Los abogados del Partido Comunista, Eduardo Contreras, Marcelo Tapia y Julia Urquieta, enviaron un documento al Ministro Mario Carroza para solicitar el procesamiento del médico Sergio Draper Juliet y la enfermera María Elena Araneda Aguilera por la muerte del poeta Pablo Neruda.
La petición emana luego de que el pasado 20 de octubre se diera a conocer un informe, elaborado por un grupo de 15 peritos extranjeros, que desmintió el certificado de defunción de Premio Nobel de Literatura que aseguraba que el poeta falleció producto de un cáncer a la próstata.
“Este documento concluye que Neruda no estaba en estado terminal, por lo tanto, de cáncer, aunque estuviese enfermo, no podía morir. Además, establece que no se brindaron los cuidados necesarios para haber evitado su muerte. Esto es concluyente, ya que de acuerdo a la ley chilena hay dos delitos: uno de asociación ilícita y un homicidio por omisión”, explica el jurista Eduardo Contreras.
En este sentido, los argumentos planteados en el escrito aseguran que:
a) El Certificado de defunción de Neruda es falso de falsedad absoluta. Del expediente consta que el profesional que expidió tal documento no constató personalmente su fallecimiento; es más no se encontraba siquiera en la clínica.
b) La víctima nunca jamás sufrió de caquexia. No hubo caquexia alguna y de consiguiente esa no fue la causa de su muerte. Lo que reitera que el certificado de defunción es falso absolutamente.
c) Por unanimidad los peritos concluyeron que la víctima no se encontraba en estado terminal, no estaba en riesgo inminente de fallecimiento al momento de su ingreso a la Clínica.
d) Está acreditada la ausencia de cuidados a un paciente que, efectivamente, padecía de cáncer aunque no estuviera en estado terminal.
e) Es decir que mientras no se produzca una recalificación de los hechos que abra paso a una nueva tipificación de las conductas de los autores, debe tenerse en cuenta que ya ha quedado definitivamente demostrado que, a lo menos, le dejaron morir sin prestar los auxilios necesarios.
Según Contreras, en las declaraciones de ambos profesionales de la salud hay contradicciones “brutales”. En esta línea, afirmó que “han pasado los años y se han acumulado tal cantidad de pruebas que nos es imposible no someter a proceso a los culpables”.
“Hay cosas que la gente no conoce, porque el doctor Draper inventó un personaje. Él fue médico en el Hospital Militar, tuvo altas calificaciones en entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas culpables del Golpe de Estado. Pero él declaró, que estuvo con Neruda hasta el instante de su muerte, pero cuando se inició el proceso cambió de opinión y dijo que, preocupado por el toque de queda, se fue y dejó a Neruda al cuidado de un tal doctor Price, pero con la investigación se llegó a una conclusión tajante: el doctor Price no existió. No hubo ningún médico de nacionalidad chilena que existiera con ese apellido. Además, se buscó prolijamente en los archivos de la policía internacional y se verificó que nunca llegó un médico extranjero con ese nombre. Por lo tanto, esta aparición es un invento de Draper”, dijo Contreras.
El abogado también explicó que la Clínica Santa María fue intervenida durante la dictadura. Además, señaló que los médicos implicados en este caso son los mismos que estuvieron comprometidos en la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva. “Los personajes son los mismos; la clínica, la misma. También es el mismo cuarto piso. Es decir, este no es un país ingenuo y creo que no procesar a los responsables de la muerte de Neruda constituye un error histórico”.
Para que el Ministro Carroza dicte una resolución sobre la solicitud no existe un plazo determinado. Sin embargo, Eduardo Contreras adelantó que en caso de que la respuesta sea negativa, el Partido Comunista apelará a la Corte de Apelaciones.
