entre sí, como si la mayoría de ellas no se cruzaran al aplicarse sobre los habitantes del país. Y, debido a la radicalización de la migración desde el campo, que no tengamos en consideración que su espacio territorial natural de aplicación son nuestras ciudades, donde vive la gran mayoría de la población.

Es ahí donde la política automotriz se entrelaza con la construcción de líneas del Metro, con el Transantiago, con los planes reguladores, con las obras públicas, con la construcción de viviendas, con la contaminación del aire, con la disposición de la basura y muchas otras.

Pero se nos olvida y la ciudad entonces se vuelve invisible, como si apenas fuera un dibujo escenográfico. No es problematizada políticamente, con los consiguientes efectos sobre la calidad de vida de las personas.

Esto, sin embargo, ha ido cambiando en los últimos años. Organizaciones de pobladores, de usuarios del transporte público, grupos comunales y barriales están exigiendo que se escuchen sus demandas que, en el fondo, piden mejor calidad de vida. Pero el Estado, que desconoce que esto tan importante se juega en la ciudad, carece de respuestas coherentes y termina siendo ejecutor de arbitrariedades.

Estas situaciones nos hacen reparar en el carácter político de la segregación, un fenómeno característico de las principales ciudades de América Latina, que a su vez es una de las regiones más desiguales del planeta. Podemos decir entonces que la desigualdad se expresa materialmente en la ciudad. “Ello, junto a otras causas y tendencias, lleva al surgimiento de lo que Sassen (2001) ha denominado ciudades duales, donde convive la urbe cosmopolita y globalizada con su contraparte pobre, marginal y criminalizada, cada una segregada de la otra” (Dammert y Oviedo).

De este modo, dos habitantes en la misma ciudad pueden llegar a tener experiencias de vida completamente distintas. El recién llegado arquero argentino de Colo-Colo, Agustín Orión, dijo hace pocas semanas a una radio argentina que “Santiago es una ciudad muy tranquila y organizada. Tienen un estilo de vida parecido a Estados Unidos, copian mucho el modelo americano” ¿Estarán de acuerdo con su jugador los miles de colocolinos de Puente Alto que se demoran cada día una o dos horas en llegar a sus trabajos o en volver casa?

La ciudad de Orión es la misma donde se ubica la zona de sacrificio de Til Til, un lugar que solía ser apaciblemente rural y que, sin saber por qué, empezó a llenarse de tranques de relave, chancherías y vertederos. Sus habitantes no se enteraron de lo que ocurrió en el intertanto: nadie detuvo el crecimiento de Santiago, el cambio de uso de suelo hizo que la ciudad se acercara y, comparativamente y por estar el margen, su suelo se volvió más barato.

La des-organización territorial entregada al mercado es cruel: las personas que viven en suelos más baratos importan menos, mientras las que ostentan el poder del dinero nunca padecerán su propio Freirina.

Hasta el verde está mal distribuido. El proyecto Ciudad con Todos que lidera el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, presentó hace pocos meses el informe de la Mesa de Áreas Verdes. Sus conclusiones mostraron la desigualdad que existe en Santiago: Puente Alto (1,5), El Bosque (1,9) y Cerro Navia (2,1) son las comunas que presentan menor cantidad de áreas verdes accesibles por habitante, en contraste brutal con Vitacura (7,4), Independencia (5,9) y Las Condes (5,6). El promedio mentiroso podría dejarnos tranquilos: en la capital hay 3,7 metros cuadrados de áreas verdes accesibles por persona.

Esta realidad se consolidó al mismo tiempo que las transformaciones estructurales neoliberales de la dictadura, durante la década del 80 del siglo pasado. El traslado de sectores populares desde el centro a la periferia de la ciudad fue una verdadera expulsión: los pobres quedaron fuera porque el tamaño de su bolsillo no era digno del suelo que pisaban. Así fueron arrojados a lugares donde no se concibieron áreas verdes, canchas de fútbol, transporte, salud ni educación de calidad. Mientras otros, los que sí vivirían bien, quedaron convenientemente lejos. El aumento sustantivo del precio del suelo ha dirigido la política de Vivienda, que construye viviendas sociales en los lugares donde la calidad de vida es una quimera. Como consecuencia, el sueño de la casa propia suele transformarse en pesadilla.

Peor aún: cada mejora en la calidad de vida amenaza con nuevas expulsiones. ¿Qué pasará con los barrios tradicionales de Pedro Aguirre Cerda ahora que en pocos días llegará el Metro? Esos vecinos que se conocen hace décadas y que sonríen porque ahora la estación les queda a la vuelta ¿seguirán viéndose en cinco años? ¿Sus patios seguirán ahí o se transformarán en estacionamientos de edificios o, peor aún, de nuevos ghettos verticales?

Este tipo de preguntas, que hoy se traducen en luchas de organizaciones en distintas ciudades de nuestro país, desafían a la transformación radical en las políticas urbanas. Pero ello requiere de un coraje político igual o superior al que quienes hoy enfrentan a las AFP, porque las actuales ciudades de Chile han sido dibujadas por el poder del dinero. No hay peor desigualdad que la de la calidad de vida, aunque no pensemos en ello.