Crecen cuestionamientos a blindaje político a Bruno Villalobos

La decisión de los diputados de eximir de responsabilidades al actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos, por el millonario fraude en la institución, fue cuestionada por la ex subsecretaria de Carabineros, Carol Bown. Mientras que para la analista Lucia Dammert el problema no termina con remover a alguien de su cargo.

La decisión de los diputados de eximir de responsabilidades al actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos, por el millonario fraude en la institución, fue cuestionada por la ex subsecretaria de Carabineros, Carol Bown. Mientras que para la analista Lucia Dammert el problema no termina con remover a alguien de su cargo.

Más allá de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público para determinar responsabilidades penales en el fraude de Carabineros, desde el ámbito político, la Cámara de Diputados deberá votar próximamente el informe emitido este martes por la Comisión que investigó el millonario desfalco.

Si bien no hubo consenso entre los parlamentarios, finalmente por mayoría decidieron eximir de responsabilidades políticas y administrativas al actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos, apuntando a que el principal responsable es el ex director de finanzas, el general en retiro Flavio Echeverría.

Sobre este tema, la doctora en ciencias políticas, Lucia Dammert, comentó que si bien existen responsabilidades funcionarias dentro de Carabineros, el problema no termina con remover un cargo. Desde su perspectiva, también deben existir responsabilidades dentro del mundo político, ya que “las instituciones no se dirigen solas. Si bien tiene que haber responsabilidades del general Villalobos y del alto mando en su totalidad, debe existir una mirada al interior del Ministerio del Interior”.

“Acá el tema principal es cual va a ser el rol del Gobierno sobre la institución policial. Si nosotros cambiamos a todos los generales pero seguimos con prácticas que son de no gobierno de la institución el problema no cambiará. También es cierto de descabezar a Carabineros puede ser una muy mala idea, sin tener un plan de mediano plazo”, agregó.

Por su parte el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, dijo que no conoce con exactitud el contenido del informe de la Comisión, por lo que no se referirá a las sanciones que debiesen ser aplicadas para los altos mandos de Carabineros.

Sin embargo, advirtió que tanto en este fraude como en los que han cometido con anterioridad las Fuerzas Armadas existe una responsabilidad en quienes no aplicaron los mecanismos necesarios para evitar que esto ocurriera.

“Claramente hay una responsabilidad institucional, porque no hay controles internos que sean fuertes o que permitan evitar este tipo de acciones. Pareciera que toda la institucionalidad es bastante flexible y laxa respecto a procedimientos internos de fiscalización. Además, estamos en un momento en el que al menos las Fuerzas Armadas han aumentado su presupuesto de manera muy elevada, por lo que claramente podrían existir riesgos de corrupción”, comentó.

Carol Bown, ex subsecretaria de Carabineros, señaló que el fraude demuestra que existen procedimientos y controles de gestión que están fallando en la policía uniformada, sobre los que precisamente serían responsables los altos mandos.

A su juicio, a pesar que los directores generales no estén directamente involucrados en la malversación de fondos, deberían asumir responsabilidades políticas por estar al mando de la institución.

“Me parece cuestionable que el general Villalobos siga al mando y que la presidenta Bachelet no haya tomado medidas más drásticas sobre este tema. No estoy diciendo que él sea responsable directamente, sino que se trata de un tema de señales políticas. El mensaje para la ciudadanía no queda claro, a pesar de que se esté formalizando a los involucrados. Pareciera que no están tomando todas las medidas necesarias”, expresó.

Uno de los parlamentarios que criticó duramente el informe final de la Comisión fue el socialista Leonardo Soto, quien una vez finalizada la instancia reprochó tanto la inamovilidad de los cargos en Carabineros como en las Fuerzas Armadas por el caso “Milicogate”.

A su juicio existe un “trato tenue y complaciente de no meterse con estas instituciones y la democracia no ha sido lo suficientemente enérgica para mantener sanciones a los responsables por omisión o por acción”.





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