Este viernes se debía revisar en la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de protección presentado por la inmobiliaria Presidente Riesco que buscaba dejar sin efecto el decreto del Ministerio de Educación que protege los últimos vestigios de la Villa San Luis de las Condes.
Con esta acción, dicha población podría perder la condición de Monumento Nacional, por lo que sus vecinos han librado una lucha para que esta medida no se concrete.
Sin embargo, debido a la sustitución de uno de los abogados, el recurso se verá dentro de los próximos días.
En el escrito presentado por la inmobiliaria se alegaban varias cosas. En primer lugar, que la declaratoria de monumento nacional, afecta el “Derecho a la propiedad”. Además, se acusa al Consejo de Monumentos nacionales de haber actuado de manera irregular y discriminatoria.
El dirigente del Comité en Defensa de la Villa San Luis, el arquitecto Miguel Lawner, desestimó estas afirmaciones y enfatizó que las únicas vulneraciones fueron las que sufrieron las familias despojadas injustamente de sus propiedades.
“Es paradojal que la inmobiliaria invoque el haber sido vulnerada, en circunstancias que lo único grave que hay en esta situación, es que mil familias chilenas fueron las afectadas”.
Desde la inmobiliaria Presidente Riesco también han cuestionado el valor histórico, arquitectónico y urbanístico de la villa, principalmente en lo referido a los edificios que fueron declarados Monumento Histórico, según aseguran, después de ser demolidos.
Para Miguel Lawner esta apreciación es falsa y acusó a la empresa de iniciar esta demolición de manera ilegal: “Eso es una falsedad absoluta. la inmobiliaria hizo la tentativa de demoler los bloque que se sabía se iban a declarar monumentos nacionales dos días antes en la reunión del Consejo de Monumentos Nacionales a sabiendas de que estaba en tabla esta discusión, inició la demolición ilegalmente y la demolición fue detenida por nosotros al acreditar que no tenían los permisos de demolición”.
Desde el Comité en Defensa de Villa San Luis señalan además que uno de los edificios es recuperable y que en el terreno actualmente protegido debe construirse un sitio de memoria. Proponen que luego de recuperar uno de los edificios, “se construya allí un memorial, un santuario de la integración social que recuerde la violación a los derechos humanos sufrida por los ex pobladores de la villa”.