*Este artículo fue publicado originalmente en The New York Times en su edición del día lunes 30 de octubre.

SANTIAGO – Un caluroso día de comienzos del año 2000, una mujer y dos hombres ingresaron a la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos, en la orilla sur de Santiago.

Llevaban bolsas con películas de microfilme arrancadas de sus cartuchos. En silencio comenzaron a desenrollar las cintas y arrojarlas a un horno encendido. Repitieron la rutina hasta que no quedó nada.

Eran decenas de miles de imágenes de documentos: los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990): la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), responsables de la mayoría de los crímenes durante su régimen.

Con el retorno a la democracia y la disolución de la CNI en 1990, sus agentes, bienes y archivos pasaron a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE. Los cartuchos de microfilme quedaron bajo la custodia de su Departamento de Contrainteligencia, en una bóveda especialmente climatizada en el subterráneo. Allí permanecieron durante una década, mientras el Ejército negaba su existencia ante el requerimiento de jueces o detectives que investigaban causas de derechos humanos.

En 2015, citados a declarar ante la justicia en la causa por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva en 1982, algunos oficiales y empleados civiles del Ejército comenzaron a revelar lo sucedido ese verano de 2000 en los hornos de Nos. The New York Times tuvo acceso a estas declaraciones, enterradas en los sesenta tomos del expediente Frei.

Por muchos años se especuló que el director de la DINA, el general Manuel Contreras —fallecido en 2015—, había hecho copias de la documentación y la había enviado fuera del país o la había guardado en alguna otra parte en Chile. Las Fuerzas Armadas siempre han alegado que no tenían información porque había sido quemada, legalmente, antes de que Pinochet abandonara el poder. Al disolverse en 1977, la DINA traspasó sus bienes y la mayoría de sus agentes a la CNI. Exagentes de la CNI han dicho a la justicia que recibieron los archivos de la DINA y procedieron a microfilmarlos.

Varios testigos coinciden en que cada rollo de microfilme contenía unas 2500 imágenes. Sin embargo, según Surrey, cada cartucho de microfilme podía guardar ‘fácilmente hasta 10.000 documentos, dependiendo de su tamaño o grado de reducción’.

La CNI contrató a la subsidiaria en Chile de la empresa multinacional Kodak, una de las tres compañías que ofrecía servicios de microfilmación en el país. Kodak Chile tenía el monopolio de la cartera CNI y, paradójicamente, también de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, la principal organización de defensa de los derechos humanos durante la dictadura.

Kodak les vendió equipos de microfilmación e insumos, hizo la mantención y reparación de los equipos, capacitó a los agentes sobre cómo usarlos y les dio charlas sobre cómo resguardar la información. Según el exejecutivo de ventas de Kodak Chile a cargo de ambas carteras, Willy Surrey, los equipos que tenía la CNI eran de alta velocidad, capaces de procesar grandes volúmenes de documentos y permitían búsquedas automáticas. Comenzaron a microfilmar en 1977.

La quema de los microfilmes a inicios de 2000 se produjo antes del regreso a Chile del exdictador desde Londres, donde llevaba más de un año bajo arresto domiciliario a la espera de un procedimiento de extradición a España. CreditReuters

“Nunca vi los documentos originales que microfilmaban”, aseguró Surrey en una entrevista telefónica. “Cuando hacíamos capacitación, usaban fotocopias de los documentos donde tachaban en negro los nombres u otra información sensible”.

Entre los documentos que Surrey recuerda que la CNI microfilmaba había carpetas con fichas de personas, cédulas de identidad, fotografías, planos y recortes de diarios. Cada carpeta correspondía a una persona o hecho de relevancia, dijo.

El suboficial Raúl Otárola, del departamento de Microfilm de la División de Informática de la CNI, atestiguó que luego de la microfilmación los originales en papel eran devueltos a sus unidades para su destrucción.

