“Por delitos de lesa humanidad, la justicia en Chile recién comenzó a operar el año 2000”. Así se refirió el abogado Nelson Caucoto, a la reciente condena contra Juan Luzoro Montenegro, 44 años después de ocurridos los hechos.

La Corte Suprema sentenció a veinte años de presidio al ex presidente del sindicato de dueños de camiones de Paine, en calidad de autor de cuatro homicidios calificados durante la dictadura cívico-militar.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el jurista representante de las familias de las víctimas destacó el carácter “histórico” del fallo, ya que es la primera vez que un civil cumplirá pena efectiva de cárcel por causa de Derechos Humanos.

“Si queremos fijar una fecha, la justicia en Chile comienza a operar, a investigar seriamente el año 2000, dos años después de la detención de Pinochet en Londres, que se ha ido reivindicando por esa denegación en periodo de dictadura. Hay fallos que llegan 44 años después, sin que eso provoque asombro en la sociedad chilena, porque ya tenemos asumido que en materia de Derechos Humanos hemos logrado ganar terreno en términos de la imprescriptibilidad de los delitos, que además no pueden ser amnistiados”, afirmó

El abogado Nelson Caucoto agregó que entre la comunidad de Paine se sabía que Juan Luzoro era el jefe de los civiles que se organizaron en torno a la comisaría de esa localidad para ejercer una brutal represión principalmente contra campesinos. Precisó que originalmente eran cinco las personas condenadas por los asesinatos, sin embargo, trascurridos 44 años desde los hechos, sólo una de ellas sigue con vida para cumplir sentencia.

Caucoto además valoró las diligencias realizadas por la ministra en visita Marianela Cifuentes en el caso ocurrido en Colipeumo y en otros capítulos sucedidos en esa zona rural, donde al menos 70 personas fueron asesinadas por civiles y uniformados durante la dictadura.

“Los tribunales están cumpliendo su tarea, tal vez silenciosamente. Todos los días hay avances, sentencias en temas que conciernen delitos de lesa humanidad y esto tiene que ver con la memoria histórica. Los países se construyen bajo esos preceptos. Estamos condenados a la nada si olvidamos lo que pasó y si nos somos capaces de enfrentarnos a la realidad de lo que vivimos”, argumentó.

Respecto de la condena de Juan Luzoro, el abogado de Derechos Humanos indicó que la Ministra Marianela Cifuentes logró establecer que varios civiles, dueños de tierras y vehículos comenzaron a colaborar activamente en la represión que siguió al Golpe de Estado, con el transporte de personal y de detenidos.

El jurista precisó que en el expediente se clarificó que una de las comitivas que trasladó a las víctimas al sector de Colipeumo estaba conformada por personal de Carabineros y civiles, entre ellos el ex dirigente condenado, todos al mando del sargento Manuel Antonio Reyes, ex jefe del Retén Hospital.

En la investigación se determinó que todas las víctimas eran campesinos del asentamiento “Paula Jaraquemada”, y fueron ejecutadas por militares y civiles, quienes arremetieron con brutalidad como venganza por las ocupaciones de sus predios.