Familiares de comuneros denuncian ante la Corte Suprema irregularidades en Operación Huracán

La reunión fue solicitada anterior al fallo del Máximo Tribunal que decretó la libertad de los imputados. De todas maneras, aprovecharon de expresar la preocupación en torno a los procedimientos realizados por Carabineros de Chile además de la violencia ejercida en los allanamientos.

La reunión fue solicitada anterior al fallo del Máximo Tribunal que decretó la libertad de los imputados. De todas maneras, aprovecharon de expresar la preocupación en torno a los procedimientos realizados por Carabineros de Chile además de la violencia ejercida en los allanamientos.

Este lunes los familiares de los imputados en la Operación Huracán volvieron a visitar el Palacio de Tribunales, después de poco más de dos semanas del fallo de la Corte Suprema que revocó la prisión preventiva en contra de los acusados. Esta vez el objetivo fue concretar una reunión con Hugo Dolmestch, presidente de la máxima instancia del Poder Judicial.

Si bien en diversos medios de comunicación se especuló sobre la posibilidad de la asistencia del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, la cita sólo involucraba a familiares de los perseguidos y respondía a una solicitud realizada por ellos días antes de la decisión de la Suprema de acoger el recurso de amparo que dio libertad a los detenidos.

En la ocasión, los recurrentes tuvieron la oportunidad de plantear de manera personal a Dolmestch la serie de reparos que tienen en torno al caso, tanto en términos probatorios como en la forma en que se realizaron los procedimientos.

De manera improvisada fue Ilwen Hernández, esposa del machi Fidel Tranamil, uno de los imputados en el caso, la que realizó una vocería donde detalló sobre lo expuesto ante el presidente de la Corte Suprema.

“Hoy se están ocupando herramientas de la dictadura, como son la Ley Antiterrorista y la ANI, que es la posterioridad de la CNI. Si antes la CNI buscaba criminalizar y reprimir al enemigo interno que era la gente que buscaba la democracia, hoy el enemigo interno somos los mapuches”, dijo.

Además, Hernández insistió en la tesis de que Huracán responde realmente a una operación política, por lo que era importante entregar los antecedentes a Dolmestch, para que estuviera en conocimiento de las consecuencias de estos procedimientos policiales.

“La Operación Huracán fue un montaje para deslegitimar la causa mapuche y el discurso de recuperación de tierras, pero aquí hay personas que son académicas, que tienen un trabajo estable, que son un aporte para la sociedad y que han sufrido los atropellos, la amedrentación, la violencia, el robo de enceres en sus casas, algo que no se está tomando en cuenta del trabajo de las policías”, señaló.

Por su parte, Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, indicó que también plantearon los hechos de violencia vividos durante los allanamientos, siendo ella misma una de las que fue golpeada por personal de Carabineros de Chile.

Tras la cita, Pezoa manifestó que el grupo de familiares quedó satisfecho con la posibilidad de haber expresado las posturas a Dolmestch, lo que permite que ahora tenga mayor conocimiento respecto de lo que acontece en La Araucanía y el Bío Bío.

“El presidente de la Corte Suprema estuvo atento a todos nuestro planteamientos, creo que ahora va a tener una visión mayor de lo que ha sido esta Operación Huracán. Nosotros le dimos cuenta de las irregularidades y le entregamos documentación de las actividades que realizan nuestros familiares tanto como estudiantes, profesionales, trabajadores, comuneros mapuches y autoridades del pueblo mapuche, como es el caso del machi Fidel Tranamil”, señaló.

Actualmente los acusados de la Operación Huracán se encuentran en libertad y la mayoría retomó sus actividades normales, relativas al mundo académico y laboral, a excepción de algunos que tras ser detenidos perdieron su fuente de trabajo.

En tanto el Ministerio Público continúa en medio de los cuatro meses de investigación que concluirán en enero, período en que buscan encontrar nuevas pruebas para acreditar los delitos que se le imputan a los ocho perseguidos penalmente.





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