“La institucionalidad en su conjunto ha permitido darle legalidad al despojo de tierras que sufre el pueblo mapuche”, así lo cree el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman, quien se refirió al despojo que sufrió la señora Yolanda Melihuen de sus terrenos donde se emplazaba el templo incendiado en el llamado Caso Iglesias.

De acuerdo a la información exclusiva de Radio y Diario Universidad de Chile, Manuel Fuentealba arrendó el terreno de Yolanda Melihuen por 99 años, renovables por otros 99, con un pago único de 200 mil pesos. Dicho terreno luego se utilizó para construir el templo evangélico que fue quemado en 2016, delito por el cual hay cuatro comuneros en prisión preventiva.

En conversación con nuestra emisora, Aucan Huilcaman aseguró que este es un caso ejemplar de lo que ha sido el despojo de tierras a las comunidades mapuche en el pasado reciente y criticó como la ley ha amparado esta práctica “la institucionalidad en su conjunto ha permitido darle legalidad al despojo del territorio mapuche. El principio de igualdad no existe para nosotros”, señaló.

Huilcaman detalló que esta es una práctica generalizada y que se puede ver en las ventas que se han hecho de terrenos en la zona bajo el concepto de “loteos” donde se cambia la calificación de la tierra para que no tenga el nombre de mapuche.

En esa línea criticó el rol que han jugado los notarios en este conflicto “ellos han sido la mejor figura institucional para materializar el despojo de tierras. Hay que entender que muchas personas que viven en la Araucanía como notarios o jueces viven en tierras mapuche que fueron adquiridas de manera irregular”, sentenció.

Durante este lunes el werken del Consejo de Todas las Tierras acudió a la Intendencia de la Araucanía para pedir que la autoridad regional tome medidas en este caso. Junto con ello,  solicitó una audiencia con la Presidenta Michelle Bachelet: “fuimos a dejar dos notas, una dirigida a la Presidenta en donde le pedimos una audiencia para la señora Yolanda. Paralelamente le pedimos a la intendenta de la Araucanía que interponga acciones civiles y penales en contra del pastor”.

En caso que las autoridades no tomen ninguna acción, el dirigente mapuche señaló que “prácticamente estarían confirmando que el Estado de Derecho no es para los mapuches, el Estado de Derecho es para otro sector lo que ratificaría un abierto acto de racismo y discriminación absoluto”.

En tanto, la dueña de las tierras, Yolanda Melihuen, se manifestó confiada en que a partir de la visibilidad que ha adquirido su caso, así como las acciones presentadas se logre invalidar el contrato: “tendrá que pasar algo bueno, ya pasó todo lo malo con toda esta gente aquí. Tiene que darse, no sé cómo pero yo pienso que tiene que darse, no pueden seguir negándose”.