En una decisión dividida el pleno del máximo tribunal resolvió ratificar el desafuero solicitado por el Ministerio Público en contra del senador de la UDI Iván Moreira, en el marco de las investigaciones que se llevan en el llamado Caso Penta.

Esta mañana se llevaron a cabo los alegatos de la defensa y los querellantes del parlamentario gremialista en la Corte Suprema, sobre la petición de la Fiscalía la cual imputa al senador la emisión de boletas ideológicamente falsas por casi 39 millones de pesos al holding de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

Recordemos que el 3 de julio pasado, fue la Corte de Apelaciones de Santiago la que acogió la petición de desafuero realizada por el Ministerio Público en contra del senador Moreira, situación que lo motivó a pedir que el Tribunal Constitucional ya que, a su juicio, la Constitución no contemplaría que sea la Corte Suprema la que revise este tipo de desafueros.

Sin embargo, hoy fue efectivamente el máximo tribunal el que revisó el caso, y desde la defensa del militante de la UDI se argumentó que se está en presencia de una persecución de parte de la Fiscalía hacia su representado, y que los dineros solicitados a Penta fueron estrictamente para gasto electoral, tal como lo señaló su abogado Gabriel Zaliásnik.

“No es precisamente a través del meandro tributario, del ilícito tributario que el Ministerio Público ha pretendido ejercer un magisterio doctrinal y moral respecto del financiamiento de la política en un estado de derecho y no los tribunales de justicia”, se preguntó el defensor de Moreira.

La Fiscalía refutó esta tesis de la defensa, asegurando que Moreira tenía plena conciencia de que las boletas que emitió a Penta posibilitaban la ejecución de un delito tributario por lo que pidieron que se mantuviera a firme el desafuero ya decretado por el tribunal de alzada.

Misma tesis enarboló el abogado del SII, Manuel Navarrete -recordemos que el organismo se querelló por delito tributario en contra de Moreira tres días antes de que se levar a cabo la formalización de cargos en su contra-, quien aseguró que es inverosímil que el senador no supiera que estaba cometiendo una ilegalidad, toda vez que él participó de la redacción de la ley que pena estas prácticas.

“Estamos en presencia de una persona que no es culaquier persona, es un senador de la República y que además participó justamente cuando se creó este tipo penal. Entonces es posible pensar racionalmente que alguien que tiene esos conocimientos, que además como ha dicho el Ministerio Público en su giro tenía asesorías financieras, conocía de distintos elementos que cuando el señor (Hugo) Bravo, como relató la Fiscalía le dice ‘la condición para entregar el dinero es la boleta'”

Con esta decisión del máximo tribunal, ahora el senador de la UDI deberá encarar un proceso judicial por financiamiento irregular de la política, sin el fuero parlamentario.