Cuando llegó a ese departamento en 1983, agregó, escuchó de parte del empleado civil Juan Crisóstomo, encargado de codificar la documentación, que años antes el exdirector de la DINA había retirado los “únicos tres rollos de microfilmación relativos al caso de Orlando Letelier”, el excanciller chileno asesinado en un atentado con auto bomba en Washington en 1976. Otárola no aceptó una solicitud para entrevista.

En una conversación telefónica, Crisóstomo negó haber dicho eso y aseguró que lo único que se microfilmaba en la CNI eran archivos administrativos. “No tengo idea de qué pasó con la información de inteligencia o de operaciones”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones judiciales, a fines de 1999 el director de inteligencia del Ejército, el general Eduardo Jara, le ordenó a la entonces jefa de la sección Archivo del Departamento de Contrainteligencia de la DINE, la mayor Mercedes Rojas, revisar los microfilmes por si contenían información relacionada con derechos humanos.

Meses antes, en agosto, el gobierno había convocado a una mesa de diálogo con las Fuerzas Armadas para ver la manera en que entregaran información sobre el destino de los desaparecidos. Los resultados de la mesa, que se prolongó durante diez meses, fueron un fiasco, pero dentro del Ejército ya sonaban las alarmas.

Rojas dijo haber pasado un par de horas al día durante dos meses mirando los aproximadamente cincuenta rollos. El material era irrelevante, estaba ocupando espacio en la bóveda y no servía para nada, le informó a su superior.

Jara le instruyó, verbalmente, incinerarlo todo. Fue entonces que Rojas pidió ayuda a dos de sus subalternos, el suboficial Luis Zúñiga y el cabo Osvaldo Ramírez. Les ordenó sacar los rollos de celuloide de sus cartuchos y meterlos en bolsas, y los tres partieron a Nos. Fue escogido ese lugar en las afueras de la capital, señaló Ramírez al tribunal, “más que nada para no contaminar el aire de Santiago”.

Rojas dijo que no quedaron duplicados y según Ramírez también se quemaron las copias de seguridad. Tampoco se dejó acta de incineración.

Varios testigos de la CNI y la DINE interrogados por la justicia coinciden en que cada rollo de microfilme contenía unas 2500 imágenes. Sin embargo, según Surrey, cada cartucho de microfilme podía guardar “fácilmente hasta 10.000 documentos, dependiendo de su tamaño o grado de reducción”.

Jara, el exdirector de inteligencia —quien rechazó una entrevista—, declaró ante la justicia que rindió cuenta del hecho al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Patricio Chacón. No se ha podido confirmar desde dónde provino la orden de destruir los rollos de microfilme y, más allá de su responsabilidad de mando, cuál fue el grado de participación del entonces comandante en jefe del Ejército, ya fallecido, general Ricardo Izurieta, sucesor de Pinochet.

La quema a inicios de 2000 se produjo a las puertas del regreso a Chile del exdictador desde Londres, donde llevaba más de un año bajo arresto domiciliario a la espera del procedimiento de extradición solicitado por la Audiencia Nacional de España. En ese lapso, en Chile se habían acumulado más de 300 querellas criminales en su contra.

Tal vez lo único que quedaría de los archivos de la represión, además de lo que, hipotéticamente, se habrían llevado algunos oficiales a la casa, son las fichas resumen de cada expediente que era microfilmado.

Según explicó a la justicia el coronel retirado Ricardo Yáñez, exjefe del Departamento de Computación de la CNI, antes de que las carpetas fueran microfilmadas se elaboraban fichas resúmenes digitalizadas de sus contenidos. Estas fichas se guardaban en un “computador central” antes de que los expedientes fueran microfilmados. Al menos hasta 1987, cuando Yáñez dejó la CNI, dijo, las fichas resúmenes aún estaban en ese computador central, cuyo destino se desconoce.

“Sería extraordinario contar con esos documentos porque podríamos aclarar el destino de los cerca de mil detenidos-desaparecidos y resolver muchos crímenes”, afirma Luis Henríquez, exjefe de inteligencia de la Policía de Investigaciones y jefe de primer equipo de investigación de la policía en causas de derechos humanos. “Pero, lamentablemente, por lo mismo creo que los destruyeron”